Sesiones Plenarias

La delicada situación de emergencia social que atraviesa una parte importante de la sociedad aragonesa ha derivado en la consecuente disminución de los ingresos de las familias, impidiendo la satisfacción de las necesidades de vivienda o generando dificultades para afrontar otros gastos necesarios, lo que ha conducido a estas personas a una situación de precariedad e imposibilidad de vivir con dignidad y con una mínima calidad de vida.

Podría ser una perfecta descripción del actual escenario que ha traído la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales, pero llueve sobre mojado. Esta descripción de la realidad es la que consta en el Preámbulo de la LEY 10/2016, de 1 de diciembre, de medidas de emergencia en rell!!ción con las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales y con el acceso a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Aragón. Sin haber superado esa situación que llevó a la aprobación de esta ley en 2016, nos encontramos con que la pandemia solo ha hecho que empeorar la realidad que afecta a miles de familias en esta ciudad y que refuerzan los motivos que llevaron a las Cortes de Aragón a la aprobación de esta ley y, en especial en lo que tiene que ver con las medidas recogidas en materia de vivienda, en están aún más vigentes.

Medidas como la obligación de las administraciones públicas aragonesas de garantizar el derecho a una alternativa habitacional digna a toda persona o unidad de convivencia de buena fe en situación de vulnerabilidad que se vea privada de su vivienda habitual como consecuencia de un procedimiento de ejecución hipotecaria, de pago o dación en pago de deudas con garantía hipotecaria, o de desahucio por falta de pago de la renta y a otras personas o unidades de convivencia de buena fe que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad o emergencia social, la suspensión de los lanzamientos en situación de especial vulnerabilidad o la creación de un registro de vivienda vacía.

Esta ley corresponsabiliza al sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón en su aplicación, que comprende la Administración pública de la Comunidad Autónoma, cualesquiera organismos públicos dependientes o vinculados a dicha Administración y las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes, así como a las entidades locales aragonesas.

Solo unas semanas después del levantamiento de la moratoria estatal que impedía los desahucios en esta ciudad, hemos visto cómo varias familias se quedaban en la calle, sin que este Ayuntamiento cumpliera con su obligación de proporcionar una alternativa habitacional.

La gravedad de esta crisis sanitaria, que en la actualidad nos enfrenta a nuevos rebrotes y sus consecuencias sociales y económicas, va a imposibilitar el pago de alquileres o hipotecas de muchas familias y va a traer consigo una emergencia habitacional que obliga a la inmediata asunción de responsabilidades al Ayuntamiento de Zaragoza, con la consiguiente colaboración institucional con el Gobierno de Aragón para dar cumplimiento a esta ley y garantizar el derecho a la vivienda digna, un derecho que como estamos comprobando es fundamental para contener esta crisis sanitaria.

Sin embargo, el actual Gobierno de la Ciudad, en un año de mandato ha revertido muchos de los avances en materia de protección al derecho a la vivienda realizados en los últimos añosvuelto de nuevo a retrasar la construcción de vivienda Pública con financiación Europea del BEI. Oficina de Mediación Hi; como era la creación de la Oficina de Mediación Hipotecaria, de Alquiler y de usurpación de buena fé, así como el Programa tu Alegra tu Vivienda que ampliaba el parque de vivienda de alquiler social municipal y ha vuelto de nuevo a retrasar la construcción de vivienda Pública con financiación Europea del BEI.

MOCiÓN

1. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a dar inmediato cumplimiento al artículo 19 de la ley 10/16 garantizando garantizar el derecho a una alternativa habitacional digna a toda persona o unidad de convivencia de buena fe en situación de vulnerabilidad que se vea privada de su vivienda habitual como consecuencia de un procedimiento de ejecución hipotecaria, de pago o dación en pago de deudas con garantía hipotecaria, o de desahucio por falta de pago de la renta y a otras personas o unidades de convivencia de buena fe que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad o emergencia social.
2. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, insta al Gobierno de la ciudad a establecer los mecanismos de colaboración institucional necesarios para la efectiva aplicación de las medidas en materia de vivienda contempladas en esta ley: suspensión de los lanzamientos en situación de especial vulnerabilidad, medidas para promover el arrendamiento y la cesión de viviendas por parte de sus propietarios, en especial entidades financieras y de activos inmobiliarios, y la creación del registro de Viviendas Desocupadas de Aragón.
3. Recuperar las medidas adoptadas por Zaragoza Vivienda en los últimos años para paliar la emergencia habitacional: la Oficina de Mediación Hipotecaria, de Alquiler y de usurpación de buena fé, el Programa tu Alegra tu Vivienda, para ampliar el parque municipal de vivienda, e instar a recoger en los presupuestos de 2021 la partida destinada a la construcción y rehabilitación eficiente de vivienda pública municipal con financiación del BEI.