Sesiones Plenarias

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA SU DEBATE Y VOTACIÓN EN EL PRÓXIMO PLENO EXTRAORDINARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Los derechos sexuales y reproductivos han sido reconocidos por la comunidad internacional como derechos humanos en declaraciones, convenciones y pactos de Naciones Unidas y otros documentos aprobados ¡nternacionalmente. La libertad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo sin violencia, miedo, coacción o discriminación viene precedida de una incesante lucha que, aún hoy, sigue ocupando la tarea política de actores políticos y sociales alrededor de todo el planeta. En este sentido, es de justicia reconocer la labor del movimiento feminista y el trabajo de tantas asociaciones y mujeres anónimas que luchan y lucharon incansablemente para convertir la reivindicación en ley.

Cuarenta años después de la primera ley del aborto, España debe de dar un paso más y pasar de la conquista social al blindaje constitucional.

Porque el derecho a decidir no es un asunto moral ni ideológico: es una cuestión de libertad y de ciudadanía. Ninguna democracia es completa si las mujeres no pueden ejercer el control sobre su cuerpo, su salud y su proyecto de vida. Por desgracia, los avances legislativos, impulsados sistemáticamente por gobiernos socialistas, siempre han encontrado la oposición de grupos políticos y sociales conservadores, incluido el Partido Popular (PP). Han pasado cuarenta años desde la primera ley que despenalizó el aborto en España y aún cuesta reconocer la postura del principal partido de la oposición sobre este particular.

En consecuencia, sabemos que la ley, aunque imprescindible, no es suficiente. A la ola reaccionaria, nacional e internacional, a la que parece haberse subido el PP, se suma la persistencia de barreras que siguen limitando el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. La objeción de conciencia está regulada por ley, pero con un desarrollo y aplicación muy heterogéneo en las distintas comunidades autónomas. Además, las diferencias territoriales en los itinerarios de acceso y en los métodos disponibles, la insuficiencia de recursos en la sanidad pública y la persistencia del estigma social son algunas de las trabas que continúan condicionando la libertad de las mujeres. Solo seremos una democracia justa, libre, igualitaria, sólida y moderna si somos capaces de proteger y preservar una maternidad libremente decidida.

Por ello, desde el Grupo Muncipal Socialista se presenta para su aprobación por el Pleno de la ciudad la siguiente:

MOCIÓN

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

1. Reafirma la defensa de la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho reconocido y protegido.

2. Insta al Gobierno a impulsar una propuesta de reforma constitucional que blinde el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo reconocido por la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo y ratificado por el Tribunal Constitucional en su sentencia 44/2023, de 9 de mayo de 2023, garantizando su obligado e inexcusable cumplimiento por parte de todos los poderes públicos.

3. Instar al gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón a:

• I. A garantizar el cumplimento de la Ley Orgánica 1/2023 que modifica Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
• II. Continuar mejorando la formación en materia de incorporación de la salud sexual y reproductiva en los planes de estudio de los grados y posgrados universitarios de Medicina, Enfermería y otras titulaciones sanitarias.
• III. Velar por el cumplimiento estricto de la ley y asegurar que no se proporcione información acientífíca respecto de la interrupción voluntaria del embarazo. Así como impedir las invasiones por parte de otras administraciones públicas, como los ayuntamientos, fuera de su ámbito competencial.
• IV. Establecer mecanismos para garantizar, tal y como establece la ley, que ninguna asociación u organización contraria al derecho al aborto pueda recibir ninguna subvención, concierto o convenio destinada a fines de oposición al aborto o desinformación sobre el mismo.

4. Instar al gobierno municipal a proteger la neutralidad de los servicios públicos municipales, garantizando que no se realicen campañas de desinformación acientífícas como el inexistente ''síndrome postaborto''.