Sesiones Plenarias

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE PODEMOS PARA SU DEBATE Y VOTACIÓN EN EL PRÓXIMO PLENO ORDINARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

El 99% de las empresas en Aragón son PYMES o autónomos. Así, de las 88.602 empresas registradas en diciembre de 2021, solo 117 tienen más de 200 trabajadores mientras la gran mayoría, un 95,34%, tienen menos de diez. En la actualidad, la Ley de Morosidad contempla un plazo de pago de 60 días. Pero existe una realidad en la que las empresas con posición de dominio del IBEX triplican esos plazos llegando a ser la media de 183 días. Estas corporaciones son las compañías más morosas de nuestro país e implica que las pymes no dispongan de liquidez por más de 56.000 millones de euros.

En cuanto a la Administración, existen 96 ayuntamientos de España que suman una deuda de 213 millones de euros con pymes y autónomos y que, de promedio, tardan más de 365 días en pagar las facturas pendientes, con un Período Medio de Pago a Proveedores de 63,49 días entre el total de las corporaciones municipales, en vez de un máximo de 30 como marca la ley.

Si bien Zaragoza no está entre los que peores datos presentan, sí es cierto que desde la llegada del Gobierno Azcón han empeorado notablemente respecto a la legislatura anterior. Desde julio de 2019, el Ayuntamiento de Zaragoza ha superado en 19 de los 31 meses los 30 días legales y no ha bajado nunca los 21 días de retraso en el pago. El cambio de gobierno significó romper con 34 meses consecutivos de cumplimiento, incluyendo 11 meses con periodos inferiores a los 10 días, 7 de ellos de menos de 3 días. Apoyar a las PYMES también se demuestra bajando lo máximo posible los periodos medios de pagos evitando que empresarios y empresarias tengan que acudir a financiación externa para tener un adecuado flujo de caja, financiación a la que acceden en peores condiciones que la gran empresa.

Esta situación está provocando que el grueso de las actividades empresariales tenga su estructura financiera y solvencia débil y dependan exclusivamente de los ahorros de empresarios y empresanas.

Además, Pymes y autónomos tienen una dificultad mayor para acceder a la contratación pública: problemas para acceder a información, desconocimiento de los procesos de licitación, carga administrativa excesiva o coste de preparación de ofertas hacen que sea muy complicado su acceso, especialmente a los contratos mayores. Sin embargo, muchas pymes terminan subcontratadas por grandes corporaciones para hacer parte de los trabajos.

A esa mayor facilidad para obtener los concursos públicos, hay que añadir una práctica muy extendida de las grandes empresas de usar la mora o directamente el impago al subcontratado como fórmula de financiación, retrasando el pago debido o condicionando, no a la realización del trabajo contratado, sino al cobro por la contratante del precio final del contrato, haciéndoles injustamente partícipes del riesgo y ventura de una operación de la que solo eran parte ajena.

En el ámbito de la contratación pública, además de facilitar el acceso de pymes y autónomos a concurrir a dichos concursos, debería generalizarse la exigencia en los pliegos de contratación como condición previa al pago del precio público a la empresa contratada, la justificación del efectivo pago a las subcontratas.

Entendiendo que la solución óptima es una modificación de los artículos 215, 216 y 217 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, el Ayuntamiento de Zaragoza tiene la posibilidad de aplicar exigir, de manera inmediata, que las empresas paguen a sus subcontratistas como condición inicial, previa a la liquidación del contrato.

La fórmula, propuesta por CEPYME, sería mediante la incorporación a todos los contratos y pliegos municipales una cláusula de responsabilidad social, similar a las que actualmente se incorporan relacionados con la diversidad, igualdad, calidad o excelencia y, que en caso de incumplimiento, llevarán explícitamente una penalización o inhabilitación temporal para el acceso a contratación pública.

Por todo ello el Grupo Municipal de Podemos presenta para su debate y aprobación en pleno la siguiente:

MOCIÓN

• 1. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta a las Cortes Generales a la modificación de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público en el sentido de exigir que las empresas contratistas de cualquier administración paguen a sus subcontratistas como condición previa a la liquidación del contrato por parte de la Administración.
• 2. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a incorporar a todos los contratos y pliegos municipales una cláusula de responsabilidad social por la que el contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio previamente a la liquidación del contrato por parte del Ayuntamiento que expresamente introduzca la prohibición de contratar con la administración en caso de no incumplimientos.