Sesiones Plenarias

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA SU DEBATE Y VOTACIÓN EN EL PRÓXIMO PLENO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024

El acceso a la vivienda en España se ha convertido en uno de los principales problemas sociales y económicos. Una situación agravada por la inseguridad jurfdica que afecta no sólo a los propietarios sino a los potenciales arrendatarios, a la que se une el colapso y saturación que viven los juzgados. Ello incide, como indica el Banco de España, en la crisis del sector, provocando un encarecimiento de los precios del alquiler y dificultando el acceso a la vivienda ante la escasez de oferta y el aumento de la demanda.

La fuerte subida de los precios del alquiler en los últimos años tiene un origen muy claro: el desequilibrio entre una oferta de vivienda para arrendamiento que está siendo limitada por la falta de seguridad jurídica para los propietarios y la escasez de nueva obra en el conjunto de España. Desequilibrio que, de no poner medidas sobre la mesa, va a seguir amplificándose en los próximos años.

En contraposición a la inacción del Gobierno de España, que en los últimos cinco años no ha incorporado vivienda al parque público de alquiler pese a las reiteradas e incumplidas promesa de su Presidente (más de 145.000 de las que ni siquiera hay datos públicos de haber construido y entregado ninguna), en el ayuntamiento de Zaragoza, desde 2019, se ha trabajado en políticas eficaces de construcción de vivienda. Este mandato se está desarrollando el mayor plan de construcción de vivienda pública asequible de la historia de la ciudad. Directamente el Ayuntamiento tiene ya en marcha, en este primer año de mandato, 384 viviendas en construcción en 11 promociones repartidas por distintos barrios consolidados para destinarlas a alquiler asequible. A eso le sumamos, con fondos europeos y fondos propios municipales, 39 viviendas en 4 edificios (dos Casco Histórico y dos en El Rabal) para alquiler asequible. Y el Plan Más Vivienda, con el Gobierno de Aragón, que impulsará la construcción de otras 1.000 viviendas de alquiler asequible para jóvenes en Zaragoza, de las que 500 se levantarán sobre suelos municipales.

En resumen: 1.423 viviendas de nueva construcción en la ciudad para alquiler asequible. Sirva como comparación que desde el año 2010 hasta el año 2019 no se construyó ninguna vivienda pública destina al alquiler por parte del Ayuntamiento de Zaragoza.

Las medidas que han sido implementadas por el Gobierno de Pedro Sánchez en los últimos años, como el Real Decreto Antidesahucios, lejos de mejorar la situación, han contribuido a generar un marco de incertidumbre que desincentiva a los propietarios de poner sus viviendas en el mercado. Uno de los factores más visibles de esta inseguridad es la ocupación ilegal de viviendas, que no sólo afecta el derecho de los propietarios a recuperar sus inmuebles, sino que también altera gravemente la convivencia vecinal y provoca una pérdida de confianza en el sistema jurídico.

En Zaragoza, el problema de la ocupación ha ido en aumento, como lo reflejan los datos del servicio gratuito de asesoramiento jurídico ofrecido por el Ayuntamiento de Zaragoza y el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (REICAZ). En los tres años de funcionamiento de este servicio, se han gestionado numerosos casos de ocupación, afectando principalmente a propietarios de bajos ingresos y vecinos que sienten desamparo ante un problema que les genera no sólo perjuicios económicos, sino también emocionales y de seguridad. En la ciudad de Zaragoza son los distritos de Delicias, el Casco Histórico y Torrero-La Paz los más afectados, acumulando más de la mitad de los casos.

A todo ello debemos sumar el aumento de conflicto vecinal al advertir ocupación de viviendas para fines delictivos (como el tráfico de drogas), los cuales están propiciando un clima de tensión e inseguridad social y de la convivencia. Tenemos ejemplos claros de ello en las situaciones vividas durante este año en la calle Tenor Fleta, donde los vecinos fueron testigos de cómo se amueblaban viviendas ocupadas con sus propios muebles robados; el incendio del edificio ocupado en Compromiso de Caspa 83, o el reciente arresto de varios ocupas en pleno centro de Zaragoza durante las fiestas del Pilar gracias a la intervención de una vecina que se percató de sus delictivas intenciones.

El desamparo administrativo y legal es un hecho. La normativa por el derecho a la Vivienda, Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, hace más lento el proceso de devolución e incorpora derechos para los ocupas sobre todo en aras de la intermediación.

La política de vivienda necesita una intervención pública más compleja y completa, ambas, para combatir el creciente problema de la ocupación de viviendas y luchar contra las mafias a fin de garantizar la convivencia, la seguridad vecinal y la propiedad.

También el Banco de España ha subrayado la necesidad de crear un marco que ofrezca seguridad jurídica a los arrendadores para fomentar la oferta de alquiler residencial, lo que presionarla a la baja los precios y aliviarla el grave déficit de viviendas que se espera para los próximos años, estimado en medio millón de unidades hasta 2025.

La ocupación ilegal es un problema de seguridad y orden público, genera entornos de impunidad, inseguridad, desalienta la inversión en el mercado de alquiler y genera un impacto directo en el acceso a la vivienda, especialmente para las personas de menores ingresos, quienes destinan hasta el 40% de sus rentas a pagar el alquiler; muy por encima de la media europea.

Por todo lo expuesto, considerando fundamental que las instituciones adopten medidas urgentes para proteger tanto a los propietarios como a los vecinos afectados, y para restaurar la confianza en el sistema jurídico y la seguridad en nuestras ciudades, el Grupo Municipal del Partido Popular presenta la siguiente:

MOCIÓN

PRIMERO. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de España el impulso de una nueva legislación que garantice la intervención inmediata ante los casos de ocupación ilegal de viviendas y locales, reforzando la seguridad jurídica tanto para propietarios como para arrendatarios, y fomentando asl la oferta de viviendas en el mercado del alquiler.

SEGUNDO. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta a la Delegación do Gobierno de España en Aragón a incrementar los recursos y esfuerzos de coordinación entre las fuerzas de seguridad del Estado y las autoridades judiciales para asegurar la rápida identificación de inmuebles ocupados, y la celeridad en los procedimientos judiciales que conduzcan a su desalojo, así como a dictar instrucciones para la intervención inmediata en casos de ocupaciones flagrantes e incrementar la vigilancia de las zonas más conflictivas, revisando los protocolos para facilitar la actuación urgente de la policía frente a la ocupación ilegal de viviendas.

TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de España a regular por Ley la actuación de los ayuntamientos con objeto de permitirles, previa cesión por parte de las comunidades, ejercer acciones judiciales que procedan en caso de ocupación ilegal de viviendas o edificios que ocasionen graves molestias en materia de seguridad y convivencia vecinal.

CUARTO.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza acuerda dar traslado de esta moción al Delegado del Gobierno de Aragón, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y a todos los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados