MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL VOX PARA SU DEBATE Y VOTACIÓN EN EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

El 11 de diciembre de 1987, Zaragoza sufrió uno de los episodios más crueles de la historia del terrorismo de ETA. Un coche bomba colocado junto a la Casa Cuartel de la Guardia Civil de la avenida de Cataluña acabó con la vida de once personas, seis de ellas niños, y dejó decenas de heridos.

Aquellos niños no tenían ninguna responsabilidad. No eran objetivos militares ni políticos. Eran hijos de guardias civiles que vivían con sus familias en la Casa Cuartel. Fueron asesinados mientras dormían, víctimas de una violencia terrorista que nunca puede encontrar justificación ni contexto que la convierta en algo distinto de lo que fue: un crimen contra personas inocentes y contra la democracia española.

Treinta y nueve años después, Zaragoza no olvida. Y las instituciones tampoco pueden olvidar. La memoria de quienes fueron asesinados exige que sus nombres, sus historias y el sufrimiento de sus familias permanezcan presentes frente a cualquier intento de blanquear o relativizar el terrorismo de ETA.

Entre los responsables de aquella campaña terrorista estuvo Henri Parot, el terrorista condenado a 4.800 años de prisión que cuenta con el mayor número de asesinatos en la historia de ETA, con 89 muertos y 80 heridos, y entre ellos los mencionados específicamente por su participación en el atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza. Y en septiembre de 2026 se ha conocido la concesión de su tercer grado penitenciario, que le permitirá cumplir la condena en régimen de semilibertad y concedido a algu ien que jamás ha mostrado públicamente un arrepentimiento por sus crímenes ni una ruptura con el entorno de ETA.

Este hecho vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que afecta directamente a Zaragoza y, especialmente, a las familias de aquellas víctimas: qué mensaje transmiten las instituciones cuando un terrorista condenado por participar en el asesinato de seis niños puede avanzar hacia un régimen de semilibertad.

El Ayuntamiento de Zaragoza debe ser claro: la reinserción es un principio constitucional, pero no puede convertirse en olvido ni indiferencia ante las víctimas; ni la política penitenciaria nunca puede estar sometida a intereses partidistas.

Por ello, resulta necesario denunciar cualquier utilización de la política penitenciaria como moneda de cambio para alcanzar acuerdos o mayorías parlamentarias. Ningún Gobierno, ninguna mayoría y ningún acuerdo politice pueden construirse a costa de la memoria y la dignidad de quienes fueron asesinados por ETA.

La sociedad española derrotó al terrorismo mediante la democracia, el Estado de Derecho, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Justicia. No lo derrotó negociando con sus verdugos ni convirtiendo sus reivindicaciones en legitimidad política. Zaragoza tiene una obligación especial de memoria. Porque aquí ETA asesinó a once personas. Porque aquí fueron asesinados seis niños. Y porque, mientras sus familias siguen recordándolos, las instituciones democráticas tienen el deber de decir con absoluta claridad que ningún interés político puede estar por encima de la dignidad de las víctimas del terrorismo.

Zaragoza no olvida. Zaragoza recuerda. Y Zaragoza no acepta que la memoria de sus víctimas sea utilizada como moneda de cambio.

Por todo ello, el grupo municipal Vox formula la siguiente:

MOCIÓN

PRIMERO. Manifestar el reconocimiento, respeto y homenaje permanente del Ayuntamiento de Zaragoza a las once personas asesinadas en el atentado de la Casa Cuartel de la Guardia Civil de la avenida de Cataluña, el 11 de diciembre de 1987, con especial recuerdo a los seis menores de edad asesinados, y expresar su solidaridad con todas las víctimas y sus familias.

SEGUNDO. Condenar cualquier forma de blanqueamiento, justificación, legitimación o relativización de la violencia terrorista de ETA, así como cualquier intento de presentar como presos políticos a quienes fueron condenados por asesinatos y otros delitos cometidos en el marco de la actividad terrorista.

TERCERO. Manifestar el rechazo político de este Ayuntamiento a cualquier decisión o política penitenciaria que pueda transmitir a las víctimas y a la sociedad española la percepción de que el reconocimiento del daño causado y la dignidad de quienes fueron asesinados ocupan un lugar secundario frente a otros intereses políticos, tal y como ha sido la concesión del tercer grado al criminal Henri Parot.

CUARTO. Reclamar al Gobierno de España que la polftica penitenciaria se desarrolle exclusivamente conforme a criterios legales, penitenciarios y de interés general, y que no sea utilizada como moneda de cambio, contraprestación o instrumento de negociación para la obtención de apoyos parlamentarios, con independencia de la fuerza política que participe en dichos acuerdos, así como la ruptura de cualquier pacto con partidos que no condenen expresamente el terrorismo de ETA o que incluyan en su sus listas electorales a condenados por delitos de terrorismo.

QUINTO. Instar al Gobierno de España y al Gobierno Vasco, en el ámbito de sus respectivas competencias, a garantizar la máxima transparencia sobre las decisiones relativas a la clasificación, régimen abierto, permisos y tratamiento de condenados por delitos de terrorismo, y a que se tenga especialmente presente la situación de las víctimas, su derecho a la verdad, a la memoria, a la dignidad y a la justicia.

SEXTO. Reafirmar el compromiso del Ayuntamiento de Zaragoza con la memoria de las víctimas del terrorismo y con los principios de Verdad, Memoria, Dignidad y Justici a, y trasladar esta declaración al Gobierno de España, al Gobierno de Aragón, al Gobierno Vasco, a las asociaciones representativas de las víctimas del terrorismo y a los familiares de las víctimas del atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza.