Sesiones Plenarias

D. Pedro Santisteve Roche, portavoz del Grupo Municipal de Zaragoza en Común viene a formular para su aprobación la siguiente Moción en base a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El problema de la vivienda sigue siendo el punto central de las necesidades de la ciudadanía y una de las carencias principales de las políticas sociales de nuestro país que, con un sistema basado en la propiedad y la especulación, siguen lastrando la posibilidad de miles de familias y jóvenes de acceso a una vivienda.

En nuestra ciudad se produjeron durante el año pasado más de 300 desahucios por impago de alquiler o hipoteca, y son miles las personas que han tenido que dejar su vivienda por no poder afrontar el pago de la misma o que ni siquiera pueden acceder a una, mientras el precio medio de los alquileres, según los portales inmobiliarios continua subiendo y ya ha alcanzado los 723 euros mensuales.

Entretanto, la Sareb, conocida como el banco malo, mantiene en propiedad 45.618 viviendas en España que no ha vendido, junto a 21.693 obras en construcción en curso y 30.320 parcelas urbanizables, de las cuales en la ciudad de Zaragoza casi 300 corresponden a viviendas, 50 a obras en curso y 500 a suelos. En total más de 850 activos gestionados por esta entidad.

Estas viviendas, como es conocido, provienen de las entidades financieras que se rescataron con dinero público por valor de 50.000 millones en 2012, que soltaron así estos activos 'tóxicos' para aligerar sus cuentas, a la vez que se beneficiaban de miles de millones de euros en préstamos, ambos paquetes como parte del rescate con cargo a gasto público tras la estafa hipotecaria de 2008 y que continuó cuando el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, creó la SAREB como un entidad privada para comprar con dinero prestado por Europa y avalado por el Estado cientos de miles de activos inmobiliarios de las cajas quebradas.

Cuando una década después se hizo inocultable y la Unión Europea señaló que la deuda del banco malo era en realidad deuda del Estado, por imposición de la UE, el Gobierno anunció que se haría con más del 50% del accionariado de la SAREB, aprovechando para ampliar su objeto social, añadiendo a sus fines la sostenibilidad y utilidad social y encargándoles la elaboración de estrategias de cesión de inmuebles a entidades públicas o entidades no lucrativas.

De esta manera estos inmuebles, al ser propiedad de una entidad de titularidad mayoritariamente pública, deberían pasar a incrementar el parque de vivienda pública de comunidades autónomas, ayuntamientos y otras instituciones, permitiendo verdaderas políticas públicas de vivienda y contribuyendo a la moderación del actualmente inasequible mercado de alquiler.

La alternativa a esta solicitud de cesión, como ya viene apuntándose, es la gestión de estos bienes a través de fondos buitre como Blakstone y otros fondos de inversión, que ya han comenzado a gestiones gran parte de estos inmuebles, suelos, hipotecas y préstamos impagados, incrementando cada vez más su lucro a través de un bien de primera necesidad como es la vivienda.

El actual Gobierno de la ciudad ha renunciado al desarrollo de cualquier política de vivienda. No solo no ha impulsado en todo el mandato la construcción de ninguna nueva vivienda para el público de alquiler, limitándose a ejecutar los proyectos comenzados durante el anterior mandato; sino que ha vaciado de contenido el papel social de Zaragoza Vivienda, cada vez más convertida en una mera agencia inmobiliaria. Por ello no debe desaprovechar la posibilidad que la puesta a disposición de estas viviendas al servicio de la ciudadanía puede suponer.

Por todo ello, el Grupo Municipal de Zaragoza en Común presenta la siguiente

MOCIÓN

• 1. El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de la ciudad a establecer las medidas necesarias para obtener la cesión de las viviendas y el resto de los activos de la Sareb en la ciudad de Zaragoza a este ayuntamiento para el fortalecimiento del parque público de alquiler social.
• 2. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Aragón a poner en marcha el Registro de Viviendas Desocupadas de Aragón, de acuerdo a lo establecido en el art. 37 de la ley 10/2016 de emergencia social articulando mecanismos para su puesta en uso.