Moción: P-6927/2024

Orden del día Publicación con sello de tiempo del 01-02-2024 09:00 presentada por GM PP

Moción presentada por el grupo municipal PP, en el sentido de instar al Gobierno de España a que garantice la igualdad de trato entre todas las comunidades autónomas y exigir la paralización inmediata de la tramitación de la Ley de Amnistía tras el informe de la Comisión de Justicia del Congreso.

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA SU DEBATE Y VOTACIÓN EN EL PRÓXIMO PLENO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA DEL DÍA 1 DE FEBRERO DE 2024

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza, en su firme compromiso con los principios fundamentales de igualdad y libertad en todo el territorio nacional y, por tanto, en la defensa de los intereses de todos los zaragozanos, se ve en la necesidad de expresar, una vez más, su profunda preocupación por los pactos suscritos por el Presidente dél Gobierno, Pedro Sánchez, con partidos independentistas, así como por las recientes y graves declaraciones de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Desde que Pedro Sánchez decidiera aferrarse con firmeza al cargo de Presidente del Gobierno con independencia del coste que esto va a suponer para todos los españoles, hemos sido testigos de una serie de acontecimientos que han sacudido los cimientos de nuestra sociedad. Día tras día, se hacen públicas declaraciones, nuevos acuerdos y medidas que ponen en riesgo el Estado de Derecho y la igualdad de todos los españoles.

Los informes de los letrados de las Cortes, adscritos a la Comisión de Justicia del Congreso, han puesto de manifiesto serias dudas sobre la constitucionalidad de la Ley de Amnistía impulsada por el PSOE junto con sus socios independentistas. Estos informes sugieren, como ya veníamos advirtiendo, que la ley debería ser articulada como una reforma constitucional, subrayando así su posible inconstitucionalidad.

En este contexto, las las recientes declaraciones de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, respecto al juez de la Audiencia Nacional, Manuel GarcíaCastellón, introducen un elemento preocupante. Se señala públicamente a un magistrado que investiga las acciones derivadas del procés, insinuando su injerencia política. Estas declaraciones resaltan la necesidad de preservar la independencia judicial y garantizar un ejercicio imparcial del poder judicial, fundamentales para el Estado de Derecho.

Por si la Ley de Amnistía no fuera precio suficiente, se están acordando, a espaldas de los ciudadanos, la cesión de nuevas competencias y de beneficios económicos que sólo privilegian a una parte del territorio español. Estas decisiones se toman sin titubeos por parte del Presidente del Gobierno y del Partido Socialista.

Sin embargo, el precio a pagar por mantenerse en el poder no es asumido por el Partido Socialista, sino por todos los españoles. Los ciudadanos, que son los que finalmente tienen que lidiar con las consecuencias de estas decisiones, se ven afectados por unas medidas que se toman sin su conocimiento y sin su consentimiento, y que pueden tener un impacto muy significativo en su vida diaria.

Estos acuerdos entre el PSOE y Junts han evidenciado un trato preferencial hacia determinados territorios, en detrimento de otros, lo cual contraviene los principios de equidad y solidaridad que deben regir en el seno de nuestra nación.

El acuerdo para favorecer el retorno de empresas catalanas, mientras se plantea la posibilidad de sancionar a aquellas que tomaron la decisión de trasladarse fuera de Cataluña debido a la inestabilidad política es un claro ejemplo de discriminación territorial. Esta situación genera una incertidumbre empresarial que puede afectar negativamente al desarrollo económico de nuestra nación y, en especial, al de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Para nuestra región esta situación adquiere una relevancia particular debido a que durante el período de inestabilidad política en Cataluña como resultado del procés, muchas empresas tomaron la decisión de trasladarse a Aragón. Este movimiento no solo supuso un impulso económico para la región, sino que también creó empleos y oportunidades para los aragoneses.

Si las empresas que se trasladaron a Aragón deciden retornar a Cataluña debido a los incentivos ofrecidos, esto podría resultar en la pérdida de empleos y un impacto negativo en la economía local. Además, la posibilidad de sancionar a las empresas que decidieron trasladarse fuera de Cataluña añade una capa adicional de incertidumbre.

Otro asunto de gran importancia es la transferencia de competencias en materia de inmigración a la Generalitat. Es fundamental que se mantenga un marco común en materia de inmigración que garantice una aplicación justa de las políticas de inmigración en todo el territorio nacional.

Por todo lo expuesto, el Partido Popular presenta la siguiente:

MOCIÓN

  • 1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de España a que garantice la igualdad de trato entre todas las comunidades autónomas, evitando privilegios injustificados que puedan perjudicar la cohesión nacional, reconsiderando y rechazando los pactos suscritos con los partidos independentistas que generan desigualdades entre los españoles y amenazan la unidad territorial.
  • 2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza .exige al Gobierno de España la · paralización inmediata de la tramitación de la Ley de Amnistía tras el demoledor informe de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso alertando de su posible inconstitucionalidad y reprueba las declaraciones de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, señalando públicamente al juez de la Audiencia Nacional encargado de enjuiciar los delitos de terrorismo en la causa abierta en torno a la plataforma Tsunami Democrático y que afectan al socio del Partido Socialista y prófugo de la justicia Caries Puigdemont.

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