Sesiones Plenarias

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL VOX PARA SU DEBATE Y VOTACIÓN EN EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA DE 29 DE OCTUBRE DE 2026

La situación de los servicios públicos en España se encuentra en estado crítico. Colapso y saturación son el estado habitual de los centros de salud, hospitales y aulas de los centros educativos públicos. Y quienes sufren las consecuencias son los españoles, especialmente los más humildes, víctimas de la degradación de los servicios públicos que sostienen con sus impuestos.

Esta realidad tiene unas causas muy concretas, y están directamente relacionadas con el aumento exponencial de la inmigración masiva, promovida ex profeso con las políticas de efecto llamada de las últimas décadas. Lo estamos comprobando de manera muy dramática con la invasión de Ceuta del 30 de julio de 2026. Desde entonces, la ciudad sufre con gravísima intensidad este colapso, ante la inacción traidora del Gobierno de la Nación.

Los españoles, en consecuencia, están siendo expulsados de servicios públicos como la sanidad y la educación públicas. La saturación les obliga a recurrir a centros de titularidad privada para poder ser atendidos por un profesional sanitario o para escolarizar a sus hijos. El gasto de las familias en actividades extracurriculares para compensar el déficit de calidad de las aulas ha aumentado un 38% entre 2019 y 2024. La escuela y la sanidad pública ya no tienen sitio para ellos. Los españoles sostienen con sus impuestos unos servicios a los que luego no pueden acceder. A esta situación se añade el colapso generalizado que, a juicio de este Grupo Municipal, padece España por culpa, en gran medida, de una inmigración masiva que incrementa la presión sobre unos recursos públicos limitados.

De hecho, en el periodo 1999-2024, los centros educativos públicos crecieron un 37% frente a los privados, que lo hicieron en un 67%. En cuanto al número de alumnos, entre 2001 y 2024, crecieron un 13% los matriculados en la escuela pública, mientras que los de la privada lo hicieron en un 32%. La situación es mucho más dura si hablamos de educación universitaria: frente a la pérdida del 12% del alumnado en las aulas públicas, las universidades privadas vieron aumentar sus matrículas en un 330% entre 1999 y 2024.

Además, el último informe PISA refleja diferencias de rendimiento entre el alumnado nativo y el alumnado de origen extranjero en ciencias, lectura y matemáticas, así como desventajas adicionales que pueden afectar al proceso educativo, entre ellas el desconocimiento de la lengua española. Estos datos deben ser objeto de análisis público para valorar adecuadamente su incidencia en la calidad y en las necesidades del sistema educativo.

Todo esto tiene también consecuencias para los profesionales de la educación: sobrecarga de trabajo, aumento de la conflictividad, falta de recursos para atender a los alumnos con necesidades especiales y ratios excesivas que repercuten en sus condiciones laborales y en la calidad de la enseñanza.

La misma dinámica afecta a nuestra sanidad pública. Así, durante los últimos años, a los problemas estructurales, de financiación y de coordinación del Sistema Nacional de Salud se han sumado, a juicio de este Grupo Municipal, políticas favorecedoras de la inmigración masiva que incrementan la presión asistencial sobre un sistema ya tensionado.

En esta línea, el Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud fue una de las primeras medidas del Gobierno de Pedro Sánchez con el objeto de reintroducir la atención sanitaria con cargo a fondos públicos a extranjeros no registrados ni autorizados a residir en España, pasando éstos a recibir atención sanitaria en las mismas condiciones que los nacionales españoles.

Más recientemente, el pasado 10 de marzo, el Consejo de Ministros iba más allá y aprobaba un Real Decreto por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento "del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que encontrándose en España no tengan su residencia legal en territorio español" con el objeto de establecer un procedimiento homogéneo aplicable en toda España.

Esta medida no sólo es injusta porque equipara a los españoles que llevan años y generaciones contribuyendo con su esfuerzo y trabajo a la construcción de nuestro Estado del bienestar a personas que acaban de llegar de forma ilegal, sino que, además, universaliza un servicio colapsado de origen y que es material y humanamente incapaz de hacer frente a un incremento exponencial de la presión asistencial.

La saturación severa que afecta a nuestra sanidad pública se aprecia en la falta de relevo generacional entre los profesionales sanitarios de cara a la próxima década; en las movilizaciones y reivindicaciones de los profesionales; en el incremento de las listas de espera para acudir al médico de Atención Primaria o al especialista -de 4 días en 2018 a 9 días en 2025- y en las listas de espera para intervenciones quirúrgicas. Según los datos del Ministerio de Sanidad a 30 de junio de 2025, 832.728 pacientes esperaban una intervención, con un tiempo medio de espera de 118,6 días, y el 19,6% llevaba incluido en lista de espera más de seis meses. También persisten desigualdades territoriales que ponen de manifiesto la necesidad de reforzar la cohesión y la coordinación general del Sistema Nacional de Salud.

Desgraciadamente, la regularización masiva de más de un millón de inmigrantes ilegales y la indefensión total de nuestras fronteras, tal y como sentencia la reciente invasión en Ceuta y la inacción absoluta del gobierno de la Nación, no harán más que acelerar el desmantelamiento total y absoluto de nuestra sanidad.

En este sentido, se aprecia cómo gobiernos de todo signo llevan años evitando ofrecer de forma homogénea y accesible información suficiente sobre el coste de la inmigración masiva en los servicios públicos. A partir de información obtenida por el Grupo Parlamentario de VOX en las Cortes Valencianas, se señaló que la atención a inmigrantes en situación irregular entre 2018 y 2025 habría supuesto un coste de 555,1 millones de euros. Entre los conceptos de mayor coste figuran las consultas de Atención Primaria, con 212,9 millones de euros, y la hospitalización, con 168,5 millones de euros.

El gasto total en farmacia para población extranjera no autorizada ni registrada habría pasado de 1,69 millones de euros en 2018 a una previsión de 10,66 millones en 2025, lo que supone un incremento superior al 500%.

Estos datos ponen de manifiesto hasta qué punto la inmigración masiva pone en peligro la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario y tiene un elevadísimo coste que los españoles no nos podemos permitir.

Por último, resulta ineludible destacar que, si bien el colapso sanitario actual afecta negativamente a toda la población, determinados pacientes especialmente vulnerables pueden sufrir con mayor intensidad las consecuencias de las demoras asistenciales. Por ello, corresponde al Estado, en el ámbito de sus competencias sobre bases y coordinación general de la sanidad, impulsar las medidas comunes necesarias para reforzar la protección de pacientes de edad avanzada, con enfermedades preexistentes graves, enfermedades crónicas avanzadas, antecedentes quirúrgicos recientes, discapacidad o historial psiquiátrico grave, entre otros.

Por todo ello, el Grupo Municipal VOX presenta para su debate y aprobación la siguiente:

MOCIÓN

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza acuerda:

1.- Manifestar la gravedad de las consecuencias que la inmigración masiva tiene para los servicios públicos en España, en términos de saturación y en muchas ocasiones de colapso, así como en la devaluación de la calidad de las prestaciones y el empeoramiento de las condiciones laborales de los empleados públ icos.

2.- Manifestar la realidad de que los recursos de las Administraciones públicas para la prestación de los servicios públicos en España son limitados y que, dada la presión provocada por la inmigración masiva, estos recursos están alcanzando su límite material y ya son insuficientes para dar respuesta a las necesidades de la población española.

3.- Instar al Gobierno de España a frenar las políticas de inmigración masiva, en el ejercicio de sus competencias exclusivas en materia de inmigración, extranjería y control de fronteras, asegurando al mismo tiempo la sostenibilidad y suficiencia de los servicios públicos.

4.- Instar al Gobierno de España a cambiar la política inmigratoria e iniciar, dentro del marco jurídico aplicable, la repatriación de los inmigrantes que hayan entrado ilegalmente en España; la expulsión de extranjeros que incurran en los supuestos legalmente previstos para ello; y la revisión de las políticas de ayudas sociales vinculadas a extranjeros sin residencia legal.

5.- Instar al Gobierno de España a reforzar la Alta Inspección Educativa y los instrumentos estatales de evaluación y seguimiento, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa básica educativa y avanzar en el estudio de la relación entre la evolución del sistema educativo y el aumento de la inmigración, dando a conocer estos datos de manera pública y accesible.

6.- Instar al Gobierno de España a revisar, en el ámbito de su competencia para fijar los aspectos básicos del currículo y las enseñanzas mínimas, los contenidos de la educación obligatoria con el fin de reforzar la calidad y la formación común del alumnado.

7.- Instar al Gobierno de España a impulsar, en el ámbito de la Hacienda estatal y de los programas de ayuda de competencia estatal, medidas fiscales y ayudas directas a las familias españolas por gastos educativos, incluidos comedor, material escolar, uniformes, transporte o actividades educativas.

8.- Instar al Gobierno de España a promover, en el ámbito de sus competencias y de los convenios internacionales que sustentan el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí, su suspensión y revisión, por considerar este Grupo Municipal que dicho programa favorece una injerencia cultural exterior que debe ser objeto de revisión por el Estado.

9.- Instar al Gobierno de España a derogar el Real Decreto 180/2026, de 11 de marzo, por el que se regula el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que, encontrándose en España, no tengan su residencia legal en el territorio español.

10.- Instar al Gobierno de España a promover las modificaciones normativas de competencia estatal necesarias para vincular, con carácter general, el acceso ord inario al sistema sanitario con la residencia legal en España, garantizando en todo caso la atención de las situaciones de emergencia vital o aquellas que requieran atención inmediata.

11.- Instar al Gobierno de España a adoptar, en el ámbito de sus competencias, medidas para prevenir y combatir el denominado turismo sanitario, reforzando los mecanismos de facturación y compensación internacional cuando proceda.

12.- Instar al Gobierno de España a atender, en el ámbito de sus competencias sobre bases y coordinación general de la sanidad, cohesión y financiación estatal del Sistema Nacional de Salud, las necesidades estructurales del sistema mediante medidas de coordinación, planificación y financiación de competencia estatal.

13.- Instar al Gobierno de España a garantizar la máxima transparencia mediante la publicación de los datos que obren en poder de la Administración General del Estado sobre el impacto y el coste de la inmigración en el Sistema Nacional de Salud, y a promover un sistema homogéneo de información estatal que permita conocer esos datos de forma pública y comparable.

14.- Instar al Gobierno de España, en el ámbito de sus competencias sobre bases y coordinación general de la sanidad, a impulsar criterios y medidas comunes destinados a garantizar la calidad asistencial de los pacientes especialmente vulnerables -personas de edad avanzada, con enfermedades preexistentes graves, enfermedades crónicas avanzadas, antecedentes quirúrgicos recientes, discapacidad o historial psiquiátrico grave, entre otros- y a reducir las barreras de acceso a una asistencia sanitaria de calidad en tiempo y forma.