Sesiones Plenarias

Una de las obligaciones de cualquier Ayuntamiento, como Administración más cercana, es facilitar la vida a los ciudadanos ofreciendo los servicios públicos que son de su competencia de la manera más eficaz y eficiente. En este sentido, una de las cuestiones pendientes de mejorar es la simplificación administrativa, difícil de lograr mientras nos enfrentemos a la maraña legislativa existente en nuestro país, fuente de inseguridad jurídica y de los elevados costes de gestión que soportan la Administración y el ciudadano.

Tal dispersión normativa y la excesiva regulación acumulada durante las ultimas décadas hacen más que necesario el esfuerzo por lograr la simplificación normativa y la elaboración de textos refundidos que supriman normativa redundante, desactualizada y duplicada. España supera, hoy por hoy, el millón de páginas anuales de regulación en los diferentes boletines oficiales, y desde luego, se está incumpliendo el principio de la Unión Europea "one in, one out" que evite la inflación normativa.

Es tal la complejidad, dispersión, densidad de la regulación, por desproporcionada, confusa y duplicada, que progresivamente va limitando la competitividad de nuestras empresas por el exceso de cargas burocráticas que impone, sobre todo a nuestros autónomos y micropymes, tal y como la CEOE ha detallado en su informe "Legislar simplificando y creando valor". O la propia Comisión Europea cuando advertía a nuestro país del carácter restrictivo y fragmentado de la regulación, que impide a nuestras empresas aprovechar las economías de escala aumentando la brecha de productividad y socavando la capacidad de absorción de tecnología. La propia Comisión Europea, de hecho, señaló además a España como la segunda economía europea con más restricciones operativas a la actividad del sector del comercio.

Es más que necesaria, entre otras cuestiones, una coordinación no sólo entre diferentes administraciones en virtud de la Ley de Garantía de la Unidad del Mercado, sino incluso dentro de la misma administración local. Y pensando en la ciudadanía, es objetivo irrenunciable potenciar las tramitaciones electrónicas, sin menoscabar tampoco la atención presencial, e impulsar la utilización de plataformas tecnológicas y el intercambio de información entre los distintos niveles de la Administración.

Por todo ello, sería necesario elaborar un plan de trabajo con el objetivo específico de diminuir el número de normas durante la presente corporación, apostando por la eficiencia, la predictibilidad y la agilidad. En una primera fase, revisando e identificando las disposiciones obsoletas, inaplicables y solapadas, y en una segunda en la que se analicen los trámites administrativos innecesarios. Hay que solicitar a la Administración autonómica
o estatal las pertinentes modificaciones normativas y una derogación efectiva de toda la normativa innecesaria y obsoleta.

El precedente del Ayuntamiento de Madrid indica que se ha suprimido aproximadamente un 14% de la normativa y ha estimado un ahorro de costes administrativos por valor de 65 millones de euros tanto para la Administración como para la ciudadanía, al margen de una previsión de reducción media de 39 días en los plazos de tramitación y resolución de los procedimientos en expedientes administrativos.

Adicionalmente sería necesario, emulando, por ejemplo, al Ayuntamiento de Madrid la edición de un documento compilado de legislación municipal con un lenguaje claro y sencillo que permita a la ciudadanía su fácil lectura y comprensión. Y de forma paralela, la ejecución de un plan más ambicioso de digitalización de las plataformas para que, por un lado, los ciudadanos puedan realizar con mayor comodidad un abanico más amplio de trámites, en especial los más habituales, y por otro, con la implantación de sistemas de robotización y actuación automatizada de procedimientos en expedientes voluminosos y repetitivos. Habría que maximizar en este punto el acceso a los 391 ,4 millones de euros previstos para la transformación digital de las administraciones locales en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Todo ello, además, llevado a cabo de forma paralela con el estudio para su eliminación de todas las duplicidades interadministrativas y exceso de organismos en que incurre este Ayuntamiento, dentro de su propia estructura y con otras Administraciones con las que comparte y solapa competencias, incumpliendo el elemental y razonable principio de "una competencia, una administración".

La modernización de este Ayuntamiento, una mejor atención a la ciudadanía, una mayor seguridad jurídica, una mayor agilidad administrativa y la simplificación administrativa son razones suficientes que justifican la oportunidad de esta propuesta.

Por todo ello se presenta la siguiente

MOCIÓN

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno municipal a:

1. Elaborar un plan específico, contemplando todas las Áreas municipales, que detalle de manera pormenorizada un calendario de actuaciones para la simplificación normativa y la derogación de disposiciones obsoletas.
2. Analizar los procedimientos más habituales de los zaragozanos para su completa digitalización de forma complementaria a la atención presencial e implantación selectiva de sistemas de robotización y automatización de procedimientos en la administración local.
3. Establecer un plan de formació capacitación digital los empleados públicos y la elaboración de responsables por Áreas que detecten las necesidades de digitalización de procesos.