Se entiende por responsabilidad patrimonial de la Administración al reconocimiento del derecho a indemnización por las lesiones o los daños ocasionados a los ciudadanos en cualquiera de sus bienes o derechos como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar.

Este procedimiento se iniciará y se regirá con carácter general por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuya regulación incluye el procedimiento de reclamación de responsabilidad de éstas.

También serán de aplicación para el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial en que incurran las Administraciones Públicas cuando actúen en relaciones de Derecho privado.