Sesiones Plenarias

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA SU DEBATE Y VOTACIÓN EN EL PRÓXIMO PLENO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA DEL DÍA 26 DE JUNIO DE 2025

En los últimos años, España ha experimentado un incremento alarmante en la llegada de personas migrantes en situación irregular. En 2017 fueron 27.834 personas, pero en 2024 la cifra ascendió a 63.970, un aumento del 130 %. Esta evolución debería haber encendido todas las alarmas en el seno del Gobierno de España, impulsando la búsqueda de consensos amplios y soluciones eficaces. Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha optado por la inacción, centrado en discursos vacíos y medidas superficiales que no solo no resuelven el problema, sino que lo agravan.

El Gobierno de Sánchez ha decidido repartir a la población inmigrante por el territorio de la península, a través de determinadas entidades conveniadas, y, tras unos pocos meses, expulsarle a la calle sin recursos, información o posibilidades de integrarse en los municipios a los que les ha enviado. El Gobierno, incumpliendo sus competencias y actuando de forma irresponsable, ha delegado de facto la gestión de esta crisis en los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, sin información, coordinación ni recursos. Esta dejación de funciones ha generado una presión insostenible sobre las administraciones locales, que se ven obligadas a asumir responsabilidades que no les corresponden. Mientras tanto, el PSOE utiliza políticamente, de manera infame, la situación derivada de su nefasta gestión para cargar contra la gestión de estos municipios y regiones. Gestión imposible sin información ni recursos, y que no les corresponde. Zaragoza es un claro ejemplo, una ciudad que, pese a su compromiso con la inclusión y la diversidad, a su situación comparativamente tan positiva, soporta las consecuencias de un modelo estatal de gestión migratoria absolutamente fracasado.

El fenómeno migratorio, tal y como se está gestionando actualmente, genera nuevas situaciones de exclusión, pobreza y sinhogarismo, atentando directamente contra la dignidad de las personas inmigrantes. Mientras están en situación irregular, no pueden trabajar o alquilar una vivienda. Cuando ya pueden legalmente trabajar, la situación muchas veces no mejora.

El 30% de los trabajadores pobres en España son inmigrantes, lo que a su vez deriva en exclusión residencial y satura los servicios sociales en todas las ciudades. La falta de una estrategia nacional coherente ha convertido la migración en un problema estructural de las ciudades españolas, quebrantando todo proyecto de vida de estas personas y sus familias, así como el trabajo de cohesión social de las ciudades.

A pesar de ello, el Ayuntamiento de Zaragoza ha mantenido su compromiso con la atención social y la integración. En 2024, desde la Casa de las Culturas se atendió a 2.634 personas en materia de inmigración y extranjería, se emitieron 2.588 informes de arraigo, reagrupación familiar, vivienda o retorno voluntario, y 671 cursos de español. Además, se alojó a 41 familias vulnerables con menores. Asimismo, se han multiplicado las viviendas sociales gestionadas por el Área de Política Social, hasta alcanzar las 140 (112 más que las 28 de 2015, en el último gobierno socialista). Estos esfuerzos han sido reconocidos por la Comisión Europea, premiando por partida doble a Zaragoza en los premios de las Capitales Europea de la Inclusión y la Diversidad.

Con todo ello, todo avance deja de ser suficientes debido a la irresponsabilidad de un Gobierno central que continúa mandando a personas migrantes a Zaragoza sin previo aviso, sin recursos y sin información mínima para que los servicios sociales puedan intervenir adecuadamente. Muchas de estas personas tienen solicitudes de asilo en trámite o han sido expulsadas del sistema de protección sin alternativas, quedando atrapadas en un limbo legal que impide su integración y las empuja a la exclusión. En la actualidad, el porcentaje de personas extranjeras en el Albergue municipal ya supera el 75 %, y el 70 % de las personas sin hogar son de origen extranjero. El Gobierno socialista mueve a las personas inmigrantes por España para terminar arrojándoles a la calle, sin nada, despojándoles de su dignidad humana y de cualquier posibilidad de futuro.

Esta situación, lejos de mejorar, se agrava con un nuevo Reglamento de Extranjería que no aborda el problema de fondo. Entre otros, el más inmediato es que condena a solicitantes de asilo a reiniciar el tiempo de espera para obtener el arraigo por residencia, perdiendo los empleos que tenían y cayendo en la exclusión, mientras miles de personas continúan entrando en el país, repartidas sin planificación y terminando en situación irregular.

El sistema nacional de asilo rechaza más del 80 % de las solicitudes, dejando a miles de personas sin protección ni acceso al mercado laboral. Estas personas acuden a los servicios sociales municipales, que no cuentan con competencias ni financiación para lograr itinerarios de inclusión exitosos. A la vez, la falta de coordinación y transparencia por parte del Gobierno central es total, en tanto no se facilita información sobre las personas trasladadas, sus perfiles o necesidades, y las decisiones se toman de forma unilateral, ignorando la capacidad de acogida de los municipios.

Esta situación de tensión, como no podría ser de otra forma, afecta también a las entidades sociales, quienes se encuentran en muchos casos en situación de colapso, con saturación de los servicios y sin posibilidad de acoger y trabajar con todas las personas que llegan a sus puertas.

En paralelo, el Gobierno de Pedro Sánchez solo se preocupa de responder a las demandas de dos Comunidades Autónomas clave para su estabilidad parlamentaria, ignorando las necesidades reales de las ciudades que acogen a la población migrante. La pobreza, en la España de Sánchez, tiene cara de inmigrante. Y Zaragoza no puede seguir siendo el parche de una política migratoria fallida.

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular presenta la siguiente:

MOCIÓN

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza reprueba la gestión migratoria del Gobierno de España y le reclama que asuma su responsabilidad y competencias, garantizando un modelo nacional que termine con el caos actual , responda con eficacia a las necesidades del país, las ciudades y las personas inmigrantes, y que deje de arrojar a las personas a la irregularidad, la exclusión social , la pobreza y el sinhogarismo. Del mismo modo, el Pleno exige al Ejecutivo central que abandone la improvisación y deje de usar a los ayuntamientos para intentar esconder los problemas que ha creado su política migratoria.

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza exige al Gobierno central que habilite un fondo de recursos económicos, técnicos y humanos suficiente para, primero, asumir su responsabilidad de acogida, formación e inclusión sociolaboral de las personas solicitantes de asilo, así como incrementar las partidas de retorno voluntario, y, segundo, para que los municipios puedan atender adecuadamente a las personas en cuanto son expulsadas de los programas de ayuda humanitaria, asilo y protección. Asimismo, solicita la creación de mecanismos formales de coordinación, información y cooperación interadministrativa transparente que permitan una gestión conjunta, planificada y responsable de la realidad migratoria.