Sesiones Plenarias

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA SU DEBATE Y VOTACIÓN EN EL PRÓXIMO PLENO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA DEL DÍA 30 DE ABRIL DE 2026

La política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez se ha caracterizado por la improvisación, la falta de planificación y una preocupante ausencia de coordinación con las administraciones territoriales. Una deriva que se ha visto agravada con la aprobación del Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, que establece un proceso de regularización masiva que, lejos de responder a una estrategia rigurosa o a las necesidades reales del mercado laboral, se ha concebido sin datos objetivos, sin memoria económica y de espaldas a comunidades autónomas y ayuntamientos.

A esta falta de planificación se añade, además, una notable incertidumbre sobre su alcance. Mientras el Gobierno cifra el impacto en 500.000 personas, estimaciones independientes y diversos informes técnicos advierten de que la cifra podría superar el millón. Nos encontramos, por tanto, ante la mayor regularización extraordinaria de nuestra historia reciente, impulsada por un Ejecutivo que ni siquiera es capaz de precisar su magnitud real o de establecer un procedimiento efectivo y coordinado.

En este sentido, el reciente dictamen del Consejo de Estado ha venido a confirmar las preocupaciones ya expresadas por numerosas instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de Zaragoza, al señalar la ausencia de una estimación presupuestaria concreta, la indefinición de aspectos esenciales del procedimiento y la falta de criterios objetivos para determinar la situación de vulnerabilidad de las personas solicitantes.

De todo ello se deriva que estamos ante un decreto con graves lagunas en materia de seguridad y legalidad. Por un lado, compromete la verificación de identidad al admitir documentos caducados y no garantiza de forma efectiva la comprobación de antecedentes penales o policiales, retirando la ejecución de las órdenes de retorno. Por otro, presenta una clara desvinculación del mercado laboral, ya que, a través del denominado arraigo extraordinario, permite la regularización por vías que no exigen relación efectiva con el empleo, debilitando asf los principios de una inmigración ordenada, vinculada a las necesidades económicas y basada en la legalidad.

A estas deficiencias debemos sumar el impacto económico de la medida puesto que, aunque la memoria económica del decreto afirma que no tiene coste para el Estado, serán los ayuntamientos quienes deban asumir en primera linea la presión sobre los servicios públicos, incluidos los sociales y la vivienda y la escolarización. En consecuencia, esta decisión supone, en la práctica, una transferencia encubierta de competencias y costes hacia las entidades locales, que deben gestionar informes de vulnerabilidad sin criterios claros y procesos de acompañamiento social sin financiación adicional ni refuerzo de personal. Una transferencia de competencias que puede derivar en unos riesgos de saturación de nuestros centros municipales que ya hemos podido vislumbrar las dos últimas semanas.

En el caso de Zaragoza, esta situación resulta especialmente preocupante. Los recursos municipales continúan acogiendo a decenas de personas que deberian estar siendo atendidas en recursos estatales, lo que limita la capacidad municipal para responder a otras situaciones de emergencia social. Lejos de corregir esta situación, el Gobierno central vuelve a trasladar la presión a las administraciones más cercanas al ciudadano.

Zaragoza ha demostrado su compromiso con la inclusión y la cohesión social; sin embargo, ningún municipio puede asumir en solitario un fenómeno de esta magnitud.

Por último, esta medida transmite un mensaje que desincentiva la inmigración legal y ordenada, al premiar situaciones de irregularidad frente a quienes cumplen los procedimientos establecidos. Además, contraviene los principios del Pacto Europeo de Migración y Asilo, basados en el control de fronteras y la responsabilidad compartida. De este modo, no solo aleja a España de sus socios europeos, sino que también pone en riesgo la estabilidad del conjunto del espacio Schengen.

Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular presenta la siguiente:

MOCIÓN

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza manifiesta su rechazo a la poHtica migratoria del Gobierno de Esparia y reprueba su gestión por no hacer uso óptimo de los recursos y plazas de acogida de titularidad estatal en la ciudad, trasladando la presión asistencial al Ayuntamiento y a las entidades sociales, a pesar de tratarse de competencias propias de la Administración General del Estado.

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de España a retirar el Real Decreto de regularización masiva por carecer de los mecanismos de control necesarios, por vulnerar los principios europeos en materia migratoria y por contravenir los objetivos fijados en el Pacto Europeo de Migración y Asilo, y a tramitar cualquier. modificación en materia de extranjería como proyecto o proposición de ley en el Congreso de los Diputados, garantizando el debate parlamentario, la seguridad jurídica y la participación de los grupos políticos.

TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza exige al Gobierno de España que cualquier proceso de regularización sea individualizado y esté acompañado de una memoria económica detallada, un procedimiento transparente, criterios claros y definidos, así como la habilitación de una financiación suficiente para que los municipios puedan afrontar su impacto, tanto en los procedimientos de tramitación como en el consiguiente desarrollo de itinerarios de inclusión social y laboral.

CUARTO.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de España a asumir plenamente sus competencias en materia de acogida de personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional, procediendo a su derivación inmediata a los recursos estatales correspondientes y estableciendo mecanismos efectivos de coordinación e información con las entidades locales.

QUINTO.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de España a ejecutar de manera efectiva las órdenes de retorno de acuerdo con la normativa vigente, revisar los acuerdos en materia migratoria con terceros países para asegurar su cumplimiento, y manifiesta su apoyo a aquellas acciones políticas y jurídicas impulsadas por el Gobierno de Aragón que, dentro del marco constitucional y del ordenamiento jurídico vigente, resulten coherentes y adecuadas para frenar la aplicación de esta medida en los términos planteados unilateralmente por el Gobierno de Pedro Sánchez.