Sesiones Plenarias

MOCIÓN DE URGENCIA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL VOX PARA SU DEBATE Y VOTACIÓN EN EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2026

Aún no nos habíamos repuesto del inmenso dolor por la pérdida de 46 vidas en el siniestro ferroviario de Adamuz, el pasado 18 de enero, o la del fallecimiento de un maquinista de Rodalies, el pasado 20 de enero, cuando sufrimos una vez más otra tragedia ferroviaria el 28 de octubre en las inmediaciones de Urda causando la muerte a otras 69 personas. Trasladamos nuestras más sinceras condolencias a los familiares de las víctimas víctimas mortales, nuestra solidaridad con los heridos y afectados y nuestro reconocimiento a los servicios de emergencia y a todos los profesionales que han trabajado en unas circunstancias dramáticas.

La tragedia ocasionada por una colisión se ha llevado por delante la vida de muchas personas inocentes una vez más. Y la pavorosa magnitud del siniestro obligó a activar los dispositivos de emergencia y a interrumpir de forma indefinida la circulación ferroviaria en el corredor de alta velocidad Madrid-Andalucía.

Todavía deben esclarecerse, para elevarse a definitivas por la Justicia, la secuencia exacta de causas del fatal siniestro con las pertinentes investigaciones técnicas, pero la extraordinaria gravedad de lo sucedido exige algo más que comunicados de condolencia o la impostada dimisión del ex-ministro Puente, a quien por cierto le faltó tiempo para endosarle directamente la responsabilidad a un operario en un ejercicio de cobardía. Contrastando con lo anterior, y en un ejercicio de responsabilidad y respeto a la víctimas, nuestro partido ya ha acudido a la Justicia por un posible delito de homicidio y lesiones imprudentes. Y mientras se aclara todo, debemos soportar diariamente noticias de la presunta corrupción que ha contaminado la gestión pública desde el Ministerio de Transportes, como las imágenes de la UCO acudiendo a la sede de ADIF para requerir información sobre presuntos amaños en contratos de obra pública o deteniendo en el mismo día a varias personas por su posible implicación en mordidas.

Por tanto, es imperativo ahora más que nunca exigir transparencia, investigación, responsabilidades, planificación e inversiones. Y no estamos hablando de una avería, de retrasos o de molestias a los viajeros, cuando un ciudadano sube a un tren tiene derecho a confiar en que las vías están correctamente mantenidas, que los sistemas de señalización funcionan y que todos los protocolos de seguridad se cumplen. Esa confianza no puede quebrarse jamás por la negligencia, la falta de previsión o la irresponsabilidad de quienes tienen la obligación de protegerla. Ya llevamos más de un centenar de víctimas mortales por la negligente gestión del actual Gobierno de España, líder mundial en siniestralidad ferroviaria con mucha diferencia y multiplicando por veinte la siniestralidad de países como Etiopía, o por cuarenta la de Bangladesh. A ése nivel de subdesarrollo y tragedia nos ha llevado el actual Ejecutivo español.

Pero, ante todo, sería irresponsable ignorar también el problema estructural de insuficiencia inversora y mantenimiento que afecta a las infraestructuras españolas. España arrastra un déficit inversor en infraestructuras que se ha ido agravando durante años y ése va a ser uno de los más tristes legados del actual del actual gobierno de izquierda.

Pero el problema no lo tenemos sólo en construir más o menos, sino en conservar peor y de forma muy precaria lo que ya tenemos.

Y, si nos ceñimos al sector ferroviario, España deberla haber incrementado un 37 % la inversión por cada 1.000 kilómetros de vía para alcanzar la media europea. Son datos que obligan a revisar las prioridades presupuestarias. Una infraestructura no se conserva con anuncios ni con fotografías de inauguraciones. Se conserva mediante inspecciones, renovación de componentes, mantenimiento preventivo, personal especializado y recursos suficientes para intervenir antes de que aparezcan situaciones de riesgo. Es una obligación de los poderes públicos y una condición indispensable para proteger vidas humanas y ello habría ahorrado la pérdida de casi un centenar de compatriotas.

En una red ferroviaria moderna, la seguridad depende de múltiples elementos que deben funcionar de manera coordinada: el estado de los carriles y las traviesas, los sistemas de bloqueo y señalización, los enclavamientos, las comunicaciones, los sistemas automáticos de protección y la formación y disponibilidad del personal.

Una colisión entre trenes obliga, entre otras cuestiones, a investigar el funcionamiento de los sistemas de detección, señalización y protección automática, la información transmitida a los maquinistas, los registros de circulación y las órdenes operativas. Debe conocerse si existió alguna anomalía, si fue detectada, si se comunicó y qué medidas se adoptaron.

No basta con reaccionar después de una tragedia. La verdadera responsabilidad de una Administración consiste en anticiparse, detectar los riesgos y corregirlos antes de que se conviertan en siniestros.

La situación resulta especialmente indignante cuando se contrasta con el esfuerzo fiscal que soportan los españoles. Familias, autónomos y empresas llevan años soportando sucesivas subidas de impuestos, cotizaciones y cargas económicas. Los recuentos del Instituto Juan de Mariana, por ejemplo, contabilizan ya 141 subidas tributarias y de cotizaciones desde 2018.

Mientras tanto, España era el segundo país de la Unión Europea que menos gastaba en servicios públicos, pese a que las Administraciones habían absorbado el 73% de los fondos Next Generation. La pregunta que debemos trasladar al Gobierno es sencilla:

¿Dónde está el retorno del esfuerzo económico que realizan los españoles? Mientras se destina dinero público, tras expoliar el bolsillo de los españoles, a financiar fiestas en paradores nacionales a miembros del actual gobierno para saciar sus personales instintos y con compañías de dudosa reputación, tenemos como resultado que utilizar los servicios públicos puede costamos la vida.

En suma, la corrupción mata.

La gestión de la red ferroviaria corresponde fundamentalmente al Gobierno de España, al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a ADIF y a las empresas ferroviarias, dentro de sus respectivas competencias. La investigación deberá determinar si existieron deficiencias en la infraestructura, fallos en los sistemas de señalización y protección, incumplimientos de protocolos o actuaciones negligentes en las tareas de mantenimiento y supervisión. Pero también debe quedar claro que la responsabilidad política no puede esconderse detrás de una investigación técnica ni esperar indefinidamente a que concluyan los procedimientos judiciales.

Los responsables públicos deben responder por las decisiones adoptadas, por la gestión de los recursos y por el cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas. Si se acreditan deficiencias graves de gestión, deberán asumirse las consecuencias polfticas correspondientes, incluido el cese o la dimisión de quienes resulten responsables.

Y si de la investigación se desprenden indicios de delito, deberán ponerse a disposición de la autoridad judicial para que se depuren todas las responsabilidades penales que procedan. No se trata de anticipar cu lpabilidades ni de instrumentalizar el dolor de las víctimas. Se trata precisamente de lo contrario: de impedir que la gravedad de una tragedia quede sepultada bajoexcusas, silencios o cálculos partidistas. Las víctimas merecen verdad. Sus familias merecen justicia. Y los ciudadanos merecen garantías de que se adoptarán todas las medidas necesarias para evitar que algo semejante vuelva a suceder.

Y, para finalizar, y a nivel municipal Zaragoza es uno de los principales nodos ferroviarios de España. Su posición estratégica en el corredor Madrid-Barcelona y su importancia en el transporte de mercancías y viajeros hacen que la seguridad y fiabilidad de sus conexiones sean fundamentales para nuestra ciudad y para el conjunto de Aragón. Nuestra economía depende en buena medida de unas infraestructuras capaces de garantizar la movilidad de personas, la actividad industrial y logística y la competitividad de nuestras empresas. Por ello, Zaragoza no puede permanecer al margen de este debate. Necesitamos inversiones efectivas en las conexiones de alta velocidad, en la red convencional y en las infraestructuras ferroviarias de mercancías. No podemos conformarnos con anuncios reiterados, proyectos que se retrasan o compromisos presupuestarios que no terminan ejecutándose.

La seguridad ferroviaria no puede depender del color político del Gobierno de turno ni de la rentabilidad electoral de las inversiones. Debe ser una prioridad nacional y una obligación permanente. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal VOX considera imprescindible que el Ayuntamiento de Zaragoza reclame al Gobierno de España un cambio urgente de prioridades: más inversión, más mantenimiento, mayor control, transparencia y responsabilidades.

Por todo ello, el grupo municipal de VOX presenta la siguiente:

MOCIÓN

PRIMERO. El Ayuntamiento de Zaragoza expresa su profundo pesar por las víctimas del siniestro ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), traslada sus condolencias a sus familiares, deseando una pronta recuperación a los herido y manifiesta su solidaridad con todas las personas afectadas, reconociendo la labor de los servicios de emergencia y de los profesionales que intervienen en la atención a las víctimas.

SEGUNDO. El Ayuntamiento de Zaragoza insta al futuro Gobierno de España a realizar una auditoría técnica independiente e integral de la red ferroviaria española que evalúe su estado real de conservación, mantenimiento y seguridad, incluyendo vías, carriles, traviesas, señalización, sistemas de bloqueo, comunicaciones y protección automática de trenes. La auditoría deberá identificar las incidencias registradas, las necesidades de renovación y las actuaciones pendientes, haciendo públicas sus conclusiones y estableciendo un calendario de medidas correctoras.

TERCERO. El Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de España a incrementar sustancialmente las inversiones destinadas a la conservación, renovación, mantenimiento y modernización de las infraestructuras ferroviarias mediante un plan plurianual, dotado de financiación suficiente y compromisos de ejecución verificables. Asimismo, reclama la publicación de las inversiones presupuestadas y efectivamente ejecutadas durante los últimos diez anos, así como de las necesidades de inversión pendientes.

CUARTO. El Ayuntamiento de Zaragoza exige la máxima transparencia en la investigación del siniestro ferroviario de Urda y reclama al actual Gobierno de España que asuma las responsabilidades políticas que correspondan por las deficiencias de gestión que pudieran acreditarse, incluyendo el cese o dimisión de los responsables cuando proceda, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, patrimoniales y penales que determinen las autoridades competentes.

QUINTO. El Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de España a aprobar y ejecutar un plan específico de inversiones ferroviarias para Zaragoza y Aragón que garantice la conservación, seguridad y modernización de las conexiones de alta velocidad, la red convencional y las infraestructuras de transporte de mercancías, atendiendo a las necesidades estratégicas de nuestra ciudad y comunidad autónoma.