Declaración Institucional sobre la lucha contra el fraude.
El Pleno municipal de 25 de febrero de 2022, adoptó está Declaración Institucional sobre la lucha contra el fraude, en la que se manifiesta su decidida voluntad de combatir el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses en la gestión de fondos públicos en general así como los que lleguen del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, comprometiéndose a implementar los estándares más altos en el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, y respetar los principios de integridad, imparcialidad, objetividad y honestidad.
Obligación
Normativa
Plan de medidas antifraude aprobado el 11 de marzo de 2022 por el Gobierno de Zaragoza, que se aplicará en la ejecución de los proyectos ejecutados por el Ayuntamiento de Zaragoza que sean financiados con cargo a Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Capítulo III.- Medidas de lucha contra el fraude y la corrupción
art.10. Medidas de prevención.
"a) Formular una declaración institucional en la cual se recoja la postura oficial del Ayuntamiento de Zaragoza respecto de su decidida voluntad de combatir el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses en la gestión de los fondos públicos en general incluyendo los que provengan del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esta declaración institucional se dará a conocer a todo el personal municipal y se publicará en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Zaragoza"
Ficha
- Fecha de creación 01 diciembre 2022
- Última modificación 19 diciembre 2022
Datos
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Cobertura temporal
- Inicio 25 febrero 2022
Gobierno de Zaragoza
Obligación
Mediante esta Declaración Institucional, aprobada por el Pleno y suscrita por todos los grupos municipales con representación, el Ayuntamiento de Zaragoza ratifica su compromiso firme en la lucha contra el fraude y su política de tolerancia cero frente al fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, diseñando un sistema para, en la medida de lo posible, prevenir, detectar, corregir y perseguir las actuaciones fraudulentas o cualquier práctica que se aleje de un comportamiento ético en el uso de los fondos públicos, así como para corregir su impacto, en caso de producirse.
