Sesiones Plenarias

Todo cargo público (concejal, alcalde, diputado autonómico o nacional, senador, ministro o Presidente de España) cuando toma posesión del mismo debe prometer o jurar "por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de dicho cargo con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado." (Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, por el que se establece la fórmula de juramento en cargos y funciones públicas).

A pesar de esta obligación legal y moral, el candidato a la Presidencia del Gobierno, Sr. Pedro Sánchez (diputado y actual Presidente del Gobierno en funciones que ha prometido "cumplir y hacer cumplir la Constitución"), en su discurso del pasado 4 de enero realizó una serie de afirmaciones abiertamente contrarias a algunos de los principios recogidos en nuestra Carta Magna, principios que constituyen el fundamento de España como nación y como Estado de Derecho.

Entre otras afirmaciones, el Sr. Sánchez, afirmó en referencia a Cataluña que hay que "devolver a la política un conflicto político" y "retomar la única vía posible: la política, retomar la senda de la política, dejando atrás la judicialización del conflicto y la deriva judicial que tanto dolor y tanta fractura ha causado en buena parte de la ciudadanía catalana y española". También aseguró que "la ley por si sola tampoco basta" y que "existe un conflicto político que tenemos que resolver" y anunció que "va a crear una mesa de diálogo bilateral entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña". Además, se refirió a nuestro país como "España federal" y manifestó que somos un país en el que se han desarrollado "identidades nacionales"; definió como "zancadillas" las decisiones de la Junta Electoral Central [unas decisiones amparadas por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) y que se derivan de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña]. De esta forma se situó del lado de un condenado por desobedecer las leyes y no del lado de la ley y la convivencia.

Además, el Sr. Sánchez y el PSOE, en los pactos que han suscrito con otras forma­ciones políticas para garantizar que apoyarán, de manera activa o pasiva, su investi­dura se han comprometido a:

• Impulsar, a través del diálogo entre partidos e instituciones, las reformas nece­sarias para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identida­des territoriales, acordando, en su caso, las modificaciones legales necesarias, a fin de encontrar una solución tanto al contencioso en Cataluña como en la negociación y acuerdo del nuevo Estatuto de la CAV, atendiendo a los senti­mientos nacionales de pertenencia. (Punto 4 del "Acuerdo entre PSOE y EAJ­PNV")
• Las medidas en que se materialicen los acuerdos serán sometidas en su caso a validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Catalunya, de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político. (Punto 2, apartado 4 del "Acuerdo para la creación de una mesa entre el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat de Cata­lunya para la resolución del conflicto político" firmado entre PSOE-PSC y ERC)

Como se puede observar de todo lo expuesto, las afirmaciones realizadas por el Sr. Sánchez y diversos apartados de los acuerdos firmados por el PSOE reflejan ciertos compromisos que, en el mejor de los casos, entran en flagrante contradicción con lo establecido en nuestra Carga Magna y en otras importantes disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico. En el peor de los casos, dichos compromisos podrían suponer una vulneración de dichas disposiciones legales.

A modo de ejemplo, las afirmaciones realizadas por el Sr. Sánchez y los acuerdos suscritos por el PSOE entran en contradicción con los siguientes artículos de la Constitución Española:

• la indisoluble unidad de la nación española (artículo 2)
• los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (artículo 9.1) los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España ( artículo 30.1)
• el gobierno ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes (artículo 97)
• el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las CCAA que se constituyan (artículo 137)
• en ningún caso se admitirá la Federación de CCAA (artículo 145)

El Sr. Sánchez y el PSOE no pueden, en esta ocasión, escudarse en que las afirmaciones realizadas o los acuerdos suscrito son simples "recursos dialécticos" para contentar a aquellos de cuyos votos depende que el Sr. Sanchez siga siendo el inquilino de la Moncloa.

Y no pueden utilizar esta burda excusa porque las intervenciones de los portavoces de ERC, EH-Bildu y el PNV en el Debate de Investidura han dejado claro lo siguiente:

• Gabriel Rufián (ERC): exigió a que en la mesa bilateral "se hable de todo" y eso abarcaría la "amnistía" de los presos del procés y la "autodeterminación".
• Mertxe Aizpurúa (EH-Bildu): afirmó que la Transición española fue "un fraude" que sustentó un "pacto de impunidad" y puso en duda-a lo largo de todo su discurso-la democracia, el Estado de Derecho y la Constitución que emanaron de ese histórico proceso. Además, acusó a al Rey Felipe VI de autoritarismo, concretamente de "apelar a la conformación de un bloque político y mediático capaz de profundizar en la contrarreforma autoritaria", por defender la unidad de España en octubre de 2017.
• Aitor Esteban (PNV): expuso la necesidad acometer "un diálogo que desembo­que de manera pactada en un acuerdo que modifique en su caso el ordena­miento jurídico y sea ratificado por la ciudadanía".
• Montse Bassa (ERC): Dirigiéndose al Sr. Pedro Sánchez le preguntó: "¿Cree que me importa la gobernabilidad de España? Me importa un comino".

Y ante todas estas intervenciones el PSOE y Pedro Sánchez guardaron silencio y no defendieron de manera inequívoca a su Majestad el Rey, nuestro Estado Derecho, nuestra Constitución ni nuestra democracia.

Por todo ello, el grupo popular presenta la siguiente:

MOCIÓN:

1. Instar al Presidente del Gobierno a romper su acuerdos con ERC y Bildu.
2. Instar a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados a que sus diputados, como legítimos representantes de todos los españoles, soliciten la comparecencia del Sr. Sánchez para ser interpelado sobre los siguientes aspectos:
   Si su afirmación de "dejar atrás la judicialización del conflicto" implica:
   • revertir políticamente las condenas que la justicia ha impuesto a los condenados por delito de sedición, entre otros, cuando en octubre de 2017 vulneraron la ley con el objetivo de romper nues­tra nación.
   • no actuar con toda la fuerza de la ley y la Justicia españolas con­tra aquellos dirigentes políticos que, como Torra, ya han afirmado que desobedecerán las resoluciones judiciales y seguirán inten­tando lograr la independencia de Cataluña por cualquier vía.
   Si su afirmación de "que la ley no basta" supone abandonar la obligación de todo ciudadano, una obligación legal y moral que se amplifica en el caso de un cargo público, de denunciar delitos y comportamientos contrarios de la ley.
   como podrá cumplir lo establecido en los artículos 1 .2 y 92.1 de nuestra Cons­titución ("la soberanía reside en el pueblo español" y "las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos") cuando en su acuerdo con el PNV una parte de España ha decidido sobre las competencias (en este caso de tráfico) de otra autonomía (en este caso Navarra) y ha acordado con ERC "una consulta a la ciudadanía de Catalunya-no a todos los españoles-para validar las medidas en que se materialicen los acuerdos a los que llegue la mesa bilateral entre el gobierno de España y el govern de a Catalunya".
   Si cuando anunció un "nuevo tiempo para España" se debe a que su gobierno pretende cambiar nuestra Constitución (y con ella nuestro sis­tema político y los principios básicos de nuestra democracia)de manera subrepticia, sin seguir los cauces previstos en los artículos 166 y siguien­tes de nuestra Carta Magna y sin que puedan opinar todos los españo­les.
   Si su afirmación de que "se aplicará un cordón sanitario a las ideas" y su intención de poner en marcha una estrategia nacional de lucha contra la desinformación significará un control por parte del gobierno de los me­dios de comunicación (puesto que el Sr. Iglesias considera que "la exis­tencia de medios de comunicación privados ataca la libertad de expre­sión") y la exclusión del debate de aquellos que discrepen del gobierno.
   Si su intención de derogar la LOMCE lleva implícita la eliminación de la enseñanza concertada en nuestro país (tal y como el Sr. Iglesias ha pro­puesto en diversas ocasiones) y la supresión de la libertad de los padres, reconocida en la Constitución y avalada por diferentes sentencias del TC, de elegir aquel modelo educativo que mejor se adapte a sus creen­cias y forma de vida.
3. Instar a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados a que sus diputados, como legítimos representantes de todos los españoles, presen­ten una moción para rechazar la actuación del Presidente del Gobierno. Un presidente del Gobierno que ha pactado con aquellos partidos que buscan rom­per la unidad española y acabar con la democracia y el Estado de Derecho vigentes en nuestro país.
4. Trasladar este acuerdo a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y a la Comisión de Peticiones del Congreso en virtud del artículo 77 de la CE.