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En situaciones de insolvencia (exista o no insuficiencia patrimonial) en que existe una pluralidad de acreedores, el legislador contempla como solución la tramitación de un procedimiento de ejecución colectiva: el concurso de acreedores que tiene como fin primordial que estos vean satisfechos sus créditos en la mayor cuantía posible. A diferencia de lo que sucede en otros países, en España, este procedimiento es único y debe utilizarse para resolver situaciones de insolvencia y sobreendeudamiento con independencia de si el deudor es o no un consumidor. No hay un procedimiento específico pensado para consumidores.