Deseo manifestar mi profunda indignación ante el convenio suscrito por ese Ayuntamiento con el Arzobispado para la atención a mujeres víctimas de violencia machista en parroquias de Zaragoza. Considero que dicho convenio vulnera el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, del que el Ayuntamiento recibe una financiación importante de 227.000 €, ya que este establece la obligación de garantizar una atención integral a las víctimas mediante servicios públicos especializados y prestados por profesionales con formación específica en violencia de género. Resulta inevitable pensar en el malestar y la frustración que esta decisión habrá provocado entre las y los profesionales de los Servicios Sociales Municipales, especialmente cuando desde el gobierno municipal parece restarse importancia a una violencia que ya ha provocado dos asesinatos en lo que llevamos de año y que mantiene a 1.180 mujeres de Zaragoza dentro del sistema VioGen. La indignación es aún mayor al comprobar que ese apoyo externo al sistema público se ha buscado precisamente en una institución profundamente misógina, que excluye a las mujeres de su estructura organizativa, rechaza el divorcio y que históricamente ha actuado como freno a los avances en libertad y derechos de las mujeres. Por todo ello, solicito que se deje sin efecto el convenio firmado con el Arzobispado y que se refuercen los recursos destinados a los Servicios Sociales Municipales, para garantizar una atención adecuada y con todas las garantías a las mujeres víctimas de violencia machista en nuestra ciudad.