Los tribunales respaldan por partida doble el rigor jurídico y la gestión urbanística del Ayuntamiento de Zaragoza

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El Ayuntamiento de Zaragoza ha sumado un doble respaldo judicial que confirma la solvencia de sus servicios técnicos y jurídicos, así como el acierto de las decisiones adoptadas por el Gobierno municipal en materia de planificación urbana. "Dos autos judiciales sobre medidas cautelares notificados esta mañana, dictados respectivamente por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) y por la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Zaragoza, ratifican la solidez de los informes municipales y consolidan el buen balance jurídico del Consistorio en la defensa del interés general de la ciudad", ha detallado el consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, quien ha dado cuenta de los dos autos judiciales.

ZONAS H
En la primera de las resoluciones, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA ha desestimado en su totalidad la petición de medidas cautelares impulsada por diversos sindicatos, partidos políticos y asociaciones vecinales y ecologistas, quienes pretendían suspender de forma urgente la Modificación Aislada TR24/18 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobada por el Pleno municipal. Frente a la postura de los demandantes, que reducían el alcance de esta reforma a un intento de regularizar usos comerciales concretos, el alto tribunal aragonés hace suyos los argumentos técnicos del Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística y descarta tanto la urgencia de la paralización como la existencia de cualquier ilegalidad manifiesta en el acuerdo municipal.

Los magistrados destacan expresamente que la reforma promovida por el Ayuntamiento atiende al interés general y despliega sus efectos sobre la totalidad de las zonas industriales H de Zaragoza. Esta actualización normativa resulta clave para modernizar el suelo productivo de la capital aragonesa, ya que permite implantar de manera directa actividades ligadas a procesos tecnológicos avanzados, tales como centros de investigación y diseño, laboratorios, gestión de bases de datos o desarrollo de programas y servicios informáticos. 
De hecho, el propio TSJA advierte en su auto de que frenar esta modificación urbanística causaría un perjuicio general e inmediato a todos los propietarios de suelos industriales de la ciudad, al impedirles poner en marcha estas nuevas actividades tecnológicas.
Asimismo, la Sala subraya el rigor técnico del documento actual frente a etapas anteriores, reconociendo que el Ayuntamiento ha articulado una norma de carácter general sustentada en requisitos objetivos y debidamente motivados.

GASOLINERAS VALDESPARTERA
A este éxito judicial se suma el auto dictado por el Tribunal de Instancia de Zaragoza en relación con la estación de servicio proyectada en la calle Viridiana, en el barrio de Valdespartera. En esta resolución, el magistrado acuerda alzar la suspensión cautelarísima que había ordenado a comienzos de septiembre, al comprobar que el propio Ayuntamiento ya ha paralizado la ejecutividad de las licencias y la continuación de las obras mediante una resolución dictada por el gerente municipal de Urbanismo el pasado 25 de septiembre. 
El juzgado certifica así que la intervención municipal no es una simple declaración de intenciones, sino un acto administrativo firme y con plena fuerza legal que asegura por sí mismo la paralización de los trabajos, haciendo innecesario duplicar dicha protección por la vía judicial.
El pronunciamiento judicial refuerza la actuación garantista y de escucha activa desplegada por el área de Urbanismo, que atendió los escritos de más de 70 vecinos y decidió suspender cautelarmente las licencias de las gasolineras de las calles Viridiana y Manhattan para revisar con total seguridad jurídica el trámite de información pública y su encaje urbanístico. 

Además, el juez respalda la autonomía de la gestión municipal al rechazar las exigencias de la empresa promotora, que pretendía obligar al Consistorio a entregar en este incidente judicial la totalidad de los expedientes de quejas vecinales.
Ambas piezas cautelares concluyen sin imposición de costas procesales para la Administración, reafirmando la seguridad jurídica con la que opera el Ayuntamiento de Zaragoza en todas sus actuaciones.