La Justicia de Aragón avala la actuación del Ayuntamiento de Zaragoza en el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes

Cuerpo de la noticia

La Justicia de Aragón ha avalado la actuación desarrollada por el Ayuntamiento de Zaragoza para atender a las personas migrantes que requerían de informes de vulnerabilidad y registros de empadronamiento para solicitar la regularización de su situación administrativa a través del procedimiento extraordinario aprobado por el Gobierno de España.

La institución ha acordado archivar la queja presentada el pasado mes de mayo por el Grupo Municipal Socialista tras concluir que "el procedimiento se ha desarrollado dentro de una situación de normalidad", y que no se ha recibido ninguna otra reclamación sobre esta cuestión.

En el escrito remitido al Ayuntamiento, la Justicia de Aragón recuerda que la queja fue presentada en los momentos iniciales del proceso extraordinario de regularización, cuando se produjeron situaciones de aglomeración de personas que esperaban ser atendidas. Este hecho, tal y como refleja la Justicia en su escrito, se produjo "no solo ante el Ayuntamiento de Zaragoza sino de otras administraciones o entidades con competencia en la materia y no sólo en Aragón sino, también, en otros territorios". Asimismo, señala que, tras analizar la situación, la institución ha podido constatar el desarrollo normalizado del procedimiento y la ausencia de nuevas reclamaciones.

La consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, ha destacado que esta resolución confirma lo que el Gobierno municipal advirtió desde el primer momento. "Avisamos ya en febrero de que un proceso de esta magnitud no podía ponerse en marcha sin coordinación con los ayuntamientos ni información suficiente para las administraciones que debíamos atender a los ciudadanos. Lamentablemente, los primeros días estuvieron marcados por el caos, la incertidumbre y la falta de instrucciones claras", ha señalado.

Orós ha recordado que el Ayuntamiento de Zaragoza tuvo que organizar en tiempo récord un dispositivo específico para responder a una demanda extraordinaria de trámites sin haber recibido apoyo, recursos ni directrices por parte del Gobierno de España. "Lejos de bloquear el procedimiento, como se nos acusó injustamente, realizamos un enorme esfuerzo para garantizar la atención a todas las personas que necesitaban realizar estos trámites, pese a la ausencia de coordinación institucional. Los hechos han demostrado que este Ayuntamiento actuó con responsabilidad, profesionalidad y compromiso con los ciudadanos», ha añadido.

El Gobierno municipal insiste en reclamar al Ejecutivo central que se haga cargo de los costes que ha supuesto este procedimiento y reitera la necesidad de que se evalúe el impacto que tendrá en los próximos meses la incorporación de cientos de miles de personas al sistema administrativo y social.

En este sentido, Marian Orós ha reclamado nuevamente una mayor implicación del Gobierno de España en la planificación y financiación de las políticas vinculadas a la atención social y administrativa derivadas de este proceso. «Ahora comienza una nueva fase y es imprescindible conocer cuál será el impacto real sobre los servicios públicos para poder garantizar una atención adecuada y sostenible», ha concluido.