Moción: P-5524/2022

Orden del día Publicación con sello de tiempo del 30-09-2022 09:00 presentada por GM ZeC

Instar al Gobierno del Estado y al de la Comunidad Autónoma a establecer claúsulas de salvaguardia social en los Planes de Rehabilitación de Vivienda que eviten la gentrificación de las viviendas rehabilitadas e instar al Gobierno de la ciudad a incluir mecanismos para limitar el precio del alquiler y para que las viviendas rehabilitadas continúen dedicándose al alquiler al menos los cinco años siguientes y con unos límites de precio de un 80% del valor de mercado.

MOCIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

D. Pedro Santisteve Roche, portavoz del Grupo Municipal de Zaragoza en Común viene a formular para su aprobación la siguiente Moción en base a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La llegada de los fondos europeos Next Generatíon EU a Zaragoza va a permitir que se impulse y acelere la rehabilitación de los antiguos grupos sindicales, construidos entre los años 40, 50 y 60.

En concreto supone actuaciones en 31 edificios de Las Fuentes (Vizconde Escoriaza), Casco Histórico (Aloy Sala) y el Rabal (Balsas de Ebro Viejo) con una inversión de fondos públicos de 8 millones (6,5 provenientes de los Fondos Europeos) y que van a afectar a más de 600 personas.

Esta rehabilitación está centrada en la mejora de la eficiencia energética de los edificios y complementariamente en actuaciones de accesibilidad y la renaturalización de plazas, intervención en espacios interbloque privados de uso público, andadores, mejorar el entorno y revertir el deterioro de la escena urbana.

El desarrollo de estos proyectos que evitará la emisión de toneladas de C02 y la generación de un importante ahorro energético no están a pesar de todo exentas de peligros.

No es extraño que iniciativas de rehabilitación edificatoria y de regeneración urbana den lugar a procesos de gentrifícadón, en los que la población existente en un ámbito se ve desplazada por aumentos del coste de vida en general y de los alquileres en particular en dicho ámbito.

Con el marco normativo actual, incluso considerando el actual Anteproyecto de Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda, una persona en situación de vulnerabilidad podría ver el precio de su alquiler elevado enormemente si su arrendador decide rehabilitar la vivienda en la que vive, aunque esa rehabilitación haya sido pagada con hasta un 80% de dinero público.

Casos suficientemente estudiados como el del barrio de Gdansk, en Polonia, o de Berlín, en el que tras ese proceso de rehabilitación, todas las familias fueron expulsadas excepto una, que vio un aumento en el precio de su alquiler del 270%, muestran una clara vinculación entre procesos de regeneración urbana y mejora de la eficiencia energética desarrollados sin las necesarias salvaguardas sociales y el desplazamiento directo e indirecto de parte de los habitantes del barrio.

Las propia directiva europea relativa a la eficiencia energética en edificios (EPBD) publicada el 15 de diciembre de 2021 recoge que los Estados "asegurarán que dichas ayudas benefician tanto a los propietarios como a las personas en régimen de alquiler, en particular a través de aportar ayudas al alquiler o imponer límites al aumento del precio del alquiler".

Por todo ello, desde el Grupo Municipal de Zaragoza en Común se presenta la siguiente

MOCIÓN

  • 1. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno del Estado y de la Comunidad Autónoma a establecer cláusulas de salvaguardia social dentro de los Planes de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana que eviten la gentrificación de las viviendas rehabilitadas con fondos públicos.
  • 2. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a incluir dentro de sus Planes de Rehabilitación de los grupos sindicales con fondos públicos mecanismos para la limitación del precio del alquiler en estas viviendas durante un periodo mínimo de 5 años.
  • 3. El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de la ciudad a establecer mecanismos para que las viviendas rehabilitadas dentro de este programa y que se encuentren en alquiler deban continuar dedicándose al alquiler durante al menos los cinco años siguientes a la finalización de la obra, con unos límites de precio de alquiler de un 80% del valor de mercado

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