Zaragoza reclama de nuevo al Gobierno de España planificación, financiación y coordinación ante la regularización masiva de inmigrantes y la presión sobre los servicios públicos

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El Ayuntamiento de Zaragoza ha reiterado al Gobierno de España la necesidad de contar con una planificación rigurosa, financiación suficiente y una coordinación efectiva ante la modificación del Real Decreto 1155/2024, que supondrá la regularización masiva de cientos de miles de personas migrantes en España.

Así lo ha expresado la consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, quien ha ha señalado que el decreto "está generando ya un caos de gestión", evidenciado en la saturación registrada en las últimas horas en el 010, los centros municipales de servicios sociales, las juntas de distrito y el Registro Municipal. Según ha explicado, el Ayuntamiento ha tenido conocimiento de la medida "por los medios de comunicación y el BOE", sin que haya existido comunicación previa ni coordinación institucional por parte del Gobierno central ni de la Delegación del Gobierno.

La consejera ha criticado que se trata de una norma "mal planificada, sin financiación y sin criterios claros", que ha transformado lo que podría ser una oportunidad en "un problema de gestión". En este sentido, ha defendido una política migratoria "ordenada, regular y vinculada al empleo y la inclusión", frente a lo que ha calificado como una regularización "improvisada".

SIN INFORMACIÓN NI FINANCIACIÓN PARA LOS AYUNTAMIENTOS

Desde el Ayuntamiento se está trabajando actualmente en la recopilación y análisis de la escasa información disponible, tanto desde el punto de vista jurídico como social y presupuestario, a la espera de que el Gobierno de España aporte aclaraciones sobre el alcance de la medida y las responsabilidades de las entidades locales.

Orós ha subrayado que el decreto no incluye una memoria de impacto económico, tal y como ha advertido el Consejo de Estado, ni establece previsiones de financiación para las entidades locales. Asimismo, ha denunciado la ausencia de criterios objetivos para determinar la situación de vulnerabilidad de las personas afectadas, así como la falta de definición sobre qué administraciones o entidades serán competentes en la tramitación de los expedientes.

En este contexto, ha alertado de que la norma podría suponer la regularización de entre 15.000 y 20.000 personas en Aragón, sin que se haya evaluado su impacto en servicios públicos. La consejera también ha hecho referencia a las advertencias de sindicatos policiales sobre el procedimiento, señalando que la exclusión de la Policía Nacional en determinadas fases del control administrativo podría reducir las garantías y aumentar el riesgo de errores o fraudes en la verificación de identidad y antecedentes.

En cuanto a la participación del tercer sector, Orós ha indicado que en Zaragoza cinco entidades se han inscrito para colaborar en la elaboración de informes de vulnerabilidad, aunque su actuación se limitará a las personas que ya atienden en sus propios recursos.

"Se está trasladando una carga administrativa a los ayuntamientos que no podemos asumir con garantías, tensionando aún más unos servicios que ya están al límite", ha afirmado. En este sentido, ha resumido la situación señalando que el decreto responde a un modelo de "yo invito y otros pagan".

Por todo ello, el Ayuntamiento de Zaragoza va a solicitar formalmente al Gobierno de España información detallada, recursos económicos y una clarificación urgente de los términos del decreto, con el objetivo de poder garantizar una atención adecuada y ordenada.

Finalmente, Orós ha reiterado el rechazo del Consistorio a una medida que considera "improvisada, opaca y sin planificación", y ha reclamado una política migratoria "responsable, coordinada y sostenible", que tenga en cuenta el impacto real en las ciudades y en la convivencia.

"Además, el proceso de regularización masiva no es más que un parche temporal, no soluciona el problema, porque no podemos olvidar que las personas migrantes siguen llegando a nuestro país en situación irregular", ha indicado la consejera, quien ha apuntado a la "falta de transparencia del Gobierno de España". 

PRESIÓN CRECIENTE EN EL ALBERGUE MUNICIPAL

Durante su intervención, Orós ha puesto el foco en la situación del Albergue Municipal, donde las personas migrantes representan el 80% del total. El perfil mayoritario es el de origen africano, un 65%, y destaca en particular el elevado número de personas con derecho a protección internacional, que deberían estar siendo atendidas en recursos estatales.

Actualmente, el Albergue acoge a 59 personas en esta situación, procedentes principalmente de Mali (40) y Burkina Faso (17), además de Somalia (2). "Estas personas tienen derecho a ser atendidas por el sistema estatal de acogida, pero están siendo asumidas por el Ayuntamiento de Zaragoza", ha denunciado. Según los últimos datos oficiales del propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el sistema de protección internacional, dependiente del Gobierno de España a través de convenios con entidades sociales, cuenta en Zaragoza con 323 plazas vacantes, el 17% del total.

"Estamos hablando de un volumen muy significativo de personas que deberían estar en recursos del Estado. Esta situación limita nuestra capacidad para atender otras emergencias sociales que siguen produciéndose en la ciudad", ha explicado Orós. Ha recordado que el Ayuntamiento ha invertido 5 millones en la ampliación y reforma del Albergue, ha reforzado el personal, ha incrementado los convenios con las entidades sociales que trabajan con personas sin hogar y ha puesto a disposición más pisos tutelados, "pero la sensación es que nada es suficiente".

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha solicitado al Gobierno de España la derivación urgente de estas personas a los recursos estatales correspondientes, así como la puesta en marcha de mecanismos de coordinación que eviten que esta situación se repita. "Pedimos que se actúe con la máxima urgencia. La situación administrativa de estas personas no puede ser una excusa para retrasar su acceso a los recursos a los que tienen derecho", ha señalado la consejera.