Sesiones Plenarias

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA SU DEBATE Y VOTACIÓN EN EL PRÓXIMO PLENO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA DEL DÍA 25 DE JUNIO DE 2026

La inmigración constituye uno de los grandes retos sociales, económicos y administrativos de nuestro tiempo. España necesita una política migratoria seria, ordenada y eficaz, capaz de combinar humanidad y finneza, oportunidades e integración, derechos y deberes. Sin embargo, el Gobierno de España ha optado nuevamente por la improvisación, aprobando un proceso extraordinario de regularización sin evaluar adecuadamente sus consecuencias para Comunidades Autónomas y ayuntamientos; un parche que envía a otras administraciones las competencias y que no corrige, en ningún caso, el problema de fondo.

Durante la tramitación del Real Decreto-Ley de 2/2026 de 24 de marzo por el que se adoptan medidas extraordinarias para la regulación de personas extranjeras en España y ante las dudas, que planteaba el Ayuntamiento remitió un escrito a la delegación del gobierno pidiendo, información, coordinación y recursos económicos. La respuesta del Delegado del Gobierno en Aragón, por escrito, sostenía que las administraciones locales no tendrían ninguna responsabilidad específica derivada de este proceso; que este proceso no le compelía a este Ayuntamiento en ningún caso. Sin embargo, y como se venía anunciando, la realidad ha demostrado exactamente lo contrario. El desarrollo normativo aprobado posteriormente ha obligado a los ayuntamientos, de un día para otro y sin previo aviso, a emitir miles de informes de vulnerabilidad social que, además de ser contradictorios e insostenibles jurídicamente por desarrollarse sin un proceso de evaluación por trabajadores sociales pero que sin embrago eran necesarios para la regularización de un gran número de personas, generando una nueva carga administrativa, técnica y económica que no ha sido acompañada de financiación alguna.

En Zaragoza, el Ayuntamiento ha tenido que habilitar un sistema específico para atender las solicitudes vinculadas a este procedimiento extraordinario. Miles de personas han acudieron a los servicios municipales para iniciar su tramitación, obligando a destinar personal, recursos materiales y capacidad técnica a una competencia creada por decisión unilateral del Gobierno de España, sin previo aviso. Solo en el Área de Políticas Sociales y únicamente en costes de personal, el impacto económico acumulado supera ya los 150.000 euros, sin que el Ejecutivo central haya previsto compensación alguna para sufragar esta nueva obligación. Todo ello sabiendo que el Gobierno de España sí ha cobrado 38,28 € en la tasa para cada persona que ha realizado este proceso. Por este motivo, el Consejo de Gobierno de Zaragoza acordó el 8 de mayo reclamar los gastos extraordinarios derivados de la aplicación de este Real Decreto.

Además, el Gobierno de España no da ningún tipo de información, ha decidido que este proceso sea opaco, sin transparencia. Sin tener datos oficiales, sabemos que, de los 18.000 personas que se calcula que han pedido la regularización en Zaragoza, más del 80% están en situación de vulnerabilidad Esta situación hace prever que estas personas no están trabajando, que una parte importante de las necesidades de acompañamiento, inclusión, vivienda y apoyo social acabarán siendo asumidas por ayuntamientos y Comunidades Autónomas, pese a que el diseño y responsabilidad del proceso corresponden exclusivamente al Gobierno de España.

Es una nuevo caso de un problema generado y alimentado por el Gobierno de Pedro Sánchez que termina con otras administraciones asumiendo lo que él no ha sabido gestionar.

Existe además una segunda consecuencia especialmente grave. La disposición adicional vigésima del Real Decreto establece que aquellas personas acogidas al sistema de Protección Internacional que obtengan la regularización deberán desistir de su solicitud de asilo.

En la práctica, esta medida va a provocar que numerosas personas pierdan el acceso al sistema estatal de acogida, a los recursos habitacionales y a los itinerarios de acompañamiento social, laboral y formativo financiados por la Administración General del Estado. En el caso de Zaragoza, se calcula que serán más de 300 personas que, de un día para otro, pueden quedarse en la calle.

Las entidades sociales han trasladado su preocupación ante esta situación. La obtención de una autorización de residencia no implica automáticamente, desde luego, la autonomía económica o residencial de las personas beneficiarias. Todas ellas continúan necesitando apoyo para acceder al empleo y a la vivienda. Expulsarlas de los programas estatales en el momento de la regularización supone interrumpir procesos de inclusión todavía incompletos y aumenta el riesgo de exclusión social, precariedad y sinhogarismo. Así, la presión asistencial recaerá nuevamente sobre los servicios sociales municipales y autonómicos, sin financiación, planificación ni coordinación previa por parte del Gobierno de España.

Por otro lado, esta regularización extraordinaria tampoco resuelve el problema de fondo. La medida afecta exclusivamente a un colectivo concreto de personas que ya se encontraban en España antes del 31 de diciembre de 2025, pero no implica mayor control de fronteras ni modifica los mecanismos que continúan generando nuevas situaciones de irregularidad administrativa ni ofrece una solución estable para quienes lleguen con posterioridad o no cumplan los requisitos exigidos.

El Gobierno presenta esta medida como una solución definitiva cuando, en realidad, no es más que un parche temporal sobre un sistema que seguirá produciendo los mismos problemas en el futuro. Si no se reforman simultáneamente los procedimientos de entrada legal, los sistemas de acogida, las políticas de integración y los mecanismos de retorno, seguirán apareciendo nuevas bolsas de irregularidad que acabarán requiriendo nuevas medidas excepcionales.

A ello se añade la preocupación por el posible efecto llamada derivado de este tipo de decisiones. Diversas autoridades advertían ya previa publicación del Decreto del riesgo de que las regularizaciones extraordinarias transmitan expectativas de futuras medidas similares y generen incentivos para nuevos desplazamientos irregulares.

El propio Comisario Europeo de Interior y Migraciones ha alertado públicamente sobre esta cuestión. De hecho, ya se ha constatado la llegada a España de personas procedentes de otros países europeos atraídas por la expectativa de acogerse a este proceso extraordinario.

No es aceptable que el Gobierno de España apruebe medidas con un evidente impacto en servicios sociales, vivienda, educación, sanidad o empleo sin evaluar previamente sus consecuencias, sin memoria económica, sin coordinarse con las administraciones afectadas y sin dotar de los recursos económicos necesarios a quienes finalmente deberán responder ante la ciudadanía.

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente:

MOCIÓN

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de España a realizar una evaluación integral del impacto que el proceso extraordinario de regularización tiene sobre las Comunidades Autónomas y ayuntamientos, especialmente en materia de servicios sociales, vivienda, educación, sanidad, empleo e inclusión social.

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza exige al Gobierno de Espal'la la creación de un fondo extraordinario de financiación suficiente para compensar los costes que este proceso genera en comunidades autónomas y entidades locales, incluyendo los derivados de la emisión de informes de vulnerabilidad, la atención social, la inclusión sociolaboral, la vivienda y el acceso a los servicios públicos básicos.

TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza solicita al Gobierno de Espaf\a que garantice la continuidad de los recursos habitacionales y de los itinerarios de acompañamiento social, laboral y formativo para las personas acogidas en el sistema estatal de Protección Internacional que obtengan la regularización administrativa, evitando situaciones de exclusión social, sinhogarismo o traslado de responsabilidades a los servicios sociales municipales y autonómicos.

CUARTO.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza reclama la creación de mecanismos permanentes de coordinación, intercambio de información y cooperación entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales para la gestión de la inmigración y, especialmente, las consecuencias derivadas del proceso extraordinario de regularización.

QUINTO.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza rechaza la nefasta política migratoria del Gobierno de España, y le insta a desarrollar una política integral basada en la inmigración legal, ordenada y vinculada al empleo, la integración efectiva, el respeto a la legalidad y la cooperación con las administraciones territoriales, evitando que la irregularidad administrativa continúe siendo la principal vía de acceso a los procesos de regularización y corrigiendo los factores que generan efectos llamada e incentivan nuevas situaciones de inmigración irregular.