El Ayuntamiento modificará la normativa de las ayudas de urgencia para evitar que la ausencia de Presupuestos Generales del Estado deje fuera a familias necesitadas
La ausencia de nuevos PGE desde 2023 ha impedido actualizar el IPREM, el indicador que determina los límites de ingresos para acceder a estas prestaciones municipales
El Ayuntamiento introducirá un cambio relevante en la ordenanza, para que el baremo pueda ampliarse, se acuerdo a la evolución de la economía, cuando el Estado no revise anualmente el IPREM
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La falta de actualización del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), como consecuencia de la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado desde 2023, puede convertirse en una barrera para acceder a las ayudas municipales de urgencia. Los límites de ingresos establecidos en la normativa, vinculados a este indicador, permanecen anclados en una referencia que no evoluciona al ritmo de las condiciones económicas actuales y pueden dejar fuera a familias que atraviesan situaciones de necesidad. Para evitarlo, el Ayuntamiento de Zaragoza plantea modificar la ordenanza municipal e introducir un mecanismo que permita adaptar esos umbrales cuando el Estado no actualice anualmente el IPREM.
La propuesta consiste en modificar el artículo 11 de la Ordenanza de Prestaciones Económicas de Urgente Necesidad e incorporar una previsión transitoria que faculte al Gobierno de Zaragoza para modificar el coeficiente multiplicador aplicado al indicador en esos supuestos. De esta forma, el Ayuntamiento dispondría de una herramienta para ajustar los requisitos económicos de acceso a estas prestaciones sin depender exclusivamente de las actualizaciones estatales.
Actualmente, la ordenanza establece como límite de ingresos de la unidad familiar 1,25 veces el IPREM, una cantidad que se incrementa un 20% por cada miembro adicional a partir del segundo. La falta de actualización de este indicador desde 2023, unida al incremento del IPC, ha provocado un desfase entre los umbrales económicos recogidos en la normativa y la realidad del coste de la vida.
Con esta modificación, el Ayuntamiento busca evitar que la falta de actualización de un indicador estatal termine perjudicando a las familias que necesitan las prestaciones municipales de urgente necesidad, dotando al Gobierno de Zaragoza de capacidad para adaptar los límites económicos a las circunstancias existentes.
La iniciativa comienza ahora su tramitación con la apertura de la consulta pública previa, un proceso en el que la ciudadanía y las organizaciones potencialmente afectadas podrán trasladar sus opiniones y aportaciones antes de que avance la modificación de la ordenanza.
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