Moción: P-18132/2026
Moción en el Orden del día del 29-10-2026 09:00 presentada por GM ZeCMoción presentada por el grupo municipal ZEC en el sentido de mostrar el apoyo a los Reales Decretos-Ley 28/2026 y 29/2026 sobre medidas urgentes en materia de vivienda, instar al Gobierno de Aragón a declarar zonas de mercado residencial tensionado e instar al Ayuntamiento de Zaragoza a adoptar en el ámbito de sus competencias distintas medidas en materia de vivienda.
MOCIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Dª. Elena Tomás Bona, portavoz del Grupo Municipal de Zaragoza en Común viene a formular para su aprobación la presente Moción en base a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Diariamente, en Zaragoza, como en muchas otras ciudades del Estado, se están produciendo desahucios sin alternativa habitacional. Desahucios que condenan a familias enteras a la calle o a malvivir en condiciones de infravivienda. Detrás de cada uno de estos lanzamientos hay una historia de falta de escrúpulos: la de los especuladores que suben los precios en cada renovación de contrato, empujados por un mercado cautivo donde la vivienda ha dejado de ser un derecho para convertirse en un activo financiero.
El caso de Maricarmen, una mujer de 87 años con discapacidad desahuciada de la vivienda en la que había vivido durante décadas en Madrid, ha conmocionado a la sociedad española. Su desalojo, ejecutado el pasado 24 de septiembre, y su lamentable muerte, a los pocos días, ha evidenciado las profundas deficiencias de nuestro marco legal en materia de arrendamientos urbanos y el terrible impacto en las vidas de las personas de estas situaciones de desahucio.
Son necesarias medidas estructurales que incluyen, como demanda principal, la renovación automática de todos los contratos de alquiler para que pasen a tener carácter indefinido, como ya ocurre en Inglaterra, Alemania o Austria, medidas para frenar los desahucios sin alternativa habitacional, la congelación de las actualizaciones del IPC en los precios del alquiler,
También urge una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que regule los alquileres de temporada y por habitaciones, unas limitaciones que el Gobierno de Natalia Chueca a pesar de tener competencias no ha querido llevar a cabo. En elCasco Histórico, fondos de inversión están comprando viviendas de forma masiva para convertirlas en alojamientos turísticos, expulsando a los vecinos y vecinas de toda la vida
Esta dinámica de gentrificación no solo encarece el alquiler, sino que rompe el tejido social de los barrios, convirtiendo lo que eran hogares en meros instrumentos de negocio.
En Zaragoza, los desahucios continúan produciéndose cada semana. Familias enteras afrontan procedimientos de lanzamiento sin que se les ofrezca una alternativa habitacional digna, ni desde el Ayuntamiento, ni desde la Comunidad Autónoma.
La política de vivienda del Gobierno municipal de Natalia Chueca no sólo no ha frenado esta situación, sino que la ha agravado. Se han desaprovechado oportunidades clave, como la ampliación del parque de vivienda social, o el uso del derecho de tanteo y retracto sobre casi 200 viviendas de protección oficial que podían haberse incorporado al parque público municipal.
Lejos de esto se ha cerrado la Oficina de Mediación Hipotecaria y del Alquiler y no se ha hecho efectiva la posibilidad de gravar las viviendas de grandes tenedores desocupadas con un recargo del IBI.
Además el Gobierno de la señora Chueca ha regalado los suelos de equipamiento de los barrios a fondos buitre para que sigan haciendo negocio con la falsa etiqueta de "alquiler asequible". Se trata de suelos dotacionales, donde deberían ir colegios o centros de salud que se ceden a promotores privados a 75 años que construyen viviendas minúsculas para maximizar sus beneficios, mientras solo se prometeme ayudas en 15 o 30 años para que realmente el precio sea asequible.
El Ayuntamiento de Zaragoza tiene la legitimidad y la responsabilidad de pronunciarse sobre una cuestión que afecta directamente al bienestar de miles de vecinos y vecinas. Las competencias para modificar el régimen legal de los contratos de arrendamiento residen en el Estado, pero este Pleno puede y debe instar al Gobierno de España a actuar con urgencia, así como instar al Gobiernode Aragón a declarar zonas de mercado residencial tensionado en aquellos ámbitos de la ciudad donde se cumplan los requisitos legales.
Por ello, el Grupo Municipal Zaragoza en Común eleva al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
MOCIÓN
Primero. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza muestra su apoyo a los Reales Decretos-ley, 28/2026 y 29/2026, de 6 de octubre, por los que se adoptan medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual y para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible.
Segundo. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Aragón a declarar zonas de mercado residencial tensionado en aquellos ámbitos de la ciudad donde se cumplan los requisitos legales, para poder aplicar mecanismos de regulación y contención de los alquileres.
Tercero. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza se compromete a adoptar, en el ámbito de sus competencias, las siguientes medidas:
a) Garantizar una vivienda alternativa digna a las personas y familias vulnerables afectadas por procedimientos de desahucio en la ciudad, en coordinación con Zaragoza Vivienda y los servicios sociales municipales.
b) A adaptar la normativa y eliminar las restricciones existentes para la concesión de Ayudas de Urgente Necesidad especialmente vinculadas a la vivienda como instrumento básico para la prevención de situaciones de pérdida de vivienda.
c) Ampliar de forma decidida el parque público de vivienda, utilizando suelo y recursos públicos para garantizar el acceso a una vivienda y no para favoreceroperaciones especulativas, y poniendo fin a la cesión de suelos de equipamiento a fondos de inversión bajo la etiqueta de "alquiler asequible".
d) Utilizar el derecho de tanteo y retracto para incorporar al parque público municipal las viviendas de protección oficial que salgan al mercado, y movilizar las viviendas vacías en manos de grandes tenedores hacia el alquiler social.
e) Establecer limitaciones efectivas a las viviendas de uso turístico en aquellos barrios donde la presión turística esté expulsando a la población residente, especialmente en el Casco Histórico y otros barrios consolidados.
f) Restablecer la Oficina de Mediación Hipotecaria y del Alquiler, así como los servicios de asesoramiento en materia de vivienda para las personas inquilinas.
g) No ceder suelo de equipamientos de los barrios y revocar los ya decididos, para que los fondos buitre y grandes promotores hagan negocio.
h) Establecer el recargo del 150% en el Ibi por la tenencia de viviendas vacías en los términos que marca la Ley 12/2023.