Moción: P-16208/2026
Moción en el Orden del día del 28-05-2026 09:00 presentada por GM PPMoción para condenar de las amenazas de muerte a la alcaldesa y los mensajes de odio, así como la ocupación ilegal del inmueble, instar al Gobierno de España a aprobar con urgencia medidas legislativas que garanticen el desalojo de los ocupantes ilegales.
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA SU DEBATE Y VOTACIÓN EN EL PRÓXIMO PLENO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA DEL DÍA 28 DE MAYO DE 2026
La convivencia democrática exige que la discrepancia y la crítica se ejerzan siempre dentro de los límites del respeto a las personas y a las instituciones. Cualquier desacuerdo politice o social, por legítimo que sea, debe expresarse mediante cauces que excluyan de forma absoluta la intimidación, la violencia verbal y las llamadas al odio.
En los últimos días han aparecido en la antigua cárcel de Torrero, inmueble de titularidad municipal ocupado de manera irregular, amenazas de muerte dirigidas a la alcaldesa de Zaragoza y mensajes de odio hacia miembros del equipo de Gobierno. Estos hechos han trascendido el recinto ocupado y se han extendido a otros espacios municipales y patrimoniales de la ciudad, entre ellos la escuela taurina Mar de Nubes, el monasterio de las Canonesas y el centro cívico del Arrabal, agravando la gravedad de lo ocurrido y poniendo de manifiesto una escalada de intolerancia que no puede quedar impune ni sin respuesta institucional.
La antigua cárcel de Torrero es un inmueble público cuyo proceso de recuperación se está llevando a cabo conforme a la legalidad, con el objetivo de devolverlo a su uso legítimo y ponerlo al servicio de los vecinos mediante la creación de un equipamiento social. La legitimidad de ese proceso, adoptado por las instituciones democráticas en el ejercicio de sus competencias, no puede verse condicionada ni interferida por amenazas o por actos de vandalismo.
Zaragoza es una ciudad que ha basado siempre su convivencia en el respeto. Convertir el desacuerdo en intimidación supone traspasar un límite que ninguna sociedad democrática puede tolerar, y corresponde a sus instituciones afirmarlo con claridad y sin ambigüedades.
Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular presenta la siguiente:
MOCIÓN
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza condena las amenazas y mensajes de odio aparecidos en la antigua cárcel de Torrero y en otros espacios municipales y patrimoniales de la ciudad, en los que se desea la muerte de la alcaldesa, por atentar directamente contra la dignidad de las personas y el normal funcionamiento de las instituciones democráticas.
SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza condena la ocupación ilegal de la antigua cárcel de Torrero, inmueble de titularidad municipal, así como la actuación de los movimientos ocupas que promueven, amparan o justifican la ocupación ilegal.
TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza respalda el proceso de recuperación de la antigua cárcel de Torrero conforme a la legalidad vigente, con el objetivo de devolverla a su uso legítimo y ponerla al servicio de los vecinos, declarando que ninguna amenaza puede situarse por encima del cumplimiento de la ley y de la protección del patrimonio público municipal.
CUARTO.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza reitera su compromiso con el respeto democrático, la protección del patrimonio público y el estricto cumplimiento de la ley, como principios esenciales para la convivencia y para el funcionamiento de las instituciones.
QUINTO.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de España a adoptar, con carácter urgente, las medidas legislativas necesarias para reforzar la protección frente a la ocupación ilegal de viviendas e inmuebles, tanto de titularidad pública como privada, y en particular a desbloquear y permitir la tramitación parlamentaria de las iniciativas actualmente bloqueadas en el congreso y dirigidas a garantizar el desalojo de los ocupantes ilegales en un plazo máximo de 24 horas, en defensa del derecho a la propiedad, de la seguridad jurídica y del legítimo uso del patrimonio público y privado por parte de sus titulares.