Sesiones Plenarias

MOCIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Dª. Elena Tomás Bona, portavoz del Grupo Municipal de Zaragoza en Común viene a formular para su aprobación la siguiente Moción en base a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Zaragoza atraviesa una auténtica emergencia habitacional, con un incremento desorbitado del precio del alquiler, la reducción de la vivienda pública disponible y la creciente presión de fondos de inversión sobre el parque residencial de la ciudad.

El precio del alquiler se ha disparado hasta el punto de que resulta casi un milagro encontrar un piso en cualquier barrio de Zaragoza por menos de 650 euros.

Esta situación está forzando a muchas personas y familias al alquiler por habitaciones, que también ha sufrido un exponencial aumento de precio medio de una habitación supera los 330 euros mensuales además de tener que vivir en condiciones muy precarias.

La vivienda en Zaragoza se está convirtiendo en un lucrativo negocio, al que están llegando fondos de inversión, comprando viviendas en muchas ocasiones habitadas por inquilinos, convirtiéndolos en alquiler por habitaciones o simplemente para alquilarlas a un mayor precio. Lo que acaba expulsando a los vecinos y vecinas del barrio donde han vivido toda la vida.

Esta situación se agrava en el Casco Histórico donde fondos están invirtiendo masivamente, convirtiendo las viviendas en alojamientos turísticos y desplazando a vecinos y vecinas de toda la vida.

Frente a esta grave crisis habitacional el Gobierno del PP está actuando con pasividad y connivencia con una lógica de mercado, que ve la vivienda como un negocio y no como un derecho y que beneficia exclusivamente a los grandes promotores y fondos de inversión.

Ha paralizado la construcción de vivienda social, no se ha construido ni una sola vivienda social desde que el PP llegó al poder, han renunciado al derecho de tanteo sobre las ya casi 200 viviendas de protección oficial que podían haberse incorporado al parque de vivienda pública municipal. Además, se ha cancelado el programa “Alegra tu vivienda”, cerrado la Oficina de Mediación Hipotecaria y del Alquiler también y las oficinas del consumidor en materia de vivienda y tampoco este gobierno ha querido hacer efectiva la posibilidad de gravar las viviendas de grandes tenedores desocupadas con un recargo del IBI.

Tampoco en la política de rehabilitación anunciada por este gobierno, en muchos casos financiadas hasta en un 80% con fondos europeos, se han tomado las medidas necesarias para que las personas que viven de alquiler en ellas no sean desahuciadas o se enfrenten a subidas abusivas del alquiler tras un simple cambio de propietario tal y como establece la directiva europea de diciembre de 2021 sobre eficiencia energética.

A pesar de la gravedad de la situación el Gobierno de Natalia Chueca ha renunciado a solicitar la declaración de zonas tensionadas que posibilita la nueva Ley de Vivienda, una medida que se ha demostrado útil en ciudades como Barcelona para frenar los precios del alquiler.

El actual modelo de vivienda impulsado por el Gobierno Municipal y el Gobierno de Aragón basado en la externalización de la construcción y gestión de las viviendas asequibles financiadas con recursos públicos a empresas privadas, no da garantía suficiente de transparencia ni de acceso equitativo, especialmente en lo relativo a la adjudicación de viviendas

Existe un riesgo evidente de que su gestión y adjudicación queden nuevamente en manos privadas, reproduciendo los problemas ya señalados de opacidad, desigualdad y falta de control público y resulta imprescindible que las administraciones públicas garanticen una gestión pública y transparente de estas viviendas, que responda al derecho a una vivienda digna y no a intereses especulativos.

Por ello proponemos la creación de una oficina pública municipal en colaboración con el Gobierno de Aragón que facilite la información y el acompañamiento a los y las vecinas en los trámites para que todas puedan optar a las mismas oportunidades, independientemente de su destreza con las herramientas digitales o conocimiento de los trámites administrativos. Además esta oficina garantizará el control del cumplimiento de los requisitos de los demandantes de vivienda y que la adjudicación de esas viviendas se haga de manera justa y transparente.

La creación de esta oficina de vivienda pública, puede ser una oportunidad para revisar la lista de más de 9.000 personas apuntadas en Zaragoza Vivienda para el acceso a una vivienda social. Así como prestar toda la información relativa a la compra de viviendas de VPO. Además, permitirá tener una radiografía de la demanda de vivienda de la ciudadanía que permita orientar las políticas públicas de vivienda.

Por todo ello, el Grupo Municipal de Zaragoza en Común presenta la siguiente moción:

1. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza acuerda impulsar, en colaboración con el Gobierno de Aragón, la creación de una Oficina Pública de Información y Gestión de Vivienda de Pública, encargada de:

• - Establecer un registro público y transparente de demanda de vivienda pública en Zaragoza.
• - Realizar los procesos de adjudicación de las viviendas promovidas con fondos públicos mediante criterios objetivos, garantistas y de acceso equitativo.
• - Acompañar y asesorar a la ciudadanía, especialmente a las personas con mayores dificultades de acceso digital o administrativo.
• - Actualizar y revisar el listado de más de 9.000 personas inscritas actualmente en Zaragoza Vivienda.

2. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza instará al Gobierno de Aragón a firmar un convenio de colaboración para hacer efectiva esta oficina, dotándola de los recursos humanos y técnicos necesarios.

3. El Pleno Ayuntamiento de Zaragoza acuerda instar al Gobierno Municipal utilizar todos las medidas que estén a su alcance para abordar la actual emergencia habitacional de la ciudad

• - Solicitar la declaración de zonas tensionadas en Zaragoza para frenar la subida de precios del alquiler, especialmente en los barrios más afectados.
• - Ampliar el parque público de vivienda social: construyendo, captando vivienda vacía o mediante el uso del derecho a tanteo y retracto.
• - Aplicar recargos en el IBI a las viviendas desocupadas de grandes tenedores, en aplicación de la Ley de Vivienda.
• - Garantizar que las ayudas a la rehabilitación incluyan medidas de protección a los inquilinos, evitando desahucios y subidas abusivas posteriores.
• - Establecer limitaciones a las Viviendas de uso turístico.