Línea 2. Mejorar la vida de las familias

Mejorar la vida de las familias significa mejorar la vida de los niños, niñas y adolescentes que viven en nuestra ciudad. En esta línea estratégica se recogen todas las actuaciones que, orientadas a las familias como sujetos de derechos, repercuten en la vida de los niños, niñas y adolescentes. Actuaciones municipales, que reflejan la apuesta del Ayuntamiento de Zaragoza por mejorar la vida de la ciudadanía y actuaciones de nueva implantación, que complementan el trabajo realizado por los Servicios Municipales durante los últimos años y permitirán avanzar en el logro de los objetivos estratégicos planteados. Inciden en todos los ámbitos que constituyen el marco de protección de la infancia a través del cuidado en el seno familiar.

Para alcanzar el objetivo de mejorar la vida de las familias debemos avanzar hacia un horizonte de buen vivir. El Buen Vivir implica que las instituciones deben garantizar el acceso equitativo a unas condiciones de vida satisfactorias para toda la ciudadanía, porque no podemos aspirar a aquello que no se pueda universalizar. Apostar por el buen vivir significa también que las necesidades de cuidado deben ser asumidas por el conjunto de la sociedad, es decir, significa fomentar la responsabilidad social en el cuidado de las personas. Cuando hablamos de unas condiciones de vida satisfactorias, hacemos referencia a que existen una serie de necesidades irrenunciables que las personas deben tener cubiertas. Pero es crucial no olvidar que estas necesidades no sólo son materiales y tangibles, sino que también son afectivo-relacionales e intangibles; y que ambos tipos de necesidades van indisolublemente ligados. En el contexto de crisis de reproducción social en el que nos encontramos, corremos el riesgo de enfatizar el acceso a recursos tangibles como vivienda, alimentos, medicinas, transporte, etc., dejando de lado cuestiones más estrechamente relacionadas con la capacidad de establecer relaciones familiares y sociales satisfactorias. Las actuaciones propuestas en el Plan están orientadas a ofrecer oportunidades a las familias tanto para el ejercicio de sus responsabilidades materiales como afectivas y educativas.

En el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño se define a la familia como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros. Pero el bienestar de la infancia no sólo depende del esfuerzo realizado por las familias, sino también de la existencia de políticas públicas que incrementen las oportunidades de las familias con recursos y servicios. Además, la erosión de la familia tradicional genera nuevos riesgos sociales para la infancia que no se pueden abordar si no se reconoce la diversidad actual de las nuevas realidades familiares. Al ser la familia tradicional sujeto de prestaciones sociales, si esto no se considera, puede sancionar a nivel social un modo muy determinado de organizar la vida de las personas.

La ruptura con ese esquema de familia nuclear clásica no suele ir asociada al reconocimiento de derecho, lo que pone en evidencia que la estructura de prestaciones tiene una gran capacidad para favorecer y legitimar unos modelos de convivencia frente a otros, con fuertes sesgos de género, etnia y de clase. Las políticas públicas, al establecer los instrumentos de actuación y las categorías de personas a las que van dirigidas sus acciones, tienen una fuerte incidencia en la organización social y en el bienestar de la infancia. Por eso es tan importante para el bienestar de la infancia que se haga explícito en este Plan el reconocimiento de las nuevas realidades familiares.

En nuestro país se sigue considerando a la familia como una institución central en el suministro de bienestar y protección. Es preciso que las instituciones públicas no den por supuesto que la familia tiene capacidad suficiente para adaptarse a las situaciones cambiantes y adversas, así como asumir la tutela y supervivencia básica de sus miembros. Existe una solidaridad intergeneracional fuerte y, sobre todo, de las mujeres que actúan como principales responsables en el cuidado y asistencia, pero es indispensable aportar recursos y proponer intervenciones públicas para que las familias puedan cumplir sus funciones fundamentales. En muchas ocasiones las familias por sí solas no pueden dar respuesta y cumplir con su función de atender a la infancia debido a la falta de recursos, a situaciones de exclusión o pobreza cronificada, o debido a situaciones de desatención. Por ello, es el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de las actuaciones de este Plan que asume como tarea paliar las situaciones de adversidad de las personas y promover la mejora de las vidas de las familias, como estrategia fundamental para evitar la pobreza infantil.

Sin medidas que logren un mayor grado de equilibrio social, las familias resultan más afectada porque son la primera malla de protección social, y sobre ellas se acumulan mayores cargas y responsabilidades.

Como decíamos previamente, es imprescindible el reconocimiento de las nuevas realidades familiares si queremos que tengan acceso a las prestaciones y servicios derivados de las políticas públicas en igualdad de condiciones. Los nuevos tipos de familias a los que hacemos referencia son los siguientes:

  • Familias adoptivas : permiten la filiación sin vínculo biológico, de tal manera que los nuevos progenitores reemplazan a los anteriores, tanto socialmente como emotivamente.
  • Familias acogedoras: el acogimiento genera un parentesco secundario, sin vínculo de filiación entre el niño o niña y sus tutores, pues el parentesco oficial es el de la familia de origen. Tanto las familias adoptivas como las acogedoras están elaborando nuevos modelos de parentesco que conceden un lugar a la filiación biológica, sin desplazar a la filiación jurídica, afectiva y social. De este modo, los niños y niñas pueden tener varias figuras maternas, como la madre adoptiva y la de nacimiento, al igual que varias figuras paternas.
  • Familias recompuestas o mixtas: se forman a partir de la constitución de nuevas parejas después del divorcio previo de uno o de ambos cónyuges, sin que ello modifique las filiaciones procedentes de los vínculos rotos. La característica común de este modelo de familia es la pluriparentalidad, pues se suman las figuras de los antiguos y los nuevos padres, de los antiguos y nuevos hijos y también la de los hermanos.
  • Familias monoparentales: familias formadas por un adulto con hijos dependientes a su cargo. En caso de ser fruto de un divorcio, el núcleo conyugal deja de existir, pero los vínculos de filiación perduran y la relación entre padres e hijos puede continuar. Se conforma así una red de personas relacionadas por el parentesco que viven en hogares diferentes.
  • Familias homoparentales: familias en las que los progenitores son del mismo sexo. Estas familias no sólo no cuentan con modelos preexistentes, sino que han de vencer también posibles rechazos, estigmas o discriminaciones.
  • Familias de abuelos/as acogedores: es un tipo de familia que se da cuando los abuelos se hacen cargo de los nietos asumiendo el rol de padres y madres. Generalmente se produce por causas forzosas o negativas, como fallecimiento de los progenitores, ausencia o dificultades para asumir la responsabilidad de la paternidad/maternidad. Este tipo de familia puede o no traer aparejados problemas educativos para los menores o situaciones de pobreza.

Estas nuevas modalidades familiares están creando un nuevo tipo de parentesco, el parentesco plural, que no se circunscribe a un solo hogar, sino que es en red e implica la creación de identidades diversas. Desde el punto de vista de las políticas públicas debería avanzarse en el reconocimiento de que niños y niñas se encuentran cada vez con más frecuencia conviviendo en familias en red y debería asumirse la normalidad de esta diversidad de situaciones y del parentesco plural. No tener en cuenta esta circunstancia conduce a conclusiones erróneas sobre la naturaleza familiar y puede dar lugar a posibles discriminaciones, lo que afecta especialmente a las familias que más se distancian de los modelos tradicionales de referencia.

Tampoco podemos dejar de lado el reconocimiento de las realidades familiares derivadas de los procesos migratorios. Las múltiples y variadas formas de entender la familia, según las distintas bases religiosas y culturales, comparten un mismo tipo de situación: las relaciones familiares tienen un carácter transnacional, pues los diferentes miembros viven en países distintos. Se trata de relaciones emocionalmente difíciles de sobrellevar, a pesar del teléfono y de internet, porque la distancia modifica el carácter de las relaciones y se crean otras nuevas. La situación es especialmente dolorosa para las madres separadas de sus hijos menores, con la paradoja de que una vez conseguido el reagrupamiento familiar se cae frecuentemente en una situación de pobreza y de imposibilidad de conciliar la vida laboral con el cuidado de los hijos 22

22 : Dolors Comas d’Argemir, Políticas públicas y vida cotidiana. Redescubrimiento y auge de las políticas familiares en España, Scripta Nova, Barcelona, 2012.

Otro concepto que es necesario abordar, para contextualizar las acciones de esta línea estratégica, es el de integración. La integración es la consecuencia del derecho de las personas en situación de exclusión o en riesgo de exclusión a participar en igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la sociedad, recibiendo para ello el apoyo necesario en el marco de las estructuras comunes de educación, salud, empleo, ocio, cultura y servicios sociales. Lo que supone, en definitiva, el reconocimiento expreso de los mismos derechos que el resto de la población. El término de integración social hace referencia, por tanto, a todas aquellas políticas, acciones e intervenciones, encaminadas a facilitar y posibilitar que todas las personas desarrollen sus capacidades personales y sociales, asumiendo un papel protagonista en sus propios procesos de socialización. La integración social atiende a los procesos de cambio tanto personales como sociales, entendiendo que ambos procesos son simultáneos y progresivos y que para ello es imprescindible la participación activa de las personas. Cada persona parte de unas habilidades, unas carencias y unas necesidades concretas, así como de una situación o problema particular que hace que los ritmos y las metas de cada uno sean diferentes y, por lo tanto, el proceso de integración deba ser personalizado y flexible.

Las políticas públicas deben fomentar y tener como objetivo último la integración en la vida comunitaria del conjunto de la ciudadanía, independientemente de su origen, estatus socioeconómico, género, religión, diversidad funcional, edad, orientación sexual, etc. Sólo de este modo se podrán prevenir situaciones no deseadas de marginación y de exclusión social, situaciones que nos hablan de nuestro fracaso como sociedad a la hora de asegurar unas condiciones de vida dignas para el conjunto social. Así pues, por lo que respecta al Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil, pretende ser una herramienta de trabajo útil en pos de la plena integración de los niños, niñas y adolescentes en situación de exclusión social. Lo que implica ofrecerles las oportunidades y los recursos necesarios para que puedan participar activamente en la vida social, económica y cultural de la ciudad y para que puedan disfrutar de un nivel de vida y un bienestar social considerado normal en nuestra sociedad, aunque atendiendo siempre al respeto a la diversidad.

La integración es, en definitiva, una estrategia para evitar la exclusión social que relega a numerosas personas, familias y/o grupos a los márgenes de la sociedad a causa de la pobreza, la discriminación, la falta de competencias básicas u oportunidades de aprendizaje. Porque como consecuencia de la exclusión las personas tienen menos oportunidades de empleo, educativas, menor percepción de ingresos y una mayor incapacidad para asumir el control de las decisiones que afectan a su vida cotidiana. Frente a la exclusión, las políticas de prevención de situaciones de pobreza y vulnerabilidad social (entendida ésta como la menor capacidad de las personas y grupos para hacer frente a los factores físicos, económicos y sociales adversos) contribuyen a la inclusión social de las personas en situaciones desfavorecidas. Pero para que las políticas sociales sean efectivas deben abarcar diferentes ámbitos: político, económico, educativo, social, cultural o sanitario. Es necesaria una actuación integral, pues si no van acompañadas de medidas que contribuyan a fomentar la autonomía y la ca pacitación de las familias, de poco sirven las políticas de subsidios y ayudas.

Desde el firme convencimiento de que el conjunto de las políticas públicas deben estar dirigidas a lograr la igualdad de género de manera activa y de que hay que tener presentes los posibles efectos que éstas pueden ocasionar en la situación respectiva de hombres y mujeres dentro de la organización social, apostamos porque el Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil no sea ajeno a la estrategia de la transversalidad de género. Por ello creemos de gran importancia evaluar en qué medida las diferentes actuaciones que se pongan en marcha para luchar contra la pobreza infantil, pueden contribuir o no a la reproducción de la desigualdad de género, en general, y a la desigualdad en el reparto de los trabajos domésticos y de cuidados en los hogares, en particular. La IV Conferencia Internacional sobre Mujeres de Naciones Unidas, celebrada en Beijing en el año 1995, posicionó e impulsó la transversalidad del enfoque de género

al nivel de prioridad política mundial. Esto ha supuesto la necesidad de garantizar que todas las políticas públicas y medidas generales que se adopten en los distintos ámbitos de la administración han de estar dirigidos a lograr la igualdad de manera activa teniendo en cuenta, desde la fase de planificación, los posibles efectos sobre la situación respectiva de hombres y mujeres. Esto significa examinar sistemáticamente las medidas y las políticas, así como tener en cuenta esos posibles efectos en su definición y aplicación. La transversalidad de género implica una estrategia a la que es inherente un cambio de enfoque político. Ya no se ponen en el punto de mira las mujeres, sino las dinámicas sociales que producen su desventaja y situación de desigualdad.

Al igual que apostamos porque el conjunto de las políticas públicas estén encaminadas a lograr la igualdad de género de manera activa, también creemos en la necesidad de que las políticas municipales sean respetuosas con la diversidad cultural y fomenten la interculturalidad. Atendiendo a la etimología y centrándonos en el prefijo, el términointerculturalidad hace referencia a la existencia en un territorio de diferentes culturas que establecen entre sí relaciones de intercambio que las enriquecen mutuamente. Mientras que el término multiculturalidad hace referencia exclusivamente a la yuxtaposición de las distintas culturas existentes en un mismo espacio físico, sin que implique que haya un intercambio

o un enriquecimiento entre ellas; por el contrario, el término interculturalidad supone una comunicación comprensiva entre las distintas culturas que conviven en un mismo espacio, produciéndose un enriquecimiento mutuo y, por consiguiente, el reconocimiento y la valoración de cada una de las culturas en un marco de igualdad. La interculturalidad, en definitiva, implica una relación dinámica entre las distintas culturas. Con este término queremos afirmar explícitamente la necesidad del diálogo, de la reciprocidad y de la interdependencia entre las diversas culturas que conviven en la ciudad de Zaragoza y nuestra firme apuesta por un modelo de intervención por medio del cual la interacción entre las diferentes culturas sea una fuente de enriquecimiento mutuo. Ahora bien, desde una perspectiva crítica de la interculturalidad debemos señalar que no es fácil establecer relaciones igualitarias entre las diferentes culturas, pues en nuestra sociedad no todas las culturas gozan del mismo estatus, estableciéndose entre ellas relaciones de poder desigual que hay que tener en cuenta.

Para finalizar haremos referencia a qué entendemos cuando hablamos de acceso equitativo a los recursos. Por acceso equitativo entendemos que se debe lograr que el acceso sea fácil, adapatado a las diferentes realidades de la ciudadanía y equitativo, unido a que la atención prestada desde los servicios públicos sea una atención integral y oportuna. Partiendo de una concepción de los Derechos Sociales como aquellos que facilitan que el conjunto de la ciudadanía se desarrolle en autonomía, igualdad y libertad y tenga acceso a unas condiciones de vida digna, entendemos que el Ayuntamiento de Zaragoza debe trabajar para lograr el cumplimiento de estos derechos. Para ello debe abordar la disminución de la brecha social y la desigualdad estructural de los diferentes colectivos que viven en la ciudad, favoreciendo el acceso equitativo a los recursos. Sin embargo, las acciones específicas destinadas a alcanzar tal fin no deben responder exclusivamente a una concepción meramente prestacionista, asistencial, sino también a una concepción de los servicios que den respuesta a unos derechos ciudadanos con los que se pueda conseguir el pleno desarrollo individual, grupal y comunitario, promoviendo la igualdad y evitando las situaciones de marginación social que la sociedad produce y reproduce.

En este sentido, entendemos que el Plan debe constituir un medio con el que encaminarnos hacia una oferta de recursos y servicios suficientes para frenar la pobreza infantil en nuestra ciudad. Tradicionalmente el Ayuntamiento de Zaragoza, así como el resto de instituciones públicas y la sociedad civil vienen poniendo a disposición de la ciudadanía un conjunto de servicios y recursos dirigidos a las familias con menores de edad y a los niños y niñas en particular. Sin embargo, este abanico de recursos no ha conseguido paliar totalmente la grave situación de pobreza en la que muchas personas se encuentran. Por ello es necesario ampliar y mejorar los recursos existentes con el fin de frenar la situación de pobreza infantil que existe en nuestra ciudad.

Ampliar y/o mejorar los recursos existentes, así como el acceso a los mismos, con el fin de frenar la pobreza infantil en nuestra ciudad. Los recursos a los que hacemos referencia en esta línea se circunscriben a los siguientes ámbitos: servicios sociales, igualdad, empleo y vivienda.

  • Garantizar la prestación de unos servicios básicos a toda la población, enfocados de forma particular a las familias más desfavorecidas. Con este objetivo se persigue favorecer la situación de las familias más vulnerables, con el fin de que puedan superar los obstáculos estructurales que dificultan o impiden su participación en el mercado de trabajo y en la sociedad, y contribuir de este modo a la cohesión social.
  • Proporcionar los recursos sociales y las prestaciones económicas necesarias que garanticen la integración y la igualdad de oportunidades de todas las familias.
  • Fortalecer los recursos personales de los componentes de las familias para aumentar su autonomía y prevenir la aparición o agravamiento de problemas sociales.
  • Proporcionar mecanismos de apoyo a los menores, familias y grupos en situaciones de crisis.
  • Detectar y diagnosticar las situaciones de riesgo de exclusión social en el territorio.
  • Proporcionar a los niños, niñas, adolescentes de la ciudad y a sus familias una vivienda digna y un entorno vital seguros y adecuados.
  • Dotar a las familias de los recursos y ayudas necesarios para cubrir sus necesidades básicas en materia de vivienda.
  • Facilitar la inclusión activa de los padre y madres con menores en el mercado laboral.

Con la finalidad de alcanzar los objetivos estratégicos para mejorar la vida de las familias, se definen 4 líneas de actuación

Fundamentación

Partiendo de la integración y de la igualdad de oportunidades como ejes de actuación en el ámbito familiar, desde este eje temático se persigue el objetivo de que las familias en situación de vulnerabilidad puedan acceder a mejores condiciones de vida. Para alcanzar tal fin es imprescindible ofrecer una atención integral, mejorando el acceso a los recursos económicos, así como atendiendo la situación vital emocional de las personas. Una herramienta esencial para afrontar los problemas derivados de situaciones de vulnerabilidad y exclusión es el acompañamiento social. Por acompañamiento no sólo entendemos el establecimiento de una relación de ayuda entre el profesional y la familia, sino la puesta en marcha de medidas que fomenten las capacidades y habilidades personales, que fortalezcan el bienestar emocional y desarrollen la autonomía económica y social de las familias como una forma de prevenir que los procesos de exclusión severa se cronifiquen. Esas medidas son las que persigue poner en marcha este plan, una serie de acciones positivas que ayuden a frenar la desigualdad que muchas familias con niños y niñas sufren a causa de factores socioeconómicos y culturales. Unas medidas de tipo paliativo pero también basadas en la prevención y en las que se ha tenido en cuenta la perspectiva de género y la diversidad cultural existente en nuestra ciudad.

En definitiva, lo que se busca es facilitar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza y vulnerabilidad social. Para ello es necesario incrementar sus oportunidades, a través de la mejora de su situación y la de sus familias y el desarrollo de las competencias y el compromiso que les permitan asumir con autonomía dicho proceso de mejora. Estamos hablando de un modelo de acción y de atención integral que incida en las dimensiones sociales, educativas, psicológicas y sanitarias de las familias.

Objetivos específicos

  • Conocer la situación socioeconómica de las familias residentes en la ciudad.
  • Establecer mecanismos de coordinación con las entidades sociales que tienen entre sus objetivos mejorar las condiciones socioeconómicas de las familias.
  • Dotar a las familias de los medios necesarios para cubrir sus necesidades básicas. A tal fin se potenciarán medidas tendentes a asegurar la garantía de las necesidades básicas de las familias.
  • Aproximar progresivamente el gasto social en familias e infancia hasta alcanzar la media europea en porcentaje del Producto Interior Bruto y gasto por habitante.
  • Garantizar a las familias en situación de exclusión social el acceso a los servicios y recursos de la ciudad en igualdad de oportunidades que el resto de la ciudadanía.
  • Proporcionar los recursos sociales y prestaciones económicas necesarios que garanticen la integración y la igualdad de oportunidades de todas las familias.
  • Desarrollar programas específicos para las familias con menores de edad que presenten mayor vulnerabilidad social y/o personal.

Los objetivos de los programas que en la actualidad se desarrollan desde los Servicios Sociales Comunitarios y Especializados del Área de Derechos Sociales son acordes con los descritos. Por eso, el Plan contra la Pobreza Infantil pretende en primer lugar poner en valor el trabajo que se viene realizando por los y las profesionales municipales. La finalidad del Plan es lograr el compromiso municipal para asegurar el mantenimiento de los programas municipales, reforzarlos y consolidar-los, a la vez que proponer actuaciones novedosas para implementarlas progresivamente a lo largo del periodo que abarca este Plan Municipal.

Actuaciones

La situación actual de crisis multidimensional nos obliga a implementar más recursos, tanto humanos como materiales, para hacerlos extensivos a un mayor número de ciudadanos. Así como a desarrollar y respaldar metodologías que ya se realizan, a través de la especialización de los equipos, el fortalecimiento del trabajo grupal y comunitario con las familias y del trabajo en red con las entidades sociales. Además, se hace imprescindible reforzar estrategias de concesión de prestaciones económicas, las cuales resultan imprescindibles para asegurar un mínimo nivel socioeconómico de las familias.

1) Conocer la realidad de las familias. Para ello, determinar que parámetros e indicadores dan cuenta de esta realidad para poder realizar estudios socioeconómicos que den cuenta de la situación global de la ciudad de Zaragoza, y concreten y precisen la peculiaridad de cada barrio y distrito, con la finalidad de conocer la situación real de las familias que viven en ellos.

2) Conocer y poner en valor las acciones que están realizando las entidades sociales, colectivos y grupos de ciudadanos/as de nuestra ciudad, con la finalidad de mejorar la vida de las familias y reducir la pobreza. Determinar ámbito de actuación y población atendida, registrar las nuevas necesidades de las que se hacen eco y establecer medidas de colaboración y cooperación.

3) La valoración de las necesidades de las familias, desde un punto de vista integral, incluye dar respuesta a su situación económica. La responsabilidad es compartida entre las Administraciones, y, por ello, las actuaciones encaminadas a mejorar la situación económica de las familias se fundamentan en el compromiso municipal y la coordinación eficaz con el Gobierno de Aragón.

  • 3. 1 Asegurar presupuestariamente las ayudas de urgencia a las familias, incrementándose en relación al incremento de las necesidades sociales. Estas prestaciones consisten en un apoyo económico encaminado a favorecer la inclusión social, en caso de precisarlo, o a prevenir el deterioro en la situación de las personas que puedan conducir a procesos de exclusión social. La finalidad de las ayudas de urgencia es dispensar a estas familias una atención básica y urgente en el momento en que estas situaciones de necesidad aparecen. Se potenciará la concesión de ayudas periódicas a unidades familiares en situación de necesidad.
  • 3.2 Mantener y evaluar la idoneidad de otras ayudas económicas: el acceso al transporte público; reducción de las tasas municipales de agua y basuras; prestaciones sociales domiciliarias a unidades de convivencia que se hallen en situaciones en las que no sea posible la realización de sus actividades habituales, así como de apoyo a sus cuidadores; servicio de reparto de comida a domicilio a unidades familiares que tienen dificultades por falta de hábito o habilidad en la realización de la tarea de compra y cocinado de alimentos, o ante situaciones de desestructuración familiar que hagan aconsejable esta prestación. Sin olvidar dotar de mayor entidad a las que repercutan más directamente en la mejora de las condiciones de vida de las familias con niños y niñas en situación de riesgo o exclusión social.
  • 3.3 Unificación de bonificaciones de tasas municipales.
  • 3.4 Reforzar la coordinación institucional y técnica con el Gobierno de Aragón y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, con el fin de mejorar, agilizar, crear criterios homogéneos, establecer los cauces de comunicación entre profesionales y resolver los problemas técnicos que resultan de la confluencia de dos sistemas de atención social interrelacionados, para lograr el máximo de eficacia y eficiencia en la gestión del Ingreso Aragonés de Inserción y, en su día, de la Renta Básica.

Fundamentación

Las actuaciones encaminadas a mejorar el desarrollo de las capacidades parentales no contribuyen directamente a incrementar los ingresos de las familias pobres, no tienen un efecto directo en las tasas de pobreza, cuando ésta se define en función de las carencias económicas o materiales. Sin embargo, si la pobreza se define desde un punto de vista más integral, resulta obvio que muchas de las dificultades y las desventajas (educativas, afectivas, relacionales, de estatus, socioculturales...) que la experiencia de la pobreza implica para los niños y niñas, pueden paliarse mediante servicios e intervenciones socioeducativas que ofrezcan a las figuras parentales en situación de pobreza el acceso a los aprendizajes, las redes sociales, las experiencias, las relaciones y los conocimientos a los que accede el conjunto de la población y que pueden potenciar y mejorar sus capacidades y ser claves para el adecuado desarrollo de sus hijos e hijas.

Los recursos para facilitar apoyo a las familias se plantean con una lógica de normalidad y de escala. Esto es, ser explicados y divulgados como recursos para cualquier grupo familiar y aplicados algunos de ellos tan sólo cuando la intensidad de las dificultades requiera suplir, complementar o proteger.

Objetivos específicos

  • Garantizar a las familias en situación de exclusión social el acceso a los servicios y recursos de la ciudad en igualdad de oportunidades que el resto de la ciudadanía.
  • Apoyar a las familias en el cuidado, atención y desarrollo psicosocial de los niños, niñas y adolescentes.
  • Potenciar medidas de conciliación en la vida familiar.
  • Desarrollar programas específicos para las familias con menores de edad que presenten mayor vulnerabilidad social y/o personal.
  • Ampliar los recursos preventivos dirigidos a las familias con menores a su cargo.
  • Apoyar a las familias en el cuidado y atención de los niños y niñas menores de tres años.
  • Fortalecer los recursos personales de los componentes de las familias, para aumentar su autonomía y prevenir la aparición o agravamiento de problemas sociales.
  • Potenciar la plena integración de las familias migrantes.
  • Desarrollar e implementar un modelo de acción social y educativa integral que contribuya a mejorar las oportunidades de desarrollo social y educativo de la infancia y sus familias.
  • Fomentar y afianzar el trabajo en red con las familias y con las entidades en actividades sociales que estimusociales.
  • Fomentar los programas socioeducativos dirigidos a las familias, en el ámbito de la prevención.
  • Fomentar que las familias participen en actividades sociales que estimulen sus habilidades parentales y fomenten una comunicación familiar

Actuaciones

1 ) Favorecer y desarrollar medidas efectivas de conciliación de la vida laboral y familiar que consideren el interés superior de la infancia.

  • 1 .1 Procurar la participación de los niños y niñas de unidades familiares en situación de riesgo de exclusión en los programas lúdico-educativos programados en periodo estival, que tienen la finalidad de apoyar a las familias en la conciliación de la vida laboral y familiar. El programa Zaragalla, ofrece un amplio programa lúdico-educativo para que los niños y niñas se diviertan, cubriendo así las necesidades de ocio y esparcimiento de éstos durante el periodo vacacional. Son actividades integradoras, que fomentan la interrelación entre los niños y niñas del barrio, independientemente de su condición socioeconómica y procuran a los padres y madres la posibilidad de incorporarse a actividades formativas o de programas prelaborales, que puedan mejorar su empleabilidad.
  • 1.2 Incluir en la valoración de las contratas públicas que las empresas dispongan de planes de conciliación efectivos y auditados externamente por agencias certificadas.
  • 1.3 Considerar la ampliación del horario de apertura de los Centros Municipales de tiempo libre y ludotecas, en periodos vacacionales.
  • 1.4 Ampliar los horarios de las Escuelas Infantiles Municipales, si el análisis de las necesidades de las familias así lo recomienda.

2 ) Impulsar los Programas Familiares y de Inclusión de Servicios Sociales Comunitarios.

  • 2.1 Avanzar en el desarrollo de los Espacios familiares de barrio. Que sean un recurso ciudadano donde poder solicitar una orientación, discutir una dificultad con un profesional o compartir con otras familias pautas y experiencias de crianza. Espacios donde llevar a cabo sesiones de trabajo con grupos de padres/madres en las que se aborden aspectos referidos a la habilidades sociales, parentalidad positiva, la crianza y la educación de los hijos e hijas. Estos espacios familiares de barrio deberán ir asociados a recursos infantiles, a espacios de encuentro comunitario y a los Centros Municipales de Servicios Sociales. Se configuran como espacios privilegiados donde puede producirse la primera demanda de ayuda cuando la pobreza introduce dificultades en el cuidado de los hijos e hijas.
  • 2.2 Impulsar la creación de Programas para las familias en coordinación con los centros educativos y los servicios de salud. Programas que servirá para afianzar y potenciar el programa ya existente en los Servicios Sociales, estableciendo y fortaleciendo metodologías de trabajo en red con servicios de salud, educación, entidades sociales o fundaciones y asumiendo la coordinación de todos estos recursos dirigidos a las familias.
  • 2.3 Fomentar, favorecer y potenciar la igualdad de oportunidades en el desarrollo individual y familiar. Para ello se pondrá en valor y se reforzarán los Programas Familiares de los Centros Municipales de Servicios Sociales Comunitarios. Éstos deben formalizar el objetivo de ayudar a las familias, con hijos e hijas menores, en el cumplimiento de las funciones que permitan a sus miembros un desarrollo adecuado, cuando por factores sociales, psicológicos o económicos no puedan desempeñarlas por sus propios medios. Porque mejorar la capacidad parental es luchar contra la pobreza infantil, dado que se atiende a familias cuyo proceso de socialización es inadecuado y poco estimulante, lo que incide en la competencia social de los menores, haciéndola deficitaria y colocando a éstos en situación de riesgo. Se pretende, igualmente, actuar con familias socializadas en estilos de vida marginales, que suponen para sus miembros, y en especial para los menores, una situación de alto riesgo en su proceso de desarrollo integral y una conflictividad con las pautas establecidas socialmente. Así como con familias que se encuentran en una situación de crisis, provocada por acontecimientos externos o bien por situaciones derivadas del ciclo evolutivo familiar, que implican dificultades en el desarrollo de los menores inmersos en la misma.
  • 2.4 Es importante señalar que el Programa de Apoyo a la Familia gestionará cualquier prestación o servicio a las familias en clave de acompañamiento. A partir de este acompañamiento, el programa servirá de puente entre las familias y los recursos y constituirá un referente estable para integrar las ayudas a los hijos e hijas. Dentro de estas ayudas estarían incluidas las necesarias para cubrir los gastos de Escuelas Infantiles o guarderías, el apoyo escolar tanto grupal como individualizado, las actividades extraescolares, culturales y deportivas, así como, en los casos en los que se considere necesario, algún tipo de terapias alternativas (musicoterapia, terapia asistida con perros o hipoterapia) a las que a las familias con escasos recursos les es imposible acceder.
  • 2.5 Asimismo, se dotará a los Centros Municipales de Servicios Sociales con recursos económicos suficientes para poder costear este tipo de actividades y recursos a familias con las que se trabaja desde el Programa. Se determinará qué recurso podría convenir a una familia, se valorará su viabilidad y se establecerá un seguimiento y evaluación del aprovechamiento del mismo. No debemos olvidar que, además, supondría un importante y estimulante trabajo tendente a fomentar la asunción de responsabilidades tanto de los menores como de sus padres: cumplimiento de horarios y tareas, estimulación de hábitos saludables, normalización de costumbres, desarrollo de potencialidades individuales, relaciones con iguales en ambientes normalizados, integración real, etc.
  • 2.6 Se establecerá la pertinencia, y en su caso, se favorecerá a partir de los recursos personales y materiales necesarios, el acceso a recursos terapéuticos como terapia de pareja, familiar, terapias grupales, atención temprana, logopedia o psicomotricidad dirigidos a progenitores y menores en situaciones de desventaja social y con necesidades psicosociales y educativas especiales, debido a patologías psiquiátricas, psicológicas u otras enfermedades. Todos estos recursos no deben consistir en una mera derivación, sino constituir un complemento imprescindible a la intervención que se lleva a cabo desde el Programa de Prevención e Inclusión y del Programa de Apoyo a la Familia, siempre en coordinación con la red y los distintos recursos movilizados con cada familia.

3) Potenciar las medidas tendentes a conseguir la plena integración de las familias migrantes.

  • 3. 1 Se asegurará el respeto a la diversidad cultural en el acceso a los recursos, elaborando información sobre los recursos fundamentales ofrecidos desde los Servicios Sociales en diferentes idiomas, procurando así su comprensión.
  • 3.2 Se impartirán talleres de español (idioma y cultura) a las familias, para contribuir a su incorporación a la sociedad.
  • 3.3 Se establecerán programas de apoyo a la reagrupación familiar con menores inmigrantes

4) Potenciar los recursos sociales socioeducativos que se prestan en Servicios Sociales Comunitarios y Especializados, dotándolos de recursos materiales, personales, implementando espacios de formación, de interrelación entre los/as profesionales y la coordinación en el territorio.

  • 4. 1 Programas socioeducativos con la finalidad de: fomentar, favorecer y potenciar la igualdad de oportunidades en el desarrollo individual y familiar; mejorar las competencias en el cuidado y educación de los menores con el fin de prevenir situaciones de riesgo; ofrecer un espacio de autoestima, autocuidado y promoción personal; mejorar la comunicación y organización familiar, dotando de instrumentos y habilidades para la resolución de conflictos y generar un espacio de interés compartido que permita ampliar el círculo de relaciones.
  • 4.2 Acciones educativas, orientadas a ayudar a las familias en momentos de dificultades y carencias, con programas grupales en los que, a partir de la escucha, evitando descalificaciones y compartiendo las distintas percepciones de cada uno, se pretende mejorar las capacidades educativas, aprendiendo otras formas positivas de ejercer la paternidad y la maternidad. En algunos casos las familias pueden contar con una especie de mentor o de tutor familiar (educador generalmente, también podría desempeñar esa función cualquier otro miembro del equipo, trabajadora social o psicólogo) a quien pueden recurrir de forma flexible. No debe esconderse que el actual empobrecimiento y su impacto destructor entre familias ya pobres, quizás nos obliga a planificar cómo ayudar de manera indefinida a aquellas familias que se van quedando impotentes, pero que en definitiva siguen siendo el mejor espacio posible para sus hijos e hijas.
  • 4.3 Programar coordinadamente los Centros Sociales Especializados y los Centros Comunitarios actuaciones grupales educativas, dirigidas a padres y madres de unidades familiares en riesgo de exclusión o con dificultades para cumplir con las tareas parentales. Los proyectos de Escuelas de Habilidades Marentales y Parentales, responderán a las necesidades y problemáticas comunes de las familias y a la especificidad de cada distrito o barrio. Con un marcado carácter preventivo y formativo, serán dirigidas a padres, madres y responsables de familias que tienen a su cargo hijos menores de ocho años, con el objetivo de prevenir y evitar situaciones de riesgo en la etapa de la adolescencia.
  • 4.4 Acciones educativas en el ámbito de la promoción de la salud sexual y reproductiva para prevenir la maternidad y paternidad precoz, que pueden repercutir en consolidar y generar cronicidad en las situaciones de pobreza y exclusión social. Reforzar la coordinación entre el Centro Municipal de Promoción de la Salud y los Centros Municipales de Servicios Sociales.
  • 4.5 Facilitar una formación práctica y básica a las familias sobre alimentación sana, higiene, prevención de accidentes en la infancia y cuidados básico de salud.
  • 4.6 Programas educativos del Centro Municipal de Atención y Prevención de las Adicciones (CMAPA), en el ámbito familiar y en el escolar, con la finalidad de proporcionar a los padres y madres estrategias educativas para prevenir el consumo de drogas en sus hijos e hijas.
  • 4.7 Programas educativos del Centro Municipal de Atención y Prevención de las Adicciones (CMAPA), en el ámbito familiar en colaboración con los Centros sociolaborales.
  • 4.8 Reforzar e implementar los programas de prevención de adicciones en la familia, a través de la coordinación del CMAPA con los Centros Comunitarios, que detectan situaciones de riesgo en el territorio, y promover intervenciones comunitarias dirigidas a la prevención de las adicciones entre los y las adolescentes.
  • 4.9 Programas educativos de atención materno-paterna infantil para parejas adolescentes, jóvenes. Fomentar la interrelación entre los Centros Municipales de Servicios Sociales y el Centro Municipal de Promoción de la Salud para establecer cauces de colaboración estables, encaminados a la atención especializada a familias de padres y madres adolescentes en situaciones de riesgo o en exclusión social. Programas de acompañamiento durante el embarazo, preparación al nacimiento, cuidado y atención a los bebés y primeros años de la vida de los niños y niñas.
  • 4.10 Crear programas y actuaciones comunitarias de apoyo a las necesidades de la infancia y adolescencia. Grupos de formación padres y madres con hijos/as en la época de la adolescencia, para tratar los temas de desarrollo psicosexual, la función del afecto, la normatividad, la autoridad y el deseo de progresiva libertad e independencia de los/as adolescentes. Coordinación entre Servicios Sociales Comunitarios y Especializados.
  • 4.11 Fomentar que las familias participen en actividades sociales que estimulen sus habilidades parentales y fomenten una comunicación familiar positiva.
  • 4.12 Promover grupos de formación para atender las necesidades educativas que puedan detectarse en la atención de mujeres con hijos e hijas víctimas de violencia de género. Facilitar un espacio para la reflexión y expresión de sus sentimientos y el manejo de pautas educativas que garanticen un desarrollo socioafectivo adecuado.

Fundamentación

El hogar o vivienda familiar constituye el espacio básico de vida en la que se entrelazan nudos de relaciones que pueden tanto proteger como ser cadena de transmisión de los procesos sociales y económicos que generan y reproducen la exclusión social.

Nuestra legislación estipula que la vivienda es un bien que cumple una función social básica, servir de alojamiento, pero, al mismo tiempo, es un bien patrimonial, una mercancía, con un valor condicionado por las dinámicas propias del libre mercado. Esta doble dimensión de la vivienda sitúa a los poderes públicos ante una doble disyuntiva. De este modo, las actuaciones públicas sobre el ámbito de la vivienda pueden plantearse desde dos perspectivas: desde una perspectiva social, que entiende la vivienda como un bien directamente relacionado con una necesidad básica, la de habitar, y que es el objeto de un derecho social fundamental; o desde una perspectiva económica, donde la vivienda es un bien económico, una mercancía. Las condiciones materiales del disfrute de una vivienda presentes en el mercado inmobiliario son el resultado de la segunda de las perspectivas citadas. De hecho, las particularidades de la propiedad inmobiliaria y su fuerte vinculación con el mercado se manifiestan en la dificultad de catalogar el derecho a la vivienda como un verdadero derecho y, asimismo, en la debilidad frente

a otros derechos de carácter económico, como el derecho de propiedad. Por esta razón, el derecho a la vivienda ha sido, de facto, un derecho inexistente para los ciudadanos aragoneses.

Si a esto le añadimos la actual situación de emergencia social, consecuencia de la crisis multidimensional, que atraviesa una parte importante de la sociedad aragonesa, nos encontramos con la alarmante disminución de los ingresos de las familias. Esta disminución está impidiendo a muchas de ellas la satisfacción de sus necesidades de vivienda, además de generar dificultades para afrontar otros gastos necesarios, lo que les ha conducido a una situación de precariedad e imposibilidad de vivir dignamente o con una mínima calidad de vida.

Esta situación, a pesar de las medidas adoptadas que promovían la vivienda protegida tanto en régimen de alquiler como de venta, ha provocado la llamada situación de emergencia habitacional por la que muchas personas y familias que disfrutaban de una vivienda han dejado de tenerla, lo que implica inevitablemente una situación de vulnerabilidad o exclusión social.

Al mismo tiempo, resulta alarmante el crecimiento de la pobreza energética, entendida como la dificultad de las familias para afrontar las facturas de los suministros básicos de electricidad, gas y agua, junto a las implicaciones

sanitarias, sociales y ambientales que ésto tiene.

El Plan Municipal de lucha contra la pobreza infantil incluye medidas y actuaciones que son el exponente de la perspectiva social desde la que se aborda el derecho a la vivienda. Se pretende contribuir, desde la responsabilidad institucional que le corresponde al Ayuntamiento, procurar medidas que logren dar respuesta a las necesidades básicas de vivienda, para así hacer efectivos los derechos proclamados por la legislación internacional, la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Aragón. El mantenimiento de los moradores en su vivienda debe constituir un elemento fundamental del derecho a la vivienda y la seguridad en el disfrute de la vivienda debe ser un parámetro básico a la hora de hablar de este derecho, así como el mantenimiento de la vivienda en unas condiciones determinadas que permitan la creación de un hogar adecuado para el desarrollo personal y familiar de sus moradores, especialmente de los menores.

Es necesario tener en cuenta al abordar los problemas de vivienda, que en nuestra sociedad se ha pasado de un modelo en el que los hogares tenían un sustentador masculino y una ama de casa, a otro modelo de dos sustentadores; cambio que ha situado en mayor riesgo de pobreza a las familias monoparentales. Además, el riesgo de estos hogares monoparentales de caer en la pobreza se ve incrementado por estar encabezados generalmente por mujeres, lo que provoca que se de una doble situación de desigualdad (por el hecho de ser mujeres y por el hecho de ser pobres). También dentro de la composición familiar se debe tener en cuenta el número de hijos, ya que los

datos demuestran que a un mayor número de hijos en el hogar le corresponden mayores tasas de pobreza.

Para finalizar nos gustaría tener en cuenta la infravivienda y el chabolismo, los cuales constituyen uno de los fenómenos sociales y urbanísticos más complejos de la realidad social. La dificultad de acceso a una vivienda digna, la situación de exclusión social de sus ocupantes, su ubicación en espacios estigmatizados (degradados y excluyentes) y las actitudes de rechazo e incomprensión del resto de la ciudadanía son los factores constitutivos de esta problemática social.

Objetivos específicos

  • Proporcionar a los niños, niñas, adolescentes de la ciudad y a sus familias una vivienda digna y un entorno vital seguros y adecuados.
  • Coordinación y colaboración con el Gobierno de Aragón en Políticas de Vivienda.
  • Complementariedad y colaboración con las entidades sociales.
  • Prevenir y abordar, en su caso, las situaciones de emergencia habitacional.
  • Dotar a las familias de los recursos y ayudas necesarios para cubrir sus necesidades básicas en materia de vivienda, con el fin de evitar posibles desahucios y situaciones de pobreza energética.
  • Priorizar a las unidades familiares con menores en el acceso a la vivienda social.
  • Evaluar los Programas de Erradicación del chabolismo e infravivienda.

Coordinación interinstitucional en el ámbito de vivienda

El Decreto-Ley 3/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, establece las medidas urgentes de emergencia social en materia de prestaciones económicas de carácter social, pobreza energética y acceso a la vivienda. La Comunidad Autónoma es el poder publico público competente en el conjunto del territorio aragonés para atender las situaciones de vulnerabilidad social aprovechando al máximo los recursos de los sectores público y privado en materia de vivienda y coordinando los esfuerzos de todas las Administraciones Públicas. Las previsiones contenidas en este Decreto-Ley pretenden abordar de manera inmediata la situación vulnerabilidad a la que se enfrenta la ciudadanía aragonesa como consecuencia de la crisis económica, cuyos efectos más profundos se trasladan con mayor intensidad a las familias y personas en grave riesgo de exclusión social, produciendo una fractura de la sociedad.

Orden Pre/1754/2016, de 16 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social.

Ley 10/2016, de 1 de diciembre, de medidas de emergencia en relación con las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales y con el acceso a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Aragón. Especifica las situaciones de vulnerabilidad y especial vulnerabilidad a tener en cuenta en materia de vivienda. Además de criterios económicos incluye la existencia de un menor en la unidad de convivencia y las familias numerosas como criterio a tener en cuenta.

La coordinación interinstitucional es esencial para avanzar en hacer real el derecho social a la vivienda de las personas.

Líneas de Actuación

  1. 1. Avanzar en el derecho a una vivienda digna.
  2. 2. Dotar a las familias de los recursos y ayudas necesarios para mejorar las condiciones de las viviendas.
  3. 3. Erradicación del chabolismo y de la infravivienda.

El Plan Municipal de Lucha contra la Pobreza Infantil recoge y pone en valor las actuaciones desarrolladas por el Ayuntamiento de Zaragoza, por la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda. Se compromete a impulsar económicamente y coordinar estrategias de implementación de actuaciones que tengan como finalidad disminuir la repercusión que tiene la pobreza familiar manifestada en la falta de un hogar digno en la que se encuentran niños y niñas de nuestra ciudad.

Objetivos Específicos

  • Ampliación del parque de viviendas disponibles para personas en situación de vulnerabilidad.
  • Ampliación del parque de viviendas sociales en régimen de alquiler, en sintonía con los ingresos familiares.
  • Ampliación de la oferta de vivienda social a familias con menores a cargo.
  • Mejorar el acceso a recursos de vivienda social a las familias desfavorecidas.
  • Apoyar a las familias con riesgo de no tener hogar, evitando los desahucios, las mudanzas innecesarias y la separación de las familias, así como proporcionar un alojamiento temporal y soluciones a largo plazo en materia de vivienda.

Actuaciones

1) Incrementar el Parque Público de Viviendas.

  • 1.1 Aumentar las Viviendas de Alquiler Social.
  • Las viviendas sociales municipales gestionadas por Zaragoza Vivienda constituyen un recurso fundamental en la prevención y lucha contra la pobreza infantil, asegurando una vivienda de calidad, segura y a un precio asequible. El objeto de Zaragoza Vivienda es lograr una mayor eficacia en la acción municipal en cuanto a las necesidades de alojamiento, en sentido amplio, a través de la gestión de acciones relacionadas con la revitalización urbanística y social de los barrios de la ciudad, conectando hábitat (entorno), calidad de vida y bienestar social. Los programas incluyen seguimiento y apoyo a familias arrendatarias de Zaragoza Vivienda con acusadas problemáticas socioeconómicas, las ayudas al pago de las rentas de alquiler, y los programas dirigidos a apoyar a los segmentos de población urbana en riesgo de exclusión. En esta legislatura se pretende aumentar el parque de vivienda social municipal hasta las 5.000 viviendas de alquiler social.
  • 1.2 Refuerzo del programa de Captación de viviendas vacías. Zaragoza Vivienda gestiona la cesión de viviendas por parte de particulares con el programa «Alegra tu Vivienda» con amplias garantías y ventajas para el propietario y que permite ampliar la oferta de viviendas de alquiler destinadas a población vulnerable, a precios menores que el mercado libre y localizadas en todos los barrios de la ciudad. Estas viviendas disponen del apoyo de gestión social y ayudas económicas a los inquilinos, como el resto de las viviendas municipales.
  • 1.3 Incrementar las viviendas aportadas a la Bolsa de Vivienda del Gobierno de Aragón Zaragoza Vivienda contribuye a esta Bolsa cediendo viviendas, con las que se atienden las situaciones de vulnerabilidad que son detectadas en el marco del Convenio del CGPJ para situaciones de demandas judiciales por las que puede perderse la posesión de la vivienda. Los casos de familias numerosas y con menores son considerados agravantes de la vulnerabilidad.
  • 1.4 Potenciar nuevos modelos de vivienda adaptadas a las necesidades de los nuevos grupos de convivencia y al ciclo evolutivo Las viviendas colaborativas, las cooperativas o las viviendas con servicios comunes son interesantes alternativas como solución residencial para unidades de convivencia con menores.
  • Para incrementar la oferta de alojamientos económicos también resulta conveniente fomentar nuevas alternativas, como las viviendas de uso compartido para familias monoparentales, personas solas/ divorciados-as y otros colectivos de especial atención.
  • 1.5 Los requisitos de acceso a la vivienda social son los generales de la ley aragonesa (necesidad de vivienda, límite de ingresos y empadronamiento), pero fruto de esta coordinación y la prioridad establecida en el Plan contra la pobreza infantil, se establece un acceso extraordinario para unidades de convivencia con las que se estén desarrollando itinerarios de inserción, considerando prioritarias las unidades familiares con menores. Familias que están en programas familiares y de inclusión, y que requieren apoyo a la emancipación, por situaciones de hacinamiento por convivencia de varias unidades familiares. Algunos procesos de intervención social familiar que se desarrollan desde los Centros Municipales de Servicios Sociales requieren contar con una vivienda adecuada y segura, que se proporciona a través de este Programa.

2) Mantener y reforzar los programas ofrecidos por Zaragoza Vivienda para atender las situaciones de riesgo de pérdida de la vivienda habitual y permanente por causas sobrevenidas. Estos programas cuentan con el apoyo de un equipo mixto de abogados y trabajadores sociales, gracias a convenios firmados con los colegios profesionales y a la colaboración del Gobierno de Aragón.

  • 2.1 Programa de mediación en deuda hipotecaria Zaragoza
    La mediación hipotecaria es una vía para prevenir y/o minimizar los efectos de riesgo residencial que sufren muchas familias, que como consecuencia de una situación sobrevenida de sobreendeudamiento no pueden afrontar el pago de las cuotas hipotecarias de sus viviendas. Este programa busca intervenir de forma preventiva para evitar, siempre que sea posible, los desahucios derivados de la falta de pago de los créditos hipotecarios en la vivienda habitual.
  • A los afectados se les ofrece información, apoyo y asesoramiento legal, vías de intermediación posibles que mejoren su situación, permitan mantener el pago de las cuotas y eviten los procesos de ejecución hipotecaria y, dado el caso, buscar alternativas de alojamiento accesibles a su situación.
  • 2.2 Programa de mediación en deuda de alquiler
    Pretende prevenir la pérdida de la vivienda arrendada, así como evitar un futuro endeudamiento, buscando la mejor solución posible entre las partes implicadas. Para ello se negocian acuerdos que eviten situaciones de impago y pongan fin a los procedimientos de desahucio, mediante la negociación entre las partes arrendadora/propietaria y la arrendataria/ocupante. En los casos extremos en los que se llegue a la pérdida de vivienda, se asesora en la búsqueda de una vivienda alternativa, en la medida de las disponibilidades existentes. También se tratan situaciones de posesión de viviendas sin título jurídico, siempre que sean de buena fe.
  • 2.3 Afianzar y fortalecer la coordinación entre los Centros de Servicios Sociales y la Oficina de Zaragoza Vivienda: Protocolo de coordinación para la prevención y atención de emergencias habitacionales. Durante el año 2016 se ha elaborado este protocolo para avanzar en la prevención y el abordaje de las pérdidas sobrevenidas de alojamiento. Con él se pretende dar una respuesta ágil y rápida a los y las usuarios/ as de los Centros Municipales de Servicios Sociales, sobre todo en los posibles desahucios por arrendamientos que, a diferencia de los hipotecarios, son los que ahora mismo más han aumentado.

Acciones protegidas y/o objeto de protocolo

Situaciones en las que no se ha dejado de pagar el arrendamiento

o hipoteca pero se prevé dificultades en el pago del mismo. Estas situaciones se atienden desde los centros Municipales de servicios Sociales y se abordan desde la perspectiva de posibles ayudas económicas a recibir y duración temporal.

Situaciones en las que existen cuotas/mensualidades pendientes y una dificultad para afrontar el pago de las mismas, pero en las cuales aún no se ha iniciado un procedimiento judicial. Estas situaciones requieren un análisis de la carga económica del alojamiento, de la situación contractual y de la relación con la parte contraria, previsión de evolución, etc...

Situaciones en las cuales ya existe una demanda judicial y el procedimiento se encuentra en cualquiera de las fases procesales. Requiere coordinación con el ámbito judicial, conocimiento de la normativa y procedimiento, así como capacidad y relaciones institucionales.

En todos los casos hay que contar con la disponibilidad de viviendas adecuadas a las necesidades de la unidad de convivencia, a nivel de las diferentes administraciones y entidades sociales implicadas.

3) Mejorar los recursos municipales dirigidos a atender la necesidad de alojamiento temporal de familias con menores, motivada por situaciones coyunturales, sobrevenidas.

3.1 Viviendas para acoger a mujeres víctimas y menores a su cargo víctimas de violencia de género. Casa de Acogida, viviendas de emergencia y viviendas tuteladas. Se ha firmado un convenio de colaboración (Ayuntamiento-Zaragoza Vivienda) que incluye las diferentes respuestas habitacionales, así como un sistema de acceso extraordinario a vivienda social para unidades de convivencia con las que así lo requiera la intervención social que se esté realizando con ellas en este ámbito. Evaluación de las necesidades y adecuación del recurso habitacional.

3. 2 Viviendas para acoger de forma temporal a familias con menores que, por circunstancias sobrevenidas se encuentran en situación de emergencia habitacional, en el Albergue Municipal y en Viviendas tuteladas que forman parte de un convenio de colaboración (Ayuntamiento - Zaragoza Vivienda). Con estos equipamientos es posible atender la necesidad de alojamiento en condiciones de intimidad y sin separar al grupo familiar, desarrollando itinerarios de inserción social y favoreciendo procesos educativos que favorezcan la autonomía en la convivencia personal y familiar. Evaluación de las necesidades y adecuación del recurso habitacional.

4 ) Mantener la complementariedad y colaboración con las entidades sociales para avanzar en el derecho a una vivienda digna de todas las familias con menores, así como para realizar actividades de apoyo social a los inquilinos de las viviendas sociales. En colaboración con las entidades sociales se atienden situaciones de dificultad social que requieran alojamiento de forma temporal: Ayuntamiento de Zaragoza convenia y ofrece subvenciones a proyectos y Zaragoza Vivienda ofrece viviendas.

Objetivos Específicos

  • Incrementar los recursos y ayudas económicas para las familias con menores con la finalidad de mejorar las condiciones de las viviendas.
  • Avanzar en la lucha contra la pobreza energética, para mejorar las condiciones de vida de las familias con menores.

Actuaciones

1 ) Continuar dando el servicio de Mantenimiento de las viviendas a través del Plan de Empleo Social. Teniendo en cuenta que las familias que residen en las viviendas gestionadas por Zaragoza Vivienda son especialmente vulnerables y les resulta complicado poder atender los gastos de la renta y de las reparaciones o mejoras, éstas cuentan con un servicio de mantenimiento físico y reparación de las viviendas, con pago aplazado en caso necesario. El mantenimiento de los inmuebles, tanto de las viviendas como de las zonas comunes, se realiza por parte de Zaragoza Vivienda de forma periódica, a través de los servicios contratados específicamente para este cometido por parte de la Sociedad. A través del Plan de Empleo Social, que es desarrollado por el Ayuntamiento en colaboración con las empresas de inserción, se proporcionan algunos de estos servicios, como limpieza, pintura, renovaciones de cocinas, traslado y montaje de muebles, etc.

2) Mantener y reforzar las medidas de Apoyo Social y Económico a la Vivienda Social. La labor que desarrolla Zaragoza Vivienda con respecto a la vivienda social se estructura en torno a dos líneas de acción, que son la base para facilitar la permanencia en la vivienda. Pues se entiende que la vivienda es un elemento clave para la integración y el acceso a una calidad de vida digna:

2.1 Programa de apoyo económico para el pago del alquiler de viviendas sociales. Con el objetivo de facilitar la permanencia en la vivienda de personas y familias con una situación socioeconómica más vulnerable, Zaragoza Vivienda ha unificado los precios del alquiler de las viviendas municipales reduciéndolos, con una disminución media del 20%. Actualmente el precio máximo se sitúa en 3,75€ / m 2 , con lo que una vivienda tipo de 3 dormitorios (70 m) supone 260€ mensuales. Los gastos de comunidad se incluyen en este precio.

Por otro lado, se ha constituido una línea de ayudas directas al alquiler, que buscan conseguir que las familias residentes en una vivienda municipal no paguen de alquiler más del 30% de sus ingresos. Por debajo de 1,25 IPREM (9.318,93 euros), únicamente pagan el 20% de sus ingresos. Este límite se incrementa según el número de miembros hasta 1,35 (10.064,44€) 5 miembros o más. Se establece una renta mensual mínima de 85 \ al mes, incluyendo gatos de comunidad.

Se han concedido reducciones temporales en el precio del arrendamiento con el objetivo de facilitar la permanencia en la vivienda de personas y familias con una situación socioeconómica más vulnerable. A estas unidades de convivencia les es de aplicación una reducción en el alquiler en función de tres factores:

  • Los ingresos brutos de la unidad familiar.
  • El precio del alquiler oficial de la vivienda, si resulta elevado como consecuencia de la aplicación del módulo previo de vivienda protegida, dependiendo de su calificación.
  • El número de miembros de la unidad de convivencia.

2.2 Programa de Seguimiento social. Las familias que residen en las viviendas gestionadas por Zaragoza Vivienda siguen siendo vulnerables a la situación de crisis generalizada. Para responder a estas situaciones, se ha elaborado un protocolo de actuación en el que, dependiendo de la problemática económica y familiar de cada caso, se plantean diferentes alternativas. Con este programa se busca facilitar el acceso a un nivel de vida digno, a través de un apoyo social que facilite la información, orientación, derivación y acompañamiento a las personas y familias que residiendo en estas viviendas puedan necesitar recursos económicos, sociales, educativos, culturales, de apoyo personal y familiar, entre otros. Se establecen diferentes niveles de apoyo en función de la evaluación inicial y/o periódica de las necesidades sociales de la unidad de convivencia.

3 ) Incrementar las ayudas de urgente necesidad para dar respuesta a las solicitud de ayudas al alquiler a familias en situación de riesgo social.

4) Impedir el corte del suministro de energía a familias con menores. Seguir impulsando Acciones contra la pobreza energética de las familias. Revisar los convenios de colaboración con empresas energéticas para adecuar los protocolos municipales a la Ley 9/2016 de 3 de noviembre, del Gobierno de Aragón para reducción de la pobreza energética de Aragón.

5) Programar intervenciones dirigidas a fomentar el uso responsable de la energía y generar hábitos de consumo favorables al consumidor y al medio ambiente. Intervención que incluye: diagnóstico de necesidades y gastos en energía de los hogares, análisis de los contratos de cada vivienda, talleres de formación sobre hábitos de consumo y facturación energética, valorar e implantar medidas de ahorro y asesoramiento para la realización de las gestiones para la optimización de los contratos energéticos.

6) Introducir proyectos novedosos relacionados con la eficiencia energética y con la concienciación hacia el ahorro energético de las personas residentes en las viviendas sociales. Aprovechando la oportunidad que ofrecen los fondos europeos, se profundiza en la formación hacia la eficiencia energética a través de nuevas tecnologías, se Investiga y testea sobre soluciones enfocadas a la reducción del consumo energético y soluciones sistemáticas para la rehabilitación de edificios, enfocadas a la reducción del consumo en calefacción y refrigeración, en viviendas sociales.

1) Mantener y reforzar el Programa de atención social en situaciones de infravivienda y erradicación del chabolismo. Para paliar situaciones de exclusión social y residencial severa se creó en el 2003 el Programa de Erradicación de Chabolismo, transformado y convertido en el 2013 en el Programa de Atención Social en Situaciones de Infravivienda. Los objetivos principales de este programa son los siguientes:

1.1 Posibilitar la erradicación de asentamientos irregulares–infravivienda mediante acciones de prevención, detección precoz e intervención social.

1.2 Facilitar la integración y normalización social de las personas y familias que se encuentren en situación de exclusión social severa asociada a la vivienda y con graves dificultades para conseguir su inserción sociolaboral, por medio del desarrollo y la aplicación de proyectos de apoyo e intervención personal, familiar y comunitaria.

2) Actualizar el Mapa del chabolismo y de la infravivienda en la ciudad de Zaragoza. En el año 2014 se configuró el Mapa del chabolismo y de la infravivienda en la ciudad de Zaragoza, el cual permitió realizar un diagnóstico de la situación y desarrollar diferentes propuestas de actuación para los distintos enclaves detectados.

El mapa fue realizado siguiendo el siguiente esquema:

Detectar y analizar la localización y ubicación en el municipio de Zaragoza de las distintas tipologías de infravivienda.

Describir las distintas tipologías de infravivienda en relación con la localización y el perfil de sus ocupantes.

Analizar las características sociodemográficas, su origen étnico, sus estilos de vida, sus trayectorias personales en relación a la vivienda, las pautas de cohesión social intergrupal y el acceso de estas personas a los distintos sistemas de protección social.

Elevar propuestas de actuación ante la situación de exclusión social asociada al chabolismo e infravivienda actual.

3) Incrementar el número de viviendas destinadas al alojamiento de familias provenientes de los programas de erradicación de chabolismo, priorizando las unidades de convivencia con menores.

4) Procurar la prevención de nuevos asentamientos chabolistas, en coordinación con Policía local y urbanismo, detección de unidades familiares con menores. Acción coordinada para el desmantelamiento y gestión de los recursos de alojamiento alternativo, con atención especial a las familias con menores.

5) Reforzar los equipos de intervención socioeducativa familiar. Actuación específica en las familias cuya situación está gravemente cronificada para evitar involuciones, en familias que no inician procesos de cambio o que tras varios años de intervención existe un bloqueo que impide su evolución, sobretodo por la situación en que puedan quedar los menores de edad.

6) Coordinación con entidades sociales que participan con sus intervenciones en el objetivo de erradicación del chabolismo y procurar una mejora en vida de los niños y niñas de familias que habitan en infraviviendas.

Fundamentación

La constatación de que la crisis no ha sido igual para todos, pues no todos tenemos las mismas oportunidades ni partimos del mismo lugar, rompe el mito de la igualdad de oportunidades. Si hasta hace unos años los mayores eran el grupo de población con mayor riesgo de pobreza, ésta se concentra ahora en las familias con menores, debido a que la inversión en la tercera edad no está cuestionada mientras que la inversión en infancia se ve como una responsabilidad de los progenitores. En otras palabra, los niños y niñas son ahora el rostro de la pobreza en nuestra ciudad.

El mayor impacto de la crisis en los niños y niñas es consecuencia de la situación de desempleo de los progenitores, lo que pone de manifiesto que la pobreza infantil y la falta de ocupación laboral de los padres están fuertemente relacionados, especialmente en países como el nuestro en el que el gasto social en infancia es relativamente pequeño. Los datos lo confirman: la incidencia de la pobreza es del 2% en los hogares sin menores, del 16% en los hogares con menores, del 42% en las familias monoparentales y del 44% en las familias numerosas.

Por otra parte, si analizamos la situación de las familias zaragozanas con todos o alguno de sus miembros adultos en activo, nos damos cuenta de que estar ocupado laboralmente no es garantía de bienestar social y económico, debido a las condiciones en las que se desarrollan muchos empleos y a la situación del mercado laboral, generándose una nueva categoría, la de los trabajadores pobres. Lo que pone de manifiesto que el poco empleo que se está creando se caracteriza por su condición de precariedad y temporalidad. De hecho, en Zaragoza el número de contratos indefinidos, a septiembre de 2016, ha sido de 2.749 frente a los 24.538 temporales registrados en nuestra ciudad para la misma fechas. Es evidente que de poco van a servir los recursos destinados para paliar la pobreza infantil, sino van acompañados de la creación de empleo de calidad que permita a las familias vivir con dignidad.

A la falta de un empleo estable y continuado que permita un cierto equilibrio en el nivel de vida, se une la escasez de prestaciones y ayudas al desempleo y la bajada en la calidad de las mismas, pues están perdiendo peso las prestaciones contributivas en favor de las asistenciales. Esto se debe a dos razones, la primera es que cada vez tiene más presencia el paro de larga duración, es decir, más de dos años inscrito en el SEPE, plazo a partir del cual se agotan las prestaciones contributivas y se empieza a cobrar las asistenciales, en el caso de que se tenga derecho. La segunda es la precariedad creciente del mercado de trabajo, lo que impide el acceso al segmento contributivo de un número cada vez más elevado de desempleados.

Otro factor que, junto con la temporalidad y la falta de prestaciones, afecta directamente a la calidad del empleo es la flexibilización de la jornada laboral. Cada vez se trabajan más horas y con horarios tremendamente variables de hasta 12 horas diarias o 50-60 horas semanales sin percibir las horas extra, en muchos casos. Las principales víctimas de esta situación son las mujeres que trabajan, en un alto porcentaje, unas 15 o 18 horas semanales con salarios de 300 euros mensuales, con total disponibilidad horaria e imposibilidad de tener un segundo trabajo a consecuencia de los horarios variables e imprevisibles. La situación de discriminación que vive la mujer en el mercado laboral, en la sociedad y en la familia hace necesaria la inversión en políticas de igualdad que contribuyan no sólo a equilibrar posiciones sin distinción de género sino a sacar de la exclusión a la infancia dependiente.

En definitiva, es fundamental mejorar la empleabilidad de las personas que tienen menores a su cargo si queremos luchar contra la pobreza infantil en nuestra ciudad. Se debe garantizar que trabajar sea posible y merezca la pena, identificando y abordando los elementos disuasorios específicos con los que se encuentran los progenitores a la hora de entrar, permanecer o progresar en el mercado laboral. Pero es muy importante que tengamos en cuenta que la falta de servicios de cuidados de los menores y de cuidados de larga duración, disponibles, asequibles y de calidad, debe considerarse como una fuente de fracaso de cara a la empleabilidad de las personas.

La Comisión Europea recomienda que el derecho a disponer de suficientes recursos de cuidados vaya de la mano con la disponibilidad activa para el trabajo o para la formación profesional para la obtención de un empleo. Cuando una persona se enfrenta a una falta de servicios de atención a la infancia o de cuidados a largo plazo, de servicios que estén realmente disponibles, resulten asequibles, de calidad y que a su vez respeten los tiempos de crianza de los niños, se ve obligada a quedarse en casa para cuidar de sus hijos o de sus familiares en situaciones de dependencia. Dicha persona debe ser considerada como alguien que se encuentra sin disponibilidad activa para el trabajo. Por lo tanto, debería tener derecho a recursos suficientes y a medidas de integración económica y social, diseñados para quienes no pueden trabajar. Es el caso de las familias monoparentales que se enfrentan a la disyuntiva entre tener que trabajar para garantizar unos ingresos a la familia o quedarse en casa para cuidar a los niños, por falta de facilidades adecuadas de servicios de cuidado infantil.

Los mercados de trabajo deben favorecer por tanto la inserción de las personas con responsabilidades familiares, pero ofreciéndoles puestos de trabajo dignos. Los salarios decentes son esenciales para luchar contra la pobreza entre los trabajadores y trabajadoras. Es indispensable que los salarios hagan que el trabajo sea más atractivo, especialmente que permitan compensar los costes de los servicios de guardería o de cuidado a largo plazo para otras personas dependientes (discapacitados, ancianos). Desde esta perspectiva, el trabajo a tiempo parcial no sólo debe mejorar en términos de remuneración, sino también en términos de derechos sociales y de situación en el mercado laboral.

La seguridad en el empleo, a su vez, es indispensable para proporcionar a las familias la estabilidad necesaria para el bienestar de los niños, y es un requisito previo para la aplicación de medidas eficaces para conciliar la vida laboral y familiar. Es necesario que las condiciones de trabajo y el tiempo de trabajo respeten la vida familiar. En relación con la calidad de los empleos, se debe hacer un esfuerzo especial para asegurar que los trabajadores inmigrantes y de minorías étnicas no sean discriminados, no se vean sistemáticamente relegados a empleos de baja calidad, y puedan ejercer plenamente sus derechos como trabajadores.

Por último decir que es necesario que los mercados laborales promuevan una mejor integración de aquellas personas que se reinsertan después de una interrupción larga de su carrera laboral, en particular, la inclusión de las mujeres que se quedaron en casa para cuidar a los hijos. Para ellas es imprescindible contar con servicios de apoyo para la búsqueda de empleo, personalizados y adaptados (mediante la identificación de las necesidades de estas personas), y contar también con una formación adecuada.

Objetivos específicos

  • Facilitar la inclusión activa que fomente la igualdad de oportunidades, la participación activa y la mejora de la empleabilidad de los padres y madres en el mercado laboral, en particular a los más alejados del mismo y a los hogares con menores que presentan mayor riesgo de exclusión.
  • Desarrollar mercados laborales inclusivos para los colectivos con especiales dificultades de inserción sociolaboral, promoviendo itinerarios integrales de inserción, la responsabilidad social de las empresas en este ámbito y procurando las medidas de apoyo y acompañamiento pertinentes.
  • Ofrecer apoyo en formación, atención y orientación en el proceso de búsqueda de empleo.
  • Fomentar la igualdad de género en el ámbito sociolaboral.
  • Atender las necesidades laborales de la población inmigrante en riesgo de exclusión.
  • Promocionar la economía social para hacer frente a los retos sociales.

Actuaciones

1) Fomentar la inserción social de las personas en riesgo de exclusión, mejorando sus capacidades, mediante el desarrollo de itinerarios de inserción personalizados y el acompañamiento social en el puesto de trabajo.

2) Ampliar los programas que fomentan la inclusión social mediante la formación y ocupación de desempleados de larga duración mayores de 45 años y perceptores del Ingreso Aragonés de Inserción, a tra- vés de la microactuación en viviendas de personas sin recursos, a todos los barrios de la ciudad.

3) Mantener convenios de colaboración con entidades sociales que tienen como objetivo fomentar la inserción sociolaboral de personas en situación de riesgo o de exclusión social.

4) Ofrecer información, recursos y atención básica a todas las personas de la ciudad que están buscando empleo de forma activa: «Zona Empleo».

5) Desarrollar programas grupales de «Entrenamiento para la búsqueda de empleo y mejora de la empleabilidad» con padres y madres en paro y con problemas de empleabilidad, como forma dinámica, práctica y abierta de motivar y orientar en el camino de búsqueda de empleo.

6) Reforzar el Programa Zaragoza Incluye que desarrolla proyectos de orientación laboral individualizada, seguimiento de itinerarios de inserción, mejora de habilidades sociales, capacitación profesional e intermediación con empresas.

7) Ofrecer formación específica para desempleados y desempleadas, de unidades familiares con menores, para mejorar su empleabilidad y sus condiciones de acceso al mercado laboral. Y facilitarles itinerarios de inserción sociolaboral, ajustados a sus necesidades y capacidades.

8) Realizar cursos de capacitación profesional que tienen como objetivo ampliar la presencia de mujeres en profesiones en las que, por razones de género, están subrepresentadas y reducir las desigualdades en el mercado laboral derivadas de la socialización entre hombres y mujeres.

9) Orientar a las mujeres en su proceso de inserción sociolaboral, atendiendo las dificultades derivadas de la desigualdad de género.

10) Apoyar la creación y el mantenimiento de las empresas y entidades sociales especialmente centradas en aquellos ámbitos en los que surgen nuevas oportunidades de empleo para las personas menos cualificadas, a través de subvenciones y convenios.

11) Llevar a cabo un mapeo en la página web municipal para mostrar un listado de las entidades de emprendimiento inclusivo a la vez que un mapa interactivo con la localización de las mismas, que permitia un acceso fácil y rápido a las personas interesadas a la información, temática, recursos y contacto de cada una de las organizaciones.

12) Promover talleres de formación gratuitos dirigidos al colectivo inmigrante de la ciudad de Zaragoza, especialmente afectada por la exclusión sociolaboral y con unidades familiares con hijos e hijas. Estos talleres englobarían ayuda a la alfabetización, técnicas y herramientas para la búsqueda de empleo, habilidades sociales y prelaborales.

13) Garantizar el acceso adecuado a la información sobre trámites y documentación necesarios para la garantía de las rentas mínimas, evitando obstáculos culturales o lingüísticos.

14) Incrementar el Servicio de Ayuda a Domicilio en su modalidad «por causas sobrevenidas», tanto en el tiempo del recurso como en la naturaleza de las causas, en relación con la inserción laboral (p.e. entrevista laboral, acudir a un servicio de orientación, etc.).

15) Abordar obstáculos como el coste, la disponibilidad y el acceso a recursos públicos de información y comunicación (internet) para garantizar que las familias con menores recursos económicos y culturales puedan disponer de la información necesaria para un desarrollo personal y social del que se ven excluidos por la falta de trabajo, recursos y, en definitiva, por la situación de pobreza.

16) Generar procesos y recursos que favorezcan la adquisición de habilidades, y la tutorización de procesos educativos y formativos, en el uso de los recursos tecnológicos y telemáticos.