Sesiones Plenarias

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL VOX PARA SU DEBATE Y VOTACIÓN EN EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DEL 30 DE ABRIL DE 2026 DE 2025

Con la entrada en vigor del Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, aprobado por el Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez, se ha dado carta blanca a un proceso de regularización extraordinaria de cientos de miles de extranjeros en situación irregular en nuestro país. Las primeras estimaciones situaban en medio millón de personas las beneficiarias, pero otros estudios ya lo amplían hasta incluso más de 700.000. Se trata de la mayor amnistía migratoria de la historia reciente de nuestro país, adoptada de forma unilateral y esquivando al Congreso de los Diputados. Esta decisión política supone premiar a quien han vulnerado las leyes de entrada y permanencia en España, enviando a todo el mundo, al margen del efecto llamada, un peligroso mensaje: incumplir las leyes en nuestro país tiene recompensa. Quienes ignoran las fronteras nacionales y el espacio Schengen reciben papeles, derechos y acceso a prestaciones de todo tipo financiadas por los contribuyentes. Quienes permanecen en situación irregular sabe que acabará siendo regularizado si espera el tiempo suficiente.

Por no hablar de otra estrategia e intención oculta: aunque en una primera fase se trataría de una medida administrativa, se está impulsando una transformación del censo electoral a medio plazo mediante decisiones adoptadas desde el Boletín Oficial del Estado. Y, a nivel municipal, las repercusiones serán más inmediatas: su efecto se traslada al padrón municipal. En los casos de ciudadanos procedentes de países con acuerdos de reciprocidad con España, la regularización abre además la puerta al derecho de voto en las elecciones municipales. No existe ninguna emergencia que justifique la instrumentalización de la urgencia normativa para regularizar a cientos de miles de personas en situación irregular, dejando al margen el debate parlamentario en una decisión con enormes consecuencias jurídicas, sociales y presupuestarias. Por todo ello, el aluvión de recursos en el Tribunal Supremo va a ser inevitable, y más en un proceso de regularización que va a carecer de las garantías necesarias para asegurar la correcta verificación de requisitos, antecedentes y situación real de cada solicitante. Y todo ello por no hablar de cómo el Gobierno de la nación están llevando una senda contraria a las políticas comunitarias, por ejemplo, con la entrada en vigor del nuevo Pacto de Migración y Asilo y el Reglamento de retorno, o las advertencias del Comisario Europeo de Interior alertando de un posible cierre de fronteras internas y de que la seguridad no puede separarse del espacio Espacio Schengen.

Por otro lado, y en un ámbito más cercano, se estima que casi 20.000 personas en Aragón podrían verse beneficiadas de esta regularización, de los que buena parte van a suponer una carga adicional sobre una administración municipal que está sufriendo desde hace tiempo la invasión migratoria de diversas maneras.

Las consecuencias de este proceso van a agravar a la situación actual que ya teníamos presentes en varios contextos como:

• Educación y conciliación: expulsando a muchas familias de rentas medias y bajas del acceso a las Escuelas Infantiles públicas, obligándolas a recurrir a centros privados de mayor coste al no obtener plaza pública. Y lo mismo se podría decir de ayudas a comedor escolar o actividades extraescolares con el aumento de beneficiarios potenciales que diluye Jos fondos actuales, incrementando la competencia por ayudas vitales para la igualdad de oportunidades de las familias zaragozanas vulnerables.
• Vivienda y crisis habitacional: zaragozanos que llevan años esperando tener acceso a viviendas de alquiler asequible o viviendas de protección pública van a verse relegados por un decreto que premia la irregularidad. El aumento de demandantes incrementará aún más la presión en el mercado de alquiler, tensionando aún más los precios.
• Sanidad y dependencia: el sistema sanitario aragonés, como el del resto de España, está sometida a un progresivo crecimiento de las listas de espera agravado por las políticas de fronteras abiertas. Ni Zaragoza, ni Aragón, ni España se puede convertir en el hospital del mundo, agravado además por el reciente decreto de sanidad universal que supone una carga adicional al sistema. A ello añadir cómo van a perjudicar, aún más, a las listas de espera de la dependencia, que ocasionan que cada 18 minutos muera una persona, tal y como denunció un reciente informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.
• Servicios Sociales y recursos de emergencia: el ejemplo lo tenemos en el Albergue Municipal junto al resto de diferentes servicios sociales y recursos de atención social de emergencia. Priorizarlos para atender a personas en situación irregular -cuando la responsabilidad de su acogida y atención corresponde al Estado, no al municipio- supone detraer recursos que deberían estar disponibles para las familias zaragozanas más vulnerables: personas mayores en situación de dependencia, familias desestructuradas, personas sin hogar con arraigo en la ciudad o víctimas de violencia intrafamiliar. Los servicios sociales municipales no pueden, ni deben, ser el amortiguador ni los paganos de una política migratoria estatal irresponsable.
• Colapso administrativo: más allá de los servicios concretos, el colapso administrativo generado por el decreto tiene un efecto generalizado sobre la calidad del servicio al ciudadano. Cuando las Juntas de Distrito están bloqueadas por solicitudes de regularización, los vecinos de Zaragoza no pueden realizar con normalidad trámites cotidianos: registrar documentos, solicitar licencias, gestionar ayudas o resolver incidencias urbanísticas. El Gobierno central ha descargado sobre los hombros de la administración local una tarea que no le corresponde y perjudicando a las familias y empresas zaragozanas.
• Seguridad: al margen de las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior y de Igualdad, evidenciando el incremento de la criminalidad, detallando su tipología y origen de los agresores, los propios sindicatos policiales han alertado de las consecuencias de este decreto: debilitamiento del sistema de filtrado de perfiles de riesgo y de capacidad para detectar delincuentes; convertirse en una excepción dentro del . espacio Schengen, permitiendo que personas con órdenes de expulsión en otros países europeos puedan regularizar su situación en territorio español; o brechas en la seguridad pública al no contar mecanismos reales y efectivos para comprobar los antecedentes penales en origen.

En suma, se trata de un proceso lesivo para Zaragoza, Aragón y España. Un proceso lesivo para la soberanía nacional, el Estado de Derecho y la sostenibilidad de nuestro Estado del Bienestar. Un proceso lesivo que discrimina a todos aquellos que con su esfuerzo, trabajo e impuestos han sostenido y garantizado hasta la fecha los recursos, servicios y prestaciones del Estado, de la Administración regional y del Ayuntamiento de Zaragoza.

Por todo ello, se presenta la siguiente

MOCIÓN

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta a:

1. Rechazar frontalmente el Real Decreto de regularización extraordinaria de inmigrantes irregulares aprobado por el Gobierno d~ Pedro Sánchez, por constituir un premio a la ilegalidad, un efecto llamada inaceptable, una elusión del control parlamentario y una agresión directa a los intereses de los zaragozanos y de los españoles.

2. Instar al Gobierno de España a derogar inmediatamente el citado decreto, a suspender asimismo la norma que amplía el acceso universal a la sanidad pública para extranjeros en situación irregular, a auditar exhaustivamente todas las concesiones de regularización y nacionalidad realizadas en los últimos años, a proceder a la repatriación de las personas que hayan accedido ilegalmente al país y a deportar a cualquier inmigrante que cometa delitos graves con independencia de su situación administrativa.

3. Garantizar que los recursos del Ayuntamiento de Zaragoza -escuelas infantiles, becas de comedor, vivienda asequible, servicios sociales, albergue municipal y atención ciudadana- se destinen prioritariamente a los zaragozanos y residentes legales con arraigo en la ciudad.

4. Defender el Estado de Derecho adhiriéndose institucionalmente a los recursos jurídicos emprendidos ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto de regularización, instando al Gobierno de Aragón a hacer lo propio, y reclamando al Gobierno un referéndum al amparo del artículo 92 de la Constitución para que los españoles digamos cuál es el modelo de control de la inmigración que queremos.