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Como una administración pública muy sensible a la gestión más óptima y defensora del comportamiento ejemplar de sus empleados, el Ayuntamiento de Zaragoza va a poner en marcha una vía interna de denuncias para analizar posibles casos de infracciones normativas, mostrándose así como una institución transparente y defensora de una plantilla garante de las buenas prácticas laborales. 
El Gobierno de Zaragoza ha recibido con interés la propuesta, aprobada a través de una moción plenaria del Grupo Municipal de Vox sobre la apertura de un canal telemático de denuncias y, consciente de la necesidad de asumir a la vez la normativa europea que obliga a ponerlo en marcha, aprueba este martes su creación. El Objetivo es la protección de las personas que, en un contexto laboral o profesional, detecten acciones que puedan ser constitutivas de infracciones o delitos de cualquier calado. Es decir, cuestiones relacionadas con la contratación, prevención del blanqueo de capitales, protección del medio ambiente, salud pública, protección de la privacidad y los datos personales, etc. 
Aunque este nuevo sistema, que está mañana han presentado el concejal de Transformación Digital y Transparencia, Miguel Ángel García Muro y el concejal de Vox Armando Martínez, pretenda vigilar acciones indebidas en el Ayuntamiento de Zaragoza, puede involucrar o ser informado por autónomos, personas que pertenezcan a órganos de gestión e incluso estudiantes en formación. Para hacer llegar al equipo humano que trate estos posibles casos, los usuarios podrán disponer de una dirección de correo electrónico, un teléfono, correo postal, un buzón en la web municipal, además de medios como la videoconferencia e incluso a la presencial. En todo caso, los informantes tienen el derecho de mantener el anonimato y de que no puedan requerirles más información. 

El Ayuntamiento de Zaragoza, una vez recibida la comunicación, está obligado a enviar un acuse de recibo en siete días como máximo y, en otros diez días como máximo, deberá determinarse si se admite o no la queja. 

La instrucción recoge, de manera general, que los responsables del canal interno podrán tomar las medidas necesarias para comprobar la veracidad de los hechos denunciados. Una vez estudiados los hechos, se archivarán, se pondrán en conocimiento de la autoridad competente o el Ministerio Fiscal  o, incluso, se abrirá un procedimiento sancionador. Cabe destacar que el informate recibirá actualizaciones sobre su caso desde que se registre y tendrá que resolverse la situación en un plazo máximo que marca la ley de tres meses desde su conocimiento por parte de la administración. 

Con la aprobación de mañana, este sistema se activará con celeridad, una vez que el Gobierno de Zaragoza ha explorado otros canales de diferentes ayuntamientos españoles y ha perfilado una fórmula propia. Además, dicha herramienta de transparencia y buen gobierno llega con el beneplácito de la representación sindical municipal.