Sesiones Plenarias

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL VOX PARA SU DEBATE Y VOTACIÓN EN EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Ceuta ha sufrido una invasión. La entrada masiva y violenta de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos no fue una mera crisis inmigratoria, humanitaria o administrativa ni un simple problema de orden público: desbordó una ciudad española, alteró gravemente la seguridad, la convivencia, los servicios públicos y la actividad económica, se tradujo en saqueos, agresiones sexuales y ataques contra miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y está obligando a miles de ceutíes a vivir durante semanas en una situación de miedo e inseguridad severa. Melilla sufrió al mismo tiempo una intensa presión sobre sus fronteras terrestre y marítima y reiterados intentos de entrada masiva, lo que demuestra que la amenaza afecta inseparablemente a ambas ciudades españolas.

Marruecos ha atacado a España mediante la utilización deliberada de la inmigración como instrumento de presión, coerción y confrontación. Estamos ante una invasión y un ataque de guerra híbrida contra la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de España. Los informes de inteligencia y policiales conocidos apuntan a una planificación previa y táctica y a la participación de agentes marroquíes como guías activos de la masa para colapsar el sistema español de control fronterizo.

Ceuta y Melilla son España, forman parte inseparable de la Nación, sus fronteras son las fronteras de nuestra Patria, su soberanía no está sometida a negociación, discusión o transacción alguna y cuando se ataca a Ceuta o a Melilla se ataca a toda España. Las reivindicaciones formuladas por autoridades marroquíes sobre ambas ciudades y sobre las plazas y lugares de soberanía española en el norte de África confirman que España debe responder con firmeza y defender sin complejos la integridad de todo su territorio nacional. No puede seguir recibiendo el trato de amigo, vecino y socio estratégico quien invade nuestras fronteras y reclama una parte de España

Ante la invasión de Marruecos, la actuación del gobierno de Pedro Sánchez no constituye un simple error de gestión: representa una traición a los españoles, es políticamente intolerable y exige responsabilidades políticas y penales. Existían avisos e informaciones previas sobre el riesgo de una entrada masiva y, pese a ello, no se adoptaron a tiempo las medidas necesarias para impedirla. La propia ministra de Defensa reconoció que el CNI y el CIFAS habían detectado las convocatorias difundidas a través de las redes sociales, mientras que también constaban avisos e informes previos procedentes del CENIF.

Después de la invasión, el Gobierno ha mantenido una actitud de pasividad, indolencia e incluso colaboración con el agresor, tratando de exonerar a Marruecos, y ha ofrecido versiones contradictorias sobre la inteligencia e información disponible y no ha dado explicaciones veraces, sin que se haya producido dimisión o cese alguno. España no puede defender Ceuta mientras su Gobierno se niegue a señalar al responsable, se niegue a poner a disposición del órgano parlamentario competente los informes que apuntan al régimen marroquí y actúe con silencio, debilidad, subordinación o complicidad frente a Marruecos.

España debe responder como un Estado soberano. Los extranjeros que se encuentren ilegalmente en España deben ser devueltos o expulsados inmediatamente, y Marruecos debe aceptar sin excusas su readmisión y retorno; no puede sustitui rse su devolución a Marruecos por el traslado desde el territorio nacional de Ceuta al resto de España.

Ceuta y Melilla deben ser defendidas, con todos los efectivos y medios necesarios mediante el despliegue y la actuación permanente de las Fuerzas Armadas, en las fronteras terrestres y marítimas de Ceuta y Melilla, incluidos refuerzos desde la península de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía.

Deben levantarse y reforzarse muros, diques, barreras físicas y sistemas de vigilancia, incluidos medios de detección y clausura de túneles y galerías clandestinas, capaces de hacer infranqueables otra invasión u otras entradas ilegales masivas; el paso fronterizo debe permanecer cerrado mientras no existan garantías suficientes; y Marruecos no puede seguir disfrutando de tratados de amistad, cooperación privilegiada, ayudas, fondos o preferencias mientras agrede nuestras fronteras y cuestiona la soberanía española.

Las familias españolas ceutíes tienen derecho a que se restablezca inmediatamente la seguridad y la libertad en sus calles y a recobrar plenamente la normalidad y la convivencia alteradas desde hace demasiado tiempo, y todos los españoles tienen derecho a conocer la verdad y a que se depuren todas las responsabilidades por haber permitido que una invasión de esta magnitud se produjera y quedara sin una respuesta adecuada y proporcional. Para ello, deben emplearse todos los instrumentos políticos, jurídicos, diplomáticos y económicos disponibles, así como todos los recursos y capacidades de la Seguridad Nacional, la Defensa Nacional, la Seguridad Pública y la Acción Exterior, así como de los servicios de inteligencia e información del Estado.

Esto exige que en sede parlamentaria nacional se entreguen al órgano competente del Congreso de los Diputados los avisos e informes de inteligencia e información, las comunicaciones con Marruecos y los demás antecedentes oficiales relacionados con los hechos, garantizando que se evite toda difusión pública susceptible de dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado.

También en sede parlamentaria se debe promover de inmediato, por concurrir los presupuestos constitucionales y legales, la iniciativa prevista en el artículo 102.2 de la Constitución para depurar ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo las responsabilidades penales que corresponden al presidente del Gobierno y a los demás miembros del Ejecutivo por acciones u omisiones susceptibles de constituir traición o delitos contra la seguridad del Estado cometidos en el ejercicio de sus funciones.

Por todo ello, el grupo municipal de VOX presenta la siguiente:

MOCIÓN

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta a:

1. Reafirmar que Ceuta y Melilla son irrevocablemente España y que su soberanía no es negociable ni está sometida a discusión; y que cualquier ataque contra cualquiera de estas ciudades españolas constituye un ataque contra toda España.

2. Condenar la invasión y el ataque mediante actos de guerra hlbrida por parte del reino de Marruecos contra España e instar al Gobierno de España a exigir a dicho Estado una declaración pública, expresa e inequívoca de respeto a la soberanía, integridad territorial y fronteras españolas, así como a exigir el cese inmediato de cualquier actuación, reivindicación o presión contra España.

3. Condenar la actuación del Gobierno de España que, a pesar de haber sido alertado por parte de los distintos servicios de información, decidió no actuar para evitar y repeler la agresión marroquí, y que en lugar de defender nuestra soberanía ha sido cómplice de la agresión del reino de Marruecos contra la ciudad española de Ceuta.

4. Manifestar que, a juicio del Ayuntamiento de Zaragoza, concurren los presupuestos constitucionales y legales previstos en el artículo 102.2 de la Constitución para plantear la acusación por delito de traición o cualquier delito contra la seguridad del Estado cometido en el ejercicio de sus funciones contra Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y los demás miembros del Ejecutivo.

5. Exigir al Gobierno de España a mantener, durante todo el tiempo que resulte necesario, la presencia, el despliegue y la actuación permanente de las Fuerzas Armadas en la defensa de las fronteras terrestres y marítimas de Ceuta y Melilla; reforzar e incrementar sus efectivos, medios, capacidades e infraestructuras militares; y aprobar los planes de contingencia, protocolos de actuación y reglas de enfrentamiento jurídicamente procedentes para hacer frente a agresiones convencionales, híbridas o instrumentales.

6. Reclamar al Gobierno de España a reforzar permanentemente en Ceuta y Melilla a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, dotándolos de los efectivos y de todos los medios materiales, tecnológicos y jurídicos necesarios para impedir cualquier nuevo acto de agresión contra Ceuta.

7. Reclamar al Gobierno de España a proceder a la inmediata devolución de todas las personas que participaron en la agresión marroquí que empujó a más de 100 mil personas a asaltar nuestra frontera e invadir la ciudad de Ceuta así como exigir a Marruecos la readmisión efectiva de todas estas personas; y promover las reformas de la leg islación española, de la normativa europea y de los convenios aplicables que resulten necesarias para hacer efectivas dichas devoluciones y proteger la soberanía y la seguridad nacional.

8. Instar al Gobierno de España a mantener cerrados los pasos fronterizos con Marruecos mientras no existan garantlas públicas, suficientes, verificables y efectivas de que una agresión semejante no volverá a producirse; y reforzar las fronteras de Ceuta; y promover las demás acciones políticas y judiciales que procedan contra cualesquiera de los cargos públicos, gobernantes, organizaciones no gubernamentales, entidades o personas que hubieran organizado, financiado , facilitado, encubierto o colaborado conscientemente con la invasión.

9. Requerir al Gobierno de España a adoptar las medidas necesarias para suspender de inmediato la aplicación del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con Marruecos, de 4 de julio de 1991 de no producirse una inmediata, expresa y verificable rectificación de las actuaciones hostiles, de las reivindicaciones territoriales o de cualquier otroataque contra la soberanía, la seguridad o los intereses nacionales de España.

10. Reclamar al Gobierno de la Nación a convocar al Embajador del Reino de Marruecos en España, al objeto de trasladar la queja correspondiente y reafirmar la soberanía española sobre las ciudades de Ceuta y Melilla, así como la voluntad de nuestro país de defender nuestra integridad territorial con todos los instrumentos y medios a disposición del Estado. Del mismo modo, llamar a consultas al Embajador de España ante el Reino de Marruecos; y en el caso de persistir la situación de invasión y de ataque a la soberanía nacional, así como las declaraciones de las autoridades marroquíes que atacan la integridad territorial de nuestro país, retirar al Embajador de España en Rabat y expulsar al Embajador del Reino de Marruecos en Madrid.

11 . Requerir al Gobierno de España a subordinar cualquier relación futura con Marruecos a los principios de reciprocidad, respeto de la soberanía española y defensa de la integridad territorial; y, de no producirse la rectificación exigida, proceder a la suspensión y denuncia de los restantes acuerdos bilaterales de cooperación económica, comercial, migratoria, policial, militar o diplomática con Marruecos, sin perjuicio de exigir el íntegro cumplimiento de las obligaciones de readmisión.

12. Exigir al Gobierno de España a adoptar las sanciones, contramedidas y demás medidas de respuesta procedentes frente a la invasión; suspender toda ayuda, subvención o financiación pública española a Marruecos; promover ante la Unión Europea la suspensión o revisión del Acuerdo Euromediterráneo de Asociación con Marruecos, de 26 de febrero de 1996 y los restantes acuerdos, fondos, ayudas y preferencias de que disfrute Marruecos mientras no respete plenamente la soberanía y las fronteras españolas y no acepte las devoluciones acordadas por las autoridades españolas; reclamar de la Unión Europea y de la OTAN un respaldo efectivo a la defensa de la soberanía, la integridad territorial y las fronteras españolas; y activar los instrumentos europeos y aliados que resulten procedentes para condenar y responder a la instrumentalización de la inmigración y otras formas de presión, coerción o guerra híbrida contra España.

13. Manifestar el total apoyo y la plena solidaridad con las familias españolas de Ceuta y Melilla, así como el reconocim iento a los militares, guardias civi les, policias y demás servidores públicos destinados en Ceuta que han afrontado la invasión de la ciudad; e instar al Gobierno de España a adoptar inmediatamente todas las medidas necesarias para restablecer plenamente la normalidad y la convivencia alteradas desde hace demasiado tiempo, garantizando la seguridad y la libertad de los españoles residentes en Ceuta, restableciendo la actividad económica, educativa y social y el funcionamiento de la sanidad y de los demás servicios públicos colapsados en Ceuta, y asegurando que ninguna ciudad española vuelva a quedar sometida al caos, la violencia, el miedo o a una situación semejante.