El TSJA deniega las medidas cautelares contra la demolición del antiguo edificio de Correos y avala el proyecto del entorno del Portillo

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La Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha emitido un auto en el que deniega de manera cautelar la paralización de la demolición del antiguo edificio de la Central de Clasificación Postal de Correos en el entorno del Portillo. El tribunal ha desestimado así la medida cautelar solicitada por la asociación APUDEPA, respaldando la postura defendida por el Ayuntamiento de Zaragoza, la Comunidad Autónoma de Aragón y Zaragoza Alta Velocidad. Así lo ha dado a conocer el portavoz del Gobierno municipal, Víctor Serrano, quien ha explicado el el tribunal ha remitido el auto a las partes con fecha 8 de octubre de 2026.
Serrano ha valorado muy positivamente este nuevo respaldo judicial, recordando que "en apenas dos semanas la Justicia ha avalado el rigor y el buen hacer del Ayuntamiento de Zaragoza en dos ocasiones frente a los recursos de APUDEPA, primero con la regeneración del edificio número 12 de la calle Estébanes y ahora con la reordenación del entorno del Portillo". Para Serrano, estas resoluciones consecutivas "demuestran de forma incontestable que los proyectos municipales cuentan con todas las garantías legales, técnicas y urbanísticas, y que el Consistorio actúa siempre priorizando el interés general de los zaragozanos".
En este sentido, Víctor Serrano ha invitado a la reflexión sobre el papel y los tiempos que maneja la asociación recurrente. "La verdadera protección del patrimonio es un valor fundamental que este Gobierno comparte y defiende, pero no puede utilizarse como un subterfugio para intentar frenar sistemáticamente el desarrollo de Zaragoza", ha señalado el portavoz. "Lamentablemente, asistimos a actuaciones y recursos de última hora que parecen enmarcarse más en una estrategia de bloqueo político y en el afán de paralizar el progreso de la ciudad, que en un interés arquitectónico genuino y riguroso".
Finalmente, el consejero ha reiterado el compromiso del equipo de gobierno con la modernización urbana y la seguridad jurídica: "Frente a quienes prefieren una ciudad inmovilizada y anclada en el pasado, nosotros vamos a seguir trabajando sin descanso para desbloquear proyectos históricos que mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos. No vamos a permitir que la instrumentalización de la Justicia por intereses particulares o ideológicos detenga la transformación de Zaragoza, actuando siempre desde el máximo respeto a la legalidad y a nuestro verdadero legado histórico".
El auto judicial resulta contundente al desmontar los argumentos de la asociación recurrente y avalar la continuidad de las obras en esta zona estratégica de la ciudad. En su resolución, el TSJA recoge los informes técnicos que descartan el supuesto valor singular del inmueble. El tribunal destaca la "inexistencia de adscripción al movimiento brutalista", afirmando claramente que "el inmueble no puede ser calificado como perteneciente a dicha corriente arquitectónica". Asimismo, el auto subraya que se trata "más bien de una edificación encuadrable en la arquitectura funcional de su época, con soluciones constructivas y compositivas habituales, sin alcanzar un grado de excepcionalidad". El documento judicial también incide en la "escasa relevancia de su inclusión en registros especializados" y en la evidente "falta de reconocimiento en el ámbito urbanístico y patrimonial municipal".
Uno de los puntos más determinantes del auto a favor de la postura municipal es el reproche del tribunal a la actitud de APUDEPA por solicitar la protección del edificio décadas después de que se conociera su destino. El TSJA recuerda que el edificio quedó en situación de fuera de ordenación en el año 2005 y señala directamente la dejadez de la asociación: "La diligencia del interesado a la hora de pretender la tutela judicial debe ser relevante, y cuando mayor haya sido su desidia, menos razones hay para concederlas". En este sentido, el tribunal es categórico al afirmar que "no siendo razonable dejar pasar veinte años desde que se sabe del destino del edificio para pedir su protección".
"No puede dejarse de tener en cuenta a la hora de decidir que ha habido múltiples posibilidades de plantear esta cuestión con anterioridad, bien recurriendo los diversos instrumentos urbanísticos, bien pidiendo con anterioridad tal protección, cuando desde la MA 12 de 23-12-2005 se sabía que iba a quedar fuera de ordenación y con la demolición prevista", recoge el auto.   Sobre la inacción incluso en los meses más recientes, el TSJA indica: "Es más, desde la aprobación del proyecto, el 3 de septiembre de 2025 (proyecto que era de marzo de 2025), se dejaron pasar más de cuatro meses antes de hacer la solicitud".

DEFENSA DEL INTERÉS GENERAL Y CIUDADANO
Finalmente, el TSJA pondera los intereses en conflicto y da prioridad al interés general de los zaragozanos frente a la paralización de las obras. El auto recuerda que, frente a las pretensiones de la recurrente, "están también los intereses generales de la ciudadanía, que se encuentra con una avenida, Anselmo Clave, afectada de importantes obras que se alargarían varios años".
Además, el tribunal ha tenido en cuenta el enorme perjuicio económico que habría supuesto suspender los trabajos, recogiendo que Zaragoza Alta Velocidad estimaba un coste económico de 1.781.988,06 euros derivado de la paralización, además del impacto sobre la empresa contratada para las obras.
Con este auto, que impone el rechazo a las pretensiones de APUDEPA sin imposición de costas, el Ayuntamiento de Zaragoza reafirma su compromiso con el desarrollo urbanístico del área del Portillo, asegurando que los trabajos de demolición y reordenación continuarán según lo previsto en beneficio de toda la ciudad.