Sesiones Plenarias

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL VOX PARA SU DEBATE Y VOTACIÓN EN EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA DE 29 DE MAYO DE 2025

El espacio público es el ámbito esencial de desarrollo de la vida comunitaria y del ejercicio de derechos y deberes, y es responsabilidad de la Administración pública y especialmente de la administración municipal la garantía de la convivencia ciudadana. De hecho, garantizar la convivencia en el espacio público con libertad, seguridad y civismo debe o debería ser un objetivo fundamental para cualquier Ayuntamiento.

En los últimos años numerosos Ayuntamientos españoles han abordado esta materia, consolidando lo que se conoce como "políticas de civismo", que han ido ganando fuerza y visibilidad dentro de las políticas públicas de ámbito local. Esta política se basa en un conjunto de actuaciones que buscan atender las nuevas demandas derivadas del cambio social en las ciudades, promoviendo la participación ciudadana, la integración y la educación en el respeto mutuo y hacia el entorno. Convivir, en efecto, requiere aceptar reglas y mantener una moral solidaria mínima. Un instrumento clave en esta política ha sido la aprobación de Ordenanzas Municipales de Convivencia y Civismo como instrumento para regular el comportamiento de los ciudadanos en el espacio público respecto a sus convecinos y su entorno, y en el uso y disfrute de los servicios públicos y del mobiliario urbano.

Una de las primeras fue, aunque ya precedidas por otras, la ciudad de Barcelona con su Ordenanza para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público, y a la que siguieron después muchos otros municipios que decidieron aprobar sus propias ordenanzas de convivencia. Incluso la propia Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) aprobó un modelo normalizado de "Ordenanza Tipo de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Este modelo de la FEMP incorpora las normas de conducta y el régimen sancionador de la Ordenanza de Barcelona, añadiendo otras materias no tratadas por esta última.

Si bien esta renovación normativa ha aportado avances significativos en la búsqueda de respuestas a las infracciones, introduciendo fórmulas distintas a la mera multa, como los trabajos en beneficio de la comunidad y las medidas socioeducativas, el proceso no ha estado exento de polémicas y desafíos legales. El debate se centra, en gran medida, en la potestad sancionadora local y el cumplimiento de principios como el de legalidad y tipicidad. Algunas sentencias han anulado preceptos de ordenanzas por su falta de concreción, por limitarse a reproducir normas de rango superior sin añadir elementos definitorios, o por utilizar expresiones ambiguas, subrayándose la necesidad por parte de los Ayuntamientos para acotar estos conceptos indeterminados y no dejar un margen excesivo de apreciación al aplicador de la norma.

En el caso de Zaragoza se contaba desde 2008 con una Ordenanza Cívica que éstuvo en vigor hasta 2013, derogándose en dicha fecha en virtud del pacto presupuestario de dicho año, derogación a la que accedió el gobierno municipal de entonces por exigencia del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Desde ese momento el tratamiento de las actitudes incívicas han gozado de mayor laxitud y permisividad, lo que ha generado quejas y protestas más que justificadas y cada vez más extendidas por parte de los vecinos afectados.

Dada la degradación de muchas zonas de la ciudad por este tipo de conductas incívicas, es necesario poner sobre la mesa de nuevo una Ordenanza Cívica acorde con los tiempos actuales, con un enfoque integral y en respuesta a las peticiones vecinales que se han visto plasmadas en diversas manifestaciones y concentraciones denunciando el clima de inseguridad, suciedad, abandono y degradación paulatina de los barrios. Otras ciudades ya lo han hecho, como Palma de Mallorca con la aprobación por parte del Pleno del Ayuntamiento el pasado 24 de abril de la Ordenanza para el Fomento de la Convivencia Cívica.

Por otro lado, hemos sido testigos en nuestra ciudad de una dispersión normativa durante los últimos años con la aprobación de Ordenanzas como la de Limpieza Pública y Gestión de Residuos, así como la Ordenanza reguladora del consumo indebido de bebidas alcohólicas en espacios públicos y fomento de la convivencia. Ambas incluyen aspectos tradicionalmente abordados por las ordenanzas cívicas. Incluso lo dispuesto por la Disposición Final Segunda de esta última, vigente desde 2020, conmina a la" aprobación de una ordenanza municipal para el buen comportamiento cívico". Es evidente que de aprobarse una Ordenanza Cívica (o de Convivencia Ciudadana), como se propone en esta moción, la Ordenanza reguladora del uso indebido de bebidas alcohólicas debiera derogarse, incorporando sus previsiones normativas a la nueva Ordenanza. Y, de la misma, forma, algunos de los preceptos sancionadores de la Ordenanza de Limpieza Pública debieran incorporarse igualmente a la Ordenanza Cívica, todo ello en aras a la coherencia y simplificación normativa.

Además de todo lo anterior, conviene recordar que incluso el Justicia de Aragón señalaba tanto en 2019 (Mesa del Justicia sobre Ocio Nocturno) como en 2021 (resolución de una queja vecinal) que la normativa actual municipal no está abarcando la problemática existente y sugería la posibilidad de completar las normas municipales con una ordenanza específica de convivencia, que regule en un único texto las principales conductas que afectan a la convivencia en nuestra ciudad. Por no hablar de lo aprobado en el último Debate del estado de la ciudad, en el que se instaba a "aprobar una ordenanza cívica como instrumento de responsabilidad y convivencia vecinal, contando con el tejido asociativo en todas sus fases ".

Un proyecto de Ordenanza como el que proponemos debe:

(1) Elaborarse siguiendo los principios de una política de civismo integral, que combine la prevención, la educación, la acción social y la sanción, buscando el equilibrio entre la garantía del descanso, la calidad del espacio público y el respeto a los derechos individuales.

(2) Contemplar expresamente la posibilidad de aplicar medidas alternativas a la sanción económica, como trabajos en beneficio de la comunidad y medidas socioeducativas, articulando de manera detallada y eficaz los mecanismos para su aplicación práctica.

(3) Definir las conductas infractoras de forma clara y precisa, respetando escrupulosamente el principio de tipicidad y las garantías del procedimiento sancionador, y estableciendo un régimen de sanciones proporcionado y con la debida cobertura legal.

(4) Agrupar en ella, por coherencia y simplificación, toda la normativa dispersa en otras Ordenanzas en la regulación de la convivencia cívica. 

(5) Promover activamente la participación y el diálogo con los ciudadanos, las asociaciones de vecinos, las entidades sociales y culturales, y otros agentes implicados en la vida de la ciudad, para que la futura normativa sea fruto del consenso y responda a las necesidades y sensibilidades de los zaragozanos.

La elaboración de un proyecto de ordenanza con estas características, por tanto, es un paso necesario para dotar a Zaragoza de una herramienta jurídica eficaz para gestionar la convivencia ciudadana, superando las limitaciones de normativas parciales, dispersas y desactualizadas, para dar cumplida respuesta a las demandas sociales y a las sugerencias de instituciones como el Justicia de Aragón.

Por todo lo expuesto, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente

MOCIÓN

• El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza acuerda: Instar al Gobierno de Zaragoza a que, a la mayor brevedad posible, inicie los trabajos técnicos y jurídicos necesarios para la redacción de un Proyecto de Ordenanza Municipal Cívica y de Convivencia Ciudadana, que consolide en un único texto la regulación de las principales conductas que afectan a la convivencia en el espacio público de la ciudad.