Moción: P-10782/2025

Orden del día Publicación con sello de tiempo del 30-01-2025 09:00 presentada por GM PP

Moción presentada por el grupo municipal PP en el sentido de instar al pleno a rechazar la 'Ley Begoña' del PSOE por limitar la acción popular y exigir su retirada inmediata. Asimismo, pedir la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, investigado por presunta filtración de información confidencial, instando al Gobierno a asumir responsabilidades o cesarlo.

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA SU DEBATE Y VOTACIÓN EN EL PRÓXIMO PLENO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA DEL DÍA 30 DE ENERO DE 2025

En las últimas semanas, hemos sido testigos de dos acontecimientos que, aunque diferentes en su forma, comparten un mismo trasfondo: la instrumentalización de las instituciones públicas por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y del Partido Socialista para su propio beneficio político y personal, en detrimento de los pnncipios fundamentales del Estado de Derecho, la separación de poderes y la confianza ciudadana en nuestras instituciones.

Por un lado, la proposición de Ley Orgánica conocida como la "Ley Begoña", presentada por el Partido Socialista, busca limitar de forma drástica la acción popular, una figura consagrada en la Constitución de 1978 que ha sido clave en la lucha contra la corrupción y en la defensa de los intereses públicos. Esta propuesta excluye de la acción popular a partidos políticos, asociaciones y personas juirídicas, despojando a los ciudadanos de una herramienta fundamental para fiscalizar al poder y combatir los abusos.

Lo más alarmante de esta reforma es que incluye una disposición transitoria que aplica la limitación de la acción popular a los procesos judiciales en curso. Este carácter retroactivo genera una grave sospecha de arbitrariedad, al parecer diseñada para beneficiar a personas del entorno del presidente del Gobierno, como su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez Pérez-Castejón alias David Azagra, implicados en investigaciones judiciales. En lugar de forta lecer los mecanismos democráticos de control, esta ley refuerza la percepción de que las reformas legales impulsadas por el Ejecutivo responden a intereses particulares, socavando la igualdad ante la ley y la justicia.

Por otro lado, la citación como investigado del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por parte del Tribunal Supremo, pone de nuevo de manifiesto hasta qué punto el Partido Socialista ha utilizado las instituciones públicas con fines partidistas.

García Ortiz está siendo investigado por su presunta implicación en un plan coordinado para filtrar información confidencial sobre un caso judicial que afectaba a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Según las investigaciones de la Guardia Civil y el juez instructor, esta información habría sido utilizada por Moncloa para perjudicar politicamente a la presidenta madrileña, empleando las instituciones del Estado como herramientas al servicio de los intereses del Partido Socialista.

Estos hechos no son casos aislados, sino que se enmarcan en una preocupante deriva del Gobierno de Pedro Sánchez hacia la politización de las instituciones públicas. Desde el nombramiento de altos cargos vinculados al Partido Socialista en posiciones clave, como la Fiscalía General del Estado, hasta el uso de reformas legales para blindar a su entorno de las investigaciones judiciales, el Ejecutivo ha demostrado un desprecio alarmante por los principios de imparcialidad y separación de poderes que sustentan nuestra democracia.

El uso sistemático de las instituciones públicas para proteger y fortalecer los intereses políticos del Partido Socialista y del presidente del Gobierno es el nexo común entre la "Ley Begoña" y la investigación al fiscal general del Estado. Ambas situaciones evidencian una clara estrategia que busca desactivar los mecanismos de control y garantizar la impunidad frente a posibles responsabilidades judiciales, ya sea limitando la acción popular o utilizando a la Fiscalía como herramienta política.

Por todo lo expuesto, comprometidos con la defensa del Estado de Derecho y la transparencia, alzamos la voz frente a esta grave deriva institucional, pues no solo está en juego la independencia de nuestras instituciones, sino también la confianza de los ciudadanos en la capacidad del sistema democrático para garantizar la justicia y la igualdad ante la ley, el Grupo Municipal del Partido Popular presenta la siguiente:

MOCIÓN

  • PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza manifiesta su rechazo a la proposición de Ley Orgánica conocida como la "Ley Begoña", presentada por el Partido Socialista, al considerar que esta propuesta legislativa limita gravemente la acción popular, socava los mecanismos de control democrático y representa un ataque directo al Estado de Derecho, e insta al Partido Socialista a proceder a su retirada inmediata y a garantizar que cualquier reforma legislativa preserve la acción popular como un mecanismo esencial para la lucha contra la corrupción y la defensa de los intereses públicos.
  • SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza exige al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que presente su dimisión inmediata tras haber sido citado a declarar como investigado por el Tribunal Supremo por su presunta implicación en un plan de filtración de información confidencial con fines políticos que involucraría a la Presidencia del Gobierno asi como al Gobierno de España a asumir las responsabilidades políticas derivadas de este grave suceso; en caso de no dimitir, insta al Gobierno de España a proceder a su cese inmediato, conforme a lo dispuesto en el artículo 31 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
  • TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza acuerda dar traslado de esta moción a los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados, al Consejo General del Poder Judicial, al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía General del Estado.

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