Sesiones Plenarias

MOCIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Dª. Elena Tomás Bona, portavoz del Grupo Municipal de Zaragoza en Común viene a formular para su aprobación la presente Moción en base a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El miércoles 11 de noviembre, a iniciativa del Sindicato de Inquilinas, las principales organizaciones sindicales han convocado una huelga general de 24 horas por salarios dignos que permitan acceder a una vivienda digna. El desahucio de Maricarmen, y su reciente fallecimiento, han sido la gota que ha colmado el vaso de un malestar profundo y generalizado.

La vivienda es hoy el principal problema del país, pero no es el único. El alquiler devora los salarios: en Zaragoza es difícil encontrar un alquiler por debajo de 650 euros, más de la mitad del salario mínimo. A ello se suma la subida continuada de los productos básicos, la cesta de la compra, el combustible a casi dos euros el litro y una factura de la luz y el gas que amenaza con repuntar este invierno. Según la OCDE, solo seis países de la organización han registrado una pérdida de poder adquisitivo mayor que España desde 2021, y no prevé que los salarios reales se recuperen ni en 2026 ni en 2027. Los salarios no llegan para ahorrar ni para acceder a una primera vivienda, mientras grandes empresas, bancos y fondos de inversión baten récords de beneficios. Hoy en España tener un empleo no garantiza tener un hogar ni una vida digna.

No es una cuestión de esfuerzo individual. Lo que decide cómo se vive no es cuánto se trabaja, sino la clase social en la que se nace: el patrimonio familiar, la casa que se hereda, el colchón que permite estudiar, pagar una fianza o resistir un despido. La OCDE ha advertido de que en España una familia con bajos ingresos necesitaría cuatro generaciones para alcanzar la renta media. Vivimos en una sociedad de rentistas, donde la cuna pesa más que el trabajo.

Esta situación es el resultado de un sistema económico que convierte necesidades básicas en negocio, y de decisiones políticas concretas. Durante décadas, gobiernos de uno y otro color rescataron a la banca con dinero público mientras se desahuciaba a sus clientes, recortaron la duración de los contratos de alquiler, concedieron privilegios fiscales a los grandes tenedores y renunciaron a construir un parque público de vivienda: hoy apenas cubre al 1,7% de los hogares. En Aragón y en Zaragoza, los gobiernos del Partido Popular han llevado esta lógica hasta el final, con rebajas fiscales para los patrimonios más altos,negativa a regular los alquileres y una política de vivienda que convierte el suelo público en negocio privado, mientras cada semana se siguen produciendo desahucios en nuestra ciudad sin alternativa habitacional.

La patronal ha cuestionado la legalidad de la huelga por su supuesta motivación política. Es un argumento sin fundamento. El artículo 28.2 de la Constitución reconoce la huelga como derecho fundamental para la defensa de los intereses de los trabajadores, y el Tribunal Constitucional ha reconocido la legalidad de las huelgas contra la política social de los gobiernos (STC 36/1993). La huelga feminista de 2019 es un ejemplo.

La historia de la conquista de derechos demuestra que la clase trabajadora organizada tiene un inmenso poder. La huelga general es su herramienta más valiosa, y el 11 de noviembre sobran los motivos: por unos salarios dignos, por unos precios que permitan vivir, por una vivienda asequible y por la defensa de los servicios públicos.

Por ello, el Grupo Municipal Zaragoza en Común eleva al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

MOCIÓN

1. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza manifiesta su apoyo a la huelga general del 11 de noviembre, convocada por las organizaciones sindicales a iniciativa del Sindicato de Inquilinas, en defensa de salarios dignos, del derecho a la vivienda y de unas condiciones de vida dignas para la clase trabajadora.

2. El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno municipal a garantizar el pleno ejercicio del derecho fundamental de huelga de la plantilla municipal y de las empresas contratistas, sin presiones ni obstáculos a su ejercicio, y a establecer, en los servicios esenciales cuya fijación sea de su competencia, unos servicios mínimos estrictamente necesarios, proporcionados y no abusivos, respetando los derechos laborales y sindicales.

3. El Ayuntamiento de Zaragoza se compromete a situar la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora en el centro de su acción de gobierno, reforzando los servicios públicos y garantizando el empleo público y enlas contratas con salarios dignos. Asimismo, insta al Gobierno de Aragón, y al Gobierno de España que resulte de las elecciones generales del 29 de noviembre, a aplicar una fiscalidad progresiva en la que paguen más quienes más tienen, grandes patrimonios, grandes empresas y grandes tenedores de vivienda, y a revertir las rebajas fiscales que benefician a las rentas más altas, destinando esos recursos a vivienda pública y servicios públicos.