Zaragoza aprueba reclamar al Gobierno de España los gastos extraordinarios del proceso de regularización de inmigrantes

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Zaragoza ha aprobado hoy reclamar al Gobierno de España los gastos extraordinarios ocasionados por la aplicación del decreto para la regularización de inmigrantes, al entender que este procedimiento debería tener una memoria económica y una dotación extraordinaria para su gestión.

La consejera de Políticas Sociales del Ayuntamiento, Marian Orós, ha informado hoy en rueda de prensa del acuerdo de Gobierno que ha aprobado "iniciar los procedimientos e impulsar las acciones legales procedentes para reclamar al Gobierno de España el reconocimiento del derecho del Ayuntamiento a ser indemnizado como consecuencia de los gastos extraordinarios ocasionados por la aplicación del real decreto sobre derechos y libertades de los extranjeros".

Ante una regularización extraordinaria, "lo lógico habría sido que este decreto fuera acompañado de una memoria económica y una dotación extraordinaria, cuando además el Gobierno de España va a recaudar, mediante tasas, cerca de 20 millones de euros si son 500.000 inmigrantes los regularizados o 40 millones, si son un millón", ha apuntado Orós.

Por ello, y ante la falta de esa memoria económica, el Gobierno municipal ha aprobado recopilar los gastos extraordinarios que suponga este proceso al Ayuntamiento para reclamarlos al Gobierno de España, porque "estamos cansados del yo invito y tú pagas", ha recalcado.

Mientras, tanto y desde que se inició el proceso, el Ayuntamiento de Zaragoza ha atendido a las personas inmigrantes, pese a ser un decreto que ha supuesto "un casos nacional para cualquier ciudad", que fue "impuesto sin transparencia ni planificación" y "sin contar con las administraciones locales ni con las entidades". "La falta de información y coordinación ha sido la guía que ha marcado este proceso", generando "tensión" en los Ayuntamientos y a las personas inmigrantes, ha indicado.

Y todo ello, ha recordado, después de que el Ayuntamiento solicitara ya el 28 de febrero al delegado de Gobierno en Aragón más información sobre la aplicación del decreto, una solicitud a la que contestaron diciendo que no era competencia municipal. "Lo siguiente que vimos fueron las colas a las puertas de los Ayuntamientos", ha afirmado.

Pese a este "caos", el Gobierno municipal actuó con rapidez para organizar el dispositivo sin afectar al funcionamiento ordinario de los servicios sociales y buscando la mayor eficacia.

959 informes de vulnerabilidad en nueve días

Desde que la gestión de los informes de vulnerabilidad se centralizó en la Casa de las Culturas, el pasado 27 de abril, el Ayuntamiento ha atendido a 3.392 personas a través de la línea 900 habilitada y se han asignado ya por el mismo medio un total 3.164 citas, que llegan hasta la primera semana de junio. Hasta el 7 de mayo y en nueve días (ya que hubo un puente festivo), se han elaborado ya 959 informes de vulnerabilidad.

En este sentido, la consejera ha apuntado que, a finales de mes, el Gobierno municipal valorará si es necesario reforzar el operativo, aunque, ha puntualizado, que esto estará supeditado a si el Gobierno de España decide ampliar el plazo y al pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre el procedimiento, que se espera conocer este mes de mayo.

Desde los primeros días, el Ayuntamiento de Zaragoza adoptó medidas para poder atender la avalancha de solicitudes y a las personas que desde primera hora hacían fila a las puertas del Consistorio para ser atendidas. En concreto, se adaptó el modelo de acreditación de la vulnerabilidad para poder continuar con su evaluación mientras el Gobierno no resuelva las dudas jurídicas existentes; se habilitó agendas de cita previa a través de la línea 900 700 107; se recopilaron las solicitudes registradas; y se facilitó a los profesionales de la Casa de las Culturas el acceso a las aplicaciones de Servicios Sociales para la gestión y verificación de los expedientes.