El Ayuntamiento de Zaragoza centralizará en la Casa de las Culturas la elaboración de informes de vulnerabilidad para el proceso de regularización de inmigrantes
Este lunes se iniciará la atención presencial en la Casa de las Culturas, con cita previa y refuerzo de personal, para acreditar la vulnerabilidad de los solicitantes con las necesarias garantías jurídicas
La consejera Marian Orós ha reclamado al Gobierno de España aclaraciones urgentes sobre los criterios de evaluación de aquellas personas que no tienen ficha con los servicios sociales
El Registro Municipal de la Plaza del Pilar seguirá atendiendo las solicitudes sobre los certificados de empadronamiento
Cuerpo de la noticia
El Ayuntamiento de Zaragoza, a través del área de Políticas Sociales, comenzará el próximo lunes la elaboración de informes de vulnerabilidad dirigidos a personas migrantes en la Casa de las Culturas, equipamiento de referencia en la ciudad para la atención a este colectivo. Así lo ha anunciado la consejera Marian Orós durante la Comisión plenaria del área.
Esta actuación forma parte del operativo diseñado por el Consistorio en los últimos días para dar respuesta al proceso de regularización masiva de inmigrantes impulsado por el Gobierno de España. Ayer, el Ayuntamiento remitió un requerimiento al Delegado del Gobierno solicitando aclaraciones sobre diversos aspectos del decreto, en base al informe de la asesoría jurídica municipal, al tiempo que ha avanzado en la organización del servicio.
El servicio se centralizará en la Casa de las Culturas, con atención en horario de mañana y tarde, y contará inicialmente con un equipo de aproximadamente 15 profesionales, entre trabajadores sociales y personal administrativo, reforzado con la colaboración de los centros municipales de servicios sociales para contrastar la información. En el Registro Municipal de la Plaza del Pilar se seguirá atendiendo a aquellas personas que soliciten el certificado de empadronamiento, que muchas de ellas necesitan para acreditar su estancia en España durante el plazo mínimo que establece el real decreto de regularización.
"Desde el lunes se va a empezar a elaborar los informes de vulnerabilidad, pero con garantías", ha señalado Orós, quien ha explicado que "es sencillo acreditar la situación de aquellas personas que ya están en contacto con los servicios sociales, pero estamos a la espera de que el Gobierno de España nos clarifique los criterios objetivos para poder hacerlo con plena seguridad jurídica".
Entre las medidas adoptadas por el Ayuntamiento en los últimos días, se ha adaptado el modelo de acreditación de la vulnerabilidad para poder continuar con su evaluación mientras el Gobierno no resuelva las dudas jurídicas existentes; se han habilitado agendas de cita previa a través de la línea 900 700 107; se han recopilado las solicitudes registradas; y se ha facilitado a los profesionales de la Casa de las Culturas el acceso a las aplicaciones de Servicios Sociales para la gestión y verificación de los expedientes.
La consejera ha subrayado que el Gobierno municipal ha actuado con rapidez para organizar el dispositivo sin afectar al funcionamiento ordinario de los servicios sociales: "Este Ayuntamiento no va a colapsar los centros municipales. No vamos a permitir que una persona que necesita una ayuda urgente, una ayuda a domicilio, teleasietencia o cualquier otra prestación tenga que esperar semanas por el caos que este proceso ha generado".
"OPACIDAD Y FALTA DE PLANIFICACIÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA"
Durante su intervención, Orós ha sido crítica con la gestión estatal del proceso de regularización, al que ha calificado como "un real decreto impuesto y opaco, del que los ayuntamientos y las entidades sociales nos hemos enterado por los medios de comunicación y por el BOE".
Asimismo, ha denunciado la "falta de planificación" y las consecuencias que ya se están evidenciando: "El falso buenismo del Gobierno de España, sin control ni organización, está generando caos y frustración, tanto en las administraciones locales como en las propias personas migrantes, que tienen una sensación de estafa y de trampa".
La consejera también ha recordado que el informe del Consejo de Estado sobre este proceso es "demoledor" y ha criticado la "improvisación" del Ejecutivo central: "Si hubieran querido hacerlo bien y de manera ordenada, lo habrían planteado de otra forma".
Por último, ha insistido en la necesidad de que el Gobierno responda con urgencia al requerimiento enviado por el Ayuntamiento para poder seguir avanzando "con seguridad, rigor y garantías jurídicas" en la atención a las personas afectadas.
Más Noticias