Sesiones Plenarias

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL VOX PARA SU DEBATE Y VOTACIÓN EN EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Uno de los problemas a los que de manera sistemática hacen referencia las sucesivas encuestas ciudadanas es el de la corrupción y el descrédito de la instituciones y sus representantes políticos. España, por ejemplo, está al mismo nivel que países como Cabo Verde o Botswana según el último informe de percepción de la corrupción que publícó la ONG Transparency lntemational, ocupando el puesto 35 de 180 países (y el puesto 14 entre los 27 de la UE). Igualmente, el último informe de evaluación del grupo anticorrupción GRECO del Consejo de Europa sobre España, publicado en 2022, criticaba que sólo se habían aplicado parcialmente 7 de las 19 recomendaciones efectuadas.

Se calcula que la corrupción en la economía de la Unión Europea supone un coste anual de más de 120.000 millones. Con estos antecedentes, la Comisión Europea, por ejemplo, ha presentado recientemente una propuesta de directiva para armonizar y endurecer las medidas contra la corrupción, lo que obligaría a nuestro país, consecuentemente, a agravar algunas penas, sobre todo tras las últimas rebajas de penas aprobadas en los delitos de malversación, decisión que va en contra de las recomendaciones y la política europeas.

A nivel municipal, en noviembre de 2021 el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó una moción planteada por el grupo municipal de VOX donde se instaba al desarrollo de un plan de prevención del fraude, de la corrupción y de los conflictos de intereses con la implantación de la figura del Responsable de cumplimiento normativo, de un comité de expertos y de la exigencia de planes de prevención a empresas contratistas del Ayuntamiento en el marco de la ejecución de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Posteriormente, en el Pleno del 25 de febrero de 2022, se adoptó una Declaración Institucional sobre la lucha contra el fraude, donde se manifestó la firme voluntad del Consistorio de combatir la corrupción y los conflictos de intereses en la gestión de los fondos públicos en general, así como los que lleguen del citado PRTR. Y, finalmente, en marzo de 2022 el Ayuntamiento de Zaragoza editó una guía con un "Plan de medidas antifraude" para garantizar que los citados fondos ejecutados garantizan los intereses financieros de la Unión Europea.

Todo ello en línea con lo estipulado en la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. A nivel municipal, ello estaría más relacionado con los protocolos, criterios e instrucciones que fijen los órganos de contratación, por cuanto se podría exigir en los pliegos la implantación de nuevos canales de denuncia interna que garanticen la protección de los alertadores de irregularidades y su anonimato.

El Ayuntamiento de Madrid supone un ejemplo. Hace escasas fechas y a través de la Oficina Municipal Antifraude se anunció la creación de "buzones blindados" que posibiliten la denuncia de casos de presunta corrupción o prácticas irregulares tanto en el ámbito del Ayuntamiento como de sus entes · dependientes, y garantizando siempre la máxima confidencialidad al denunciante. Supone, de facto, la protección a cualquier informante frente a posibles represalias.

Ello supone el cumplimiento de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que a ·su vez supone la trasposición de la citada Directiva (UE) 2019/1937. Esta ley, que vincula a empresas del sector privado en función del número de trabajadores, también obliga a contar con un sistema interno de información a todos los sindicatos, partidos políticos, organizaciones empresariales, así como a las fundaciones que dé los mismos dependan, siempre que reciban fondos públicos para su financiación. Y, respecto al sector público, todas las entidades que integran el sector público estarán obligadas a disponer de un sistema interno de información en los términos previstos en dicha Ley, con la particularidad de que los Ayuntamientos de menos de 1 O .000 habitantes podrán compartir dicho sistema interno de información con otros municipios de su Comunidad Autónoma.

Se abre, por tanto, la posibilidad de que cualquier ciudadano, empresa o funcionario pueda alertar de cualquier práctica o se puedan prevenir males mayores para preservar la integridad y la ética de las actuaciones municipales, sin que ello suponga proyectar una imagen de descrédito de las instituciones sino, al revés, de garantía frente a la corrupción. Es, por tanto, el momento para su implantación. El propio director de la Oficina Antifraude del Ayuntamiento de Madrid mostraba a los medios de comunicación su extrañeza de que otros Consistorios importantes del país no hayan implantado aún sus propios canales y buzones de denuncia.

En aras de la transparencia, del cumplimiento de la Ley 2/2023 de 20 de febrero y del correcto funcionamiento de todas las estructuras municipales y actores relacionados con la gestión municipal se considera adecuado y oportuno el planteamiento de esta iniciativa.

Por todo ello se presenta la siguiente

MOCIÓN

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno municipal a:

• 1) La creación de un buzón de denuncias que garantice la confidencialidad y anonimato de los denunciantes.
• 2) La revisión y actualización de instrucciones en cuanto a políticas de contratación y pliegos de licitación municipales tendentes a evitar la colusión y falseamientq de la concurrencia, fraccionamiento de ofertas, incumplimiento o modificación posterior de las condiciones estipuladas en los pliegos y cualquier otro tipo de prácticas irregulares