Contratación Pública

El plazo de ejecución es de 60 días naturales desde el día siguiente a la notificación de la adjudicación, incluyendo en este plazo
el trámite de aprobación del Plan de Seguridad y Salud.
La reducción máxima que se puede ofertar se determina en 20 días. La reducción del plazo se valorará del siguiente modo:
Pi = (20 x ((Pbl - Pl1.i ) / (Pbl - Pl.min)))
Siendo:
- P.i es la puntuación que obtiene la oferta del licitador i-ésimo.
- Pbl es el plazo máximo de ejecución establecido en este pliego (60 días).
- Pl1.i es el plazo de entrega expresado en días realizado por el licitador i-ésimo.
- Pl.min es el plazo mínimo de entrega expresado en meses de todas las ofertas admitidas a la licitación.
Las plicas que oferten 60 días se puntuarán con 0 puntos.
incumplimiento del plazo de ejecución.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, cumplido el plazo ofertado, a contar desde el día siguiente a la formalización del contrato se considerará que es causa de penalización la demora respecto al cumplimiento del plazo de ejecución; el Ayuntamiento podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IVA excluido, el Ayuntamiento estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

Se valorará la Oferta Económica más favorable para la Administración, que será una baja al precio de licitación.
Para la valoración de la oferta económica se aplicará un criterio de proporcionalidad respecto de la oferta más reducida, a la que se atribuirá la puntuación máxima, calculando la ponderación de los demás con arreglo a la siguiente fórmula:

La puntuación obtenida (P) será la resultante de multiplicar el número máximo de puntos (Np), por el valor absoluto (positivo) de la raíz cuadrada del cociente entre la baja correspondiente al licitador que se valora (B) y la mayor baja ofertada (Bmax).
Se ha escogido esta fórmula puesto que cumple con los criterios establecidos por la doctrina del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón. En este sentido otorga 0 puntos a aquellas ofertas que vayan al tipo de licitación y distribuye de manera proporcional los puntos de acuerdo con las bajas ofertadas.