Si la inquietud intelectual femenina a lo largo de los siglos es ya incuestionable aunque se haya pretendido negar o silenciar, todavía hay que situar en los contextos históricos y sociales la realidad de que los sistemas políticos y culturales tradicionalmente y de cualquier signo han mantenido alejada la presencia femenina de todos aquellos entornos donde pudiera desarrollarse, como las universidades, ya que se le ha tenido asignada una función forzada por su naturaleza de mujer.
Con la incorporación de la mujer a trabajos como mano de obra socialmente admitidos y económicamente necesarios para la recuperación del país y el inicio de la industrialización, la especialización profesional podía ser una alternativa igualmente válida para las mujeres, pero con el acceso cerrado a las universidades, también esas necesidades de equiparación y profesionalización de estudios al mismo nivel que los hombres estaban truncadas.
Aunque en el siglo XIX algunas mujeres empezaban a admitirse en sociedades educativas de menor nivel, directamente las mujeres estaban excluidas de cualquier ordenación universitaria porque era todavía impensable en la mentalidad española de la época que quisieran o se planteasen ninguna intención de estudios superiores o más allá de los reservados a su condición femenina orientados al hogar y la familia. Todavía en 1860 la legislación española de universidades no necesita prohibir expresamente la presencia femenina porque 'se sobreentiende' (ver el artículo El acceso de las mujeres a la investigación matemática en España, 1868-1936. Elena Ausejo, 2010 en Matematicalia.Educación1/7 -www.matematicalia.net), ya que resulta obvio que las mujeres permanecen ajenas a las carreras universitarias y por tanto a las posibilidades profesionales de su especialización.
Cuando en 1868 las mujeres quisieron aprovechar ese 'vacío legal' dentro de una normativa que las excluía incluso de una prohibición explícita, se intentó en un contexto político más favorable como el llamado Sexenio Democrático (1868-1874) empezar a normalizar su asistencia a la Universidad, lo que hizo aflorar las contradicciones y los miedos estructurales, en la discusión planteada sobre la conveniencia de permitir que las mujeres estudiaran los mismos estudios que los hombres accediendo igual que ellos a matrícula, asistencia, derecho a examen, título oficial y habilitación para el ejercicio profesional de sus titulaciones. Es significativo y símbolo de todo a lo que las mujeres de la época tenían por delante recordar el caso de Dolores Closas Morera, la primera mujer matriculada en una Facultad de Ciencias, en Barcelona, en el año 1886, que en 1887 vio anulada su matrícula. Aunque había superado los exámenes, su matrícula fue recurrida y se prefirió una interpretación restrictiva de las normativas correspondientes. Todo apunta a entender la anulación de su matrícula como un escarmiento (cit. Elena Ausejo) y sobre todo una advertencia para otras muchas mujeres que siguiendo el ejemplo de Dolores habían iniciado sus solicitudes de matriculación. Y en efecto, logró el resultado pretendido ya que hasta 1895 no hubo otra solicitud. Sin embargo, lo ocurrido sirvió para regular de hecho el posible acceso femenino a la universidad estableciendo el Decreto de junio de 1888, por el que se exigía a las mujeres el permiso expreso de la autoridad para su ingreso.
A pesar de estas circunstancias y aunque en el último tercio del siglo XIX se produce una cierta incursión de mujeres a estudios superiores sobre todo de Filosofía y Letras, ya que sus destinos profesionales eran aún los únicos permitidos para ellas, no será hasta el siglo XX cuando se puede empezar a hablar la incorporación de mujeres a los estudios en las Facultades de Ciencias, en virtud del plan de estudios promovido por el recién creado Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes en 1900, que regulaba los estudios universitarios de Ciencias experimentales con independencia docente, pasando a ser cuatro secciones: Exactas, Físicas, Químicas y Naturales. La única Facultad completa era la de Madrid, que además era la única con potestad para cursar los doctorados.
A partir de los conocidos Decretos de 1910 concediendo libre acceso a las mujeres a los estudios superiores y su profesionalización pudiendo ejercer las titulaciones obtenidas, las mujeres iniciarían un camino ya sin retorno ya decididas a optar a profesiones superiores y por tanto a su emancipación a través de sus titulaciones universitarias. Un camino que como sabemos se vio interrumpido por la Guerra civil y posguerra españolas, hasta prácticamente los años 70. En las dos primeras décadas del siglo XX aunque la incorporación de mujeres a las universidades fue paulatino, hay que destacar que muchas de ellas optaron por los estudios de Ciencias en un porcentaje muy alto. Detrás de la elección siempre había un diseño de acceso a una actividad social y profesional, en muchos casos alentado por la existencia en las familias de precedentes masculinos dedicados ya a una actividad profesional científica, sobre todo en el caso de las carreras de Medicina, Farmacia y Química, que iban a facilitar a las jóvenes licenciadas su incorporación a los ámbitos profesionales.
También para los estudios jurídicos de las mujeres fue determinante la fecha de 1910. Antes de esa fecha tan sólo fueron cinco mujeres desde la primera que se matriculó en Barcelona en 1877 las que iniciaron estudios de Derecho, pero además ninguna de ellas se había licenciado en esa carrera. La incorporación de mujeres a los estudios jurídicos suponía su paso a la participación en la construcción y reforma de las estructuras sociales y políticas, un ámbito tradicional y exclusivamente masculino, y por ello sin duda fueron todavía más excluidas y no tuvieron acceso hasta el siglo XX. Además era la carrera que abría las puertas a la vida política (Mercedes Montero, 2016. Las carreras profesionales de las primeras universitarias españolas, 1910-1936) , y las españolas no tuvieron derecho al voto hasta 1931. Aunque empezaron a incorporarse a final de la década de los 20, las que decidieron cursar Derecho lo hicieron a un ritmo muy lento, y durante mucho tiempo no pasaron de ser apenas el 1% de las matriculaciones en dichos estudios.
Hasta 1928 las carreras de Derecho y Filosofía y Letras compartían cursos comunes preparatorios y la mayor parte de las estudiantes optaban por seguir el trayecto de Filosofía y Letras pues les facilitaba el acceso a la docencia, una de las pocas profesiones aceptadas social y culturalmente para una mujer. La proyección laboral era indudablemente, como en la actualidad, una clara motivación para emprender determinados estudios, y las mujeres no tuvieron abiertas las profesiones jurídicas en realidad hasta finales del siglo XX, y por ello a pesar de brillantes expedientes académicos en los estudios de leyes, fue muy tardía la dedicación femenina al ejercicio jurídico. Aún así, las primeras que lograron ejercer lo hicieron en la abogacía, ya que sólo mucho más tarde pudieron acceder a oposiciones del resto de profesiones jurídicas, como notarías, judicaturas, registros de la propiedad o abogados del estado, desempeños que poco a poco el empuje femenino logró también conquistar.
A lo largo de los años 30 las mujeres eran todavía minoría entre los estudiantes de Ciencias experimentales pero estaba quedando de profundo manifiesto la capacidad y el talento femenino también para las carreras científicas, si se comprueba la lista de premios extraordinarios y expedientes sobresalientes que realizaron muchísimas de ellas. (Esto, en contraposición de los argumentos excluyentes contra las mujeres que las conceptualizaban como inferiores mentalmente y más cercanas a una naturaleza primaria o animal -Carmen Magallón, 2011- sosteniendo los prejuicios sociales contra ellas).
Brillantes investigadoras, licenciadas, docentes y estudiantes participaron en la llamada Edad de Plata de las Ciencias españolas, la etapa iniciada con el siglo XX hasta la Guerra civil española, donde se produjo el intento de modernización y europeización cultural y científica de España, a raíz de la protección específica otorgada a la cultura y las ciencias, con la creación de la Junta de Ampliación de Estudios en 1907 como recuperación del espíritu de la añorada Institución Libre de Enseñanza y con naturaleza de Universidad independiente, ya que estaba financiada por el Estado pero al margen y sin las obligaciones de las universidades del resto del país (Francisco González Redondo, 2020). Desde la JAE la intelectualidad liberal española quiso llevar a cabo el objetivo de modernizar y hacer converger a España con Europa en materia cultural y científica, formando nuevas generaciones de científicos, pensadores y artistas que también tendrían formación en Europa gracias al programa de la JAE de becas y pensiones en el extranjero para estudiantes españoles, y gracias al cual mujeres de indiscutible talento demostrado en sus carreras pudieron ampliar estudios en universidades de Europa y América realizando aportaciones determinantes en campos de la innovación científica. Tras la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) el nuevo gobierno republicano reorganizó las instituciones dependientes de la JAE formando en 1931 la Fundación Nacional para Investigaciones Científicas y Ensayos de Reformas que fomentaría y tutelaría laboratorios químicos en distintas universidades así como la apertura del Laboratorio de Hematología en Zaragoza, entre otros. En 1932 fue creado el Instituto Nacional de Física y Química con la financiación de la Fundación Rockefeller, que suponía la materialización del proyecto de europeización de la investigación científica española. A la vez se producía un innegable avance hacia la igualdad de las posibilidades formativas de las mujeres con respecto a los hombres favorecido por la apertura de instituciones como la Residencia de Señoritas en Madrid, y el Primer Laboratorio de Química (Laboratorio Foster) para estudiantes mujeres.
A partir de la segunda década del siglo XX español, las mujeres ejercieron especialidades médicas como ginecología, pediatría u oftalmología y se incorporaron a profesiones mediante oposiciones como funcionarias para ejercer como archiveras y bibliotecarias y a la docencia en institutos. En los años 30 comenzaron el ejercicio profesional del derecho y la política (Mercedes Montero, 2016), y accedieron a la investigación científica. La mayoría eran alumnas con expedientes muy brillantes, y aunque siempre figuraban en puestos de becarias y colaboradoras, es innegable que de haberse seguido la progresión natural de la formación femenina, no hubieran tardado en alcanzar exponencialmente los puestos de responsabilidad. Nuevamente ha de hacerse referencia al estallido de la Guerra Civil para ser conscientes del parón que supuso la contienda para el desarrollo de la sociedad española y en particular para la incorporación de las mujeres a más posibilidades profesionales en igualdad con sus compañeros varones. Si no pudo parar completamente la decisión femenina de alcanzar la formación y capacitación universitarias para el ejercicio profesional de altas miras, sí hizo retroceder los contenidos formativos y los accesos para ellas al punto de casi deshacer todo lo que se había logrado en cincuenta años.
Hay que esperar casi al final del siglo XX para el pleno acceso de las mujeres a todas las ramas científicas del saber, y al siglo XXI para su definitiva incorporación al ejercicio profesional de sus estudios. Muchas de las mujeres que hoy están en la plenitud de logros decisivos para las sociedades de hoy, han nacido en el último tercio del siglo pasado y están todavía desarrollando una labor que con el tiempo se verá en perspectiva y también fundamental. En pocos años han vuelto a demostrar que las zancadas femeninas no tienen límites y han vuelto a superar paréntesis y retrocesos. Ello no hubiera sido posible sin la labor previa de todas las mujeres que afrontando condicionantes de las épocas que les tocó vivir, siguieron adelante y empujaron puertas y circunstancias para labrar, diseñar y abrir caminos que facilitarían los destinos de las mujeres de hoy.