Moción: P-11435/2025

Orden del día Publicación con sello de tiempo del 27-03-2025 09:00 presentada por GM ZeC

Moción presentada por el grupo municipal ZEC, en el sentido de acordar destinar los recursos necesarios para garantizar las competencias en educación, e instar al Departamento de Educación para que garantice recursos humanos, materiales necesarios y ejecute las inversiones necesarias para que todos los colegios estén condiciones dignas, y otros extremos.

MOCIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Da. Elena Tomás Bona, portavoz del Grupo Municipal de Zaragoza en Común viene a formular para su aprobación la siguiente Moción en base a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Iniciado el proceso de escolarización para el próximo curso, se hace más necesario poner en valor el sistema público educativo como garante del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad de oportunidades

Los colegios públicos están abiertos al barrio y presentes en todos los núcleos urbanos de nuestros municipios. En todos ellos, la participación de las familias es muy importante. Porque además de ser una premisa legal, las direcciones de estos centros saben que la presencia de las familias en la vida del colegio mejora el rendimiento de las niñas y niños en la escuela, un dato que corroboraba recientemente el informe PISA.

El mejor colegio es el que integra, el que trabaja la inclusión,el que no discrimina ni por sexo, ni cultura, ni por condición socio-económica, ni por necesidades educativas, ni por diversidad funcional. La escuela pública atiende a la diversidad, lo que supone un esfuerzo para la escuela, pero también proporciona una experiencia vital a nuestros hijos e hijas. En la escuela pública se valora el esfuerzo por aprender, independientemente de la procedencia socioeconómica de las infancias.

La escuela pública es creativa e innovadora. Los problemas que pueda haber en ella, y en absolutamente todos los centros educativos se afrontan, no se ocultan. Para ello se cuenta con recursos humanos de calidad. Los maestros y maestras de la escuela pública son profesionales que han accedido a su puesto de trabajo tras duras oposiciones, personas bien formadas y que se siguen formando de modo continuo.

Pero la escuela pública no ofrece solo pluralidad, diversidad o participación. La escuela pública ofrece calidad. Así lo demuestran los resultados en las pruebas EBAU de acceso a la universidad, o el hecho de que el alumnado proveniente de los centros de la escuela pública obtenga unos mejores resultados académicos en la Universidad.

Desde el ayuntamiento de Zaragoza como institución gestora de los bienes y el patrimonio público de la ciudadanía, debemos actuar en consonancia con nuestras obligaciones y colocar la defensa y la mejora de la escuela pública, en el contexto de nuestras competencias, como una de nuestras prioridades. Y es que la defensa de la educación pública es tanto como defender toda nuestra sociedad presente y futura. La pérdida de la educación pública, o su degradación, afecta directamente a la igualdad en las generaciones futuras y a la necesaria cohesión social.

La Constitución española, en su artículo 27, declara el derecho universal a la educación, así como el carácter obligatorio y gratuito de la enseñanza básica (27.4), estableciendo, en su punto 5, que “los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes”.

La Educación Pública, de titularidad y gestión pública, es y debe ser, por tanto, la garante de la equidad y la cohesión social, en tanto que ha de asegurar el ejercicio del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad y democracia, “sin discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” (artículo 14 de CE).

El sistema mixto, educación concertada combinado con el público, basado en conciertos económicos con centros educativos privados, la mayor parte de ellos vinculados a la Iglesia Católica –en España, se creó en el año 1985, para garantizar la escolarización de toda la población–, con el paso del tiempo se ha demostrado como generador de problemas de equidad e inclusión.

Por otro lado, en contextos de creciente diversidad religiosa y cultural, el predominio de los proveedores religiosos vinculados a unas pocas confesiones resulta cada vez más difícil de reconciliar con los principios de la cohesión social y un trato igualitario que las administraciones públicas deberían conceder a todos sus ciudadanos.

La “libertad de elección de centro” reclamada por determinados sectores sociales es de facto “preferencia de selección”, tanto la de los propios centros educativos. Porque quieren tener una clientela “escogida” y que sirven a las clases más acomodadas para alejarse de alumnado inmigrante, con mayores necesidades o de clases más bajas. O preferencia de selección también de aquellas familias que no quieren ver mezclados a sus hijos e hijas con los que no son de su misma clase social.

La obligación social de los poderes públicos, y por tanto también de este Ayuntamiento, debe ser garantizar el derecho a la mejor educación posible en todos y cada uno de los centros públicos, favoreciendo, además, la escolarización más cercana al domicilio familiar del alumnado. Por ello y para ello todos los municipios y barrios deben contar con plazas públicas suficientes en centros dotados con todos los recursos necesarios para posibilitar que así sea. Esto no solo es más justo y equitativo, sino que preserva ante todo la función social de la educación, Y eso solo se puede garantizar con una red pública educativa única, que no derive recursos públicos a financiar opciones privadas.

España constituye una anomalía dentro del panorama europeo, dada la alta proporción de centros que, siendo de titularidad privada, reciben financiación pública a través de importantes subvenciones, y a ello se añade que la educación concertada segrega: La doble red de centros se ha convertido en estos años en garantía de desigualdad.

Por ello, el Grupo Municipal Zaragoza en Común eleva al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

MOCIÓN

  • 1. El ayuntamiento de Zaragoza acuerda destinar los recursos necesarios para garantizar la atención a la ciudadanía en lo que tiene que ver con sus competencias en educación, especialmente en el mantenimiento y rehabilitación de los centros educativos y en garantizar la presencia de oficiales de mantenimiento durante todo el horario de apertura de los Centros escolares, así como a exigir al Departamento que garantice los recursos humanos y materiales necesarios y ejecute las inversiones necesarias para que todos los colegios estén en condiciones dignas.
  • 2. Llevar a cabo una importante campaña informativa sobre los valores de la Educación Pública, exigiéndole al Servicio Provincial del Departamento de Educación el material necesario para la próxima campaña de escolarización del curso 24/25 para que en este proceso no se pierda ninguna vía de los centros públicos de Zaragoza.
  • 3. Instar al Departamento de Educación, comprometiéndose a colaborar desde el Ayuntamiento, a planificar a medio plazo la red de centros y plazas escolares en función de la evolución demográfica y las necesidades educativas. Minimizando el impacto en la red pública y permitiendo la reducción de los conciertos innecesarios.
  • 4. Instar al Departamento de Educación, a que se garanticen plazas públicas suficientes en los nuevos desarrollos urbanísticos, mediante la cesión de suelo público para la creación y apertura de centros escolares de titularidad y gestión pública.
  • 5. Instar al Departamento de Educación para que se revise la normativa sobre conciertos educativos de modo que, mientras subsistan, éstos tengan carácter estrictamente subsidiario.
  • 6. Instar al Departamento de Educación, para que, en los procesos de renovación de conciertos vigentes, se supriman todos aquellos que no se justifiquen por existir plazas públicas vacantes. Así como, a establecer los mecanismos normativos y protocolos administrativos para que no se produzca el cierre de vías de escuelas públicas en aquellas zonas donde simultáneamente se mantengan conciertos con la enseñanza privada.
  • 7. La renuncia futura, por parte de este municipio, a la cesión de suelo o instalaciones municipales, a empresas privadas educativas. Que en ningún caso se pueda destinar suelo municipal para centros escolares privados de ningún tipo. El suelo público sólo para la enseñanza pública.
  • 8. Instar al Departamento de Educación para que se asegure la extensión de la oferta pública de las familias de FP de la provincia de Zaragoza poniendo freno a la progresiva privatización y encarecimiento de estas enseñanzas en nuestro municipio.
  • 9. Instar al Departamento de Educación a asegurar la convocatoria en tiempo y forma de las Comisiones de garantías de la escolarización necesarias para velar por el desarrollo adecuado del proceso de escolarización.
  • 10. Instar al Departamento de Educación a eliminar el distrito único, , pues aumenta las desigualdades en los sistemas educativos al aglutinar en centros a la población por estatus socioeconómico o por criterios ideológicos afines al ideario del centro, segregando al alumnado e impidiendo el ejercicio, en condiciones de igualdad, del derecho a la educación.
  • 11. Instar al Departamento de Educación a eliminar la equiparación de la puntuación por domicilio laboral y familiar puesto que el modelo de escuela que se debe de garantizar es la escuela de proximidad, en el entorno vital de los niños y niñas, donde puedan desarrollarse con autonomía, cercanía y construyendo barrio
  • 12. Instar al Departamento de Educación a posibilitar la adscripción de las escuelas municipales a todos los colegios públicos del entorno para evitar discriminaciones entre centros públicos.

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