Sesiones Plenarias

MOCIÓN CONJUNTA QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES CIUDADANOS- PARTIDO DE LA CIUDADANÍA Y PARTIDO POPULAR PARA SU DEBATE Y VOTACION EN EL PLENO ORDINARIO DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EL 27 DE ENERO DE 2023

El pasado mes de septiembre entró en vigor la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual. En esta ley se introduce una sustancial modificación en la calificación de los delitos contra la libertad sexual, que pasan a ser todos considerados agresión sexual, cuando con anterioridad se dividían, en función de su gravedad, en abusos sexuales o agresiones sexuales

Las penas en las que se subsumen estos hechos delictivos especialmente lesivos para las mujeres y menores se han visto reducidas para dar cabida a delitos de menor envergadura. Esta circunstancia implica que muchos de los condenados por esto tipo de hechos puedan acogerse a una reducción de sus penas, a las que se aplica la prevalencia de la norma más favorable para el reo del artículo 2.2 del Código Penal.

Esta situación es especialmente grave si tenemos en cuenta que el Consejo General del Poder Judicial, en su informe al anteproyecto, avisó al ministerio de lo que ocurriría: "la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas conforme la regulación vigente".

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial emitió un comunicado el 16 de noviembre de 2022 exponiendo que "este Consejo General del Poder Judicial, en ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 599.1.12ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, emitió el 25 de febrero de 2021 el correspondiente informe sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que fue aprobado por unanimidad". Y reiteró lo indicado antes de su aprobación: "el informe, que fue remitido al prelegislador, constataba que el cuadro penológico contemplado en el anteproyecto para los delitos de agresiones sexuales tipificados en los capitulas 1 y II del titulo VIII del Código Penal suponía una reducción del límite máximo de algunas penas y concluía que 'la reducción de los limites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas conforme a la legislación vigente"'. A pesar de que en el informe preceptivo, se advirtió al Gobierno que se rebajaba la pena al delito de violación, el Gobiemo ignoró la advertencia-

Desde otros cuatro organismos también alertaron de las consecuencias de la entrada en vigor de este Ley. El primero, fue el Consejo Fiscal que expresó que "va a resultar extremadamente difícil la imposición de penas tan elevadas en su grado máximo".

El segundo fue el Consejo de Estado que solicitó mejoras en el texto: "La redacción es susceptible de mejoras que hagan el precepto más comprensible y riguroso".

El tercero fue el Consejo Económico y Social (CES), donde alertaron que "se observa cierta incongruencia entre los objetivos declarados de la ley y el contenido de algunos artículos".

La cuarta advertencia llegó desde la Agencia de Protección de Datos: "No existen garantías específicas que requiere el Reglamento General". Sin embargo, todas ellas, no fueron tenidas en cuenta por el Gobiemo.

A ello se suma que el texto de la ley fue aprobado en el Consejo de Gobiemo, donde se encontraban varios jueces como Margarita Robles o Femando Grande Marlaska.

La entrada en vigor de la citada ley ha supuesto la reducción de decenas sentencias. Un centenar más está en la misma situación, tan solo en la Audiencia Provincial de Madrid. Podemos suponer que en las otras Audiencias se esté solicitando la revisión de un número similar de condenas.

A fecha 13 de enero, habían sido, al menos, 181 condenados los que se habían visto beneficiados entre revisiones de condenas a la baja y sentencias posteriores a la norma. Y 18 personas habían sido ya excarceladas.

La ciudad de Zaragoza no ha sido ajena a las terribles consecuencias que ha generado la aplicación de este nuevo texto legal y que va a beneficiar y en mucho al autor de una de las violaciones más brutales que se recuerdan en nuestra ciudad y en la qué, para mayor escarnio y dolor de la víctima, ha visto rebajada la condena inicial de 14 años de su agresor con una rebaja de la misma de tres años y nueve meses en aplicación de esta vergonzante y vergonzosa ley para las víctimas.

Al Tribunal Supremo le ha llegado el primer caso para que revise una sentencia tras la entrada en vigor de la Ley 10/2022. Se trata del conocido caso de los exjugadores del Arandina. En aplicación de la nueva ley, la pena ha sido inferior a la que se hubiera producido con la norma anterior. El Tribunal Supremo considera que se podría rebajar la pena a los condenados por delitos sexuales con la nueva ley, pero debe analizar caso a caso.

Las revisiones de sentencias a condenados por delitos sexuales, la rebaja en las penas de prisión e incluso órdenes de excarcelación está provocando una importante alarma social entre la población. Incluso la ministra portavoz del Gobiemo de España, Isabel Rodríguez, en una entrevista admitió "la alarma social y la preocupación" existente tras la entrada en vigor de la ley de garantía integral de la libertad sexual.

El ministerio de Igualdad prefirió seguir elogiando la ley, que consideran magnífica, en palabras de la Delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell. Mientras que la ministra María Jesús Montero anunció el 15 de noviembre, contradiciendo a las responsables del ministerio autor de la ley, que están dispuestos a revisar el texto para impedir evitar que los condenados de carácter sexual vean reducidas sus penas.

Un abogado, en declaraciones recogidas por un medio de comunicación, afirmó que "el mejor defensor de mi cliente se llama Irene Montero y es ministra de Igualdad. Ha vaciado de contenido el delito de abuso sexual sin contemplar todas las derivadas que podía ocasionar. En este caso, mi defendido se ha beneficiado claramente al aplicarse la nueva normativa".

El Partido Popular solicitó en el Pleno del Congreso de los Diputados que el Gobiemo de la Nación procediese a la revisión y rectificación de la Ley de Garantías de la Libertad Sexual para evitar la reducción de penas que se están aplicando a violadores. Esta iniciativa fue rechazada por PSOE, Podemos y por otros partidos como ERC, PNV y EH Bildu.

Por otra parte, solicitamos al Gobiemo de España de PSOE y Podemos que deje de insultar a los jueces que solo aplican esta Ley, así como que respeten la independencia judicial y la separación de poderes. Por todo ello presentamos la siguiente moción.

MOCIÓN

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobiemo de España a la inmediata revisión, por la vía de urgencia, de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, y para que quienes cometan delitos sexuales puedan tener, cuanto antes, las mismas penas que estaban en vigor hasta septiembre de 2022, y que se han visto rebajadas con la actual regulación.

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza dará traslado de este acuerdo a la Presidencia del Gobierno, a los ministerios de Justicia y de Igualdad, y a la Mesa del Congreso y del Senado