Sesiones Plenarias

Entre los años 2000 y 2011 , la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, puso y mantuvo en funcionamiento un sistema fraudulento de subvenciones ajeno a los debidos controles fiscales y por el que fueron concedidos arbitrariamente 680 millones de euros.

Como consecuencia de ello, la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado por ello a los expresidentes andaluces José Antonio Griñán a seis años de prisión y 15 de inhabilitación y a Manuel Chaves a nueve de inhabilitación, así como ha establecido condenas a los máximos responsables de este entramado que afectan a 19 ex altos cargos socialistas por un total de más de 67 años de prisión y 250 años de inhabilitación para cargo o empleo público.

Un sistema por el que las subvenciones sociolaborales para empresas en crisis salieron de su cauce legal hacia otro que eludía los controles fiscales correspondientes y por el que se lucraron múltiples empresas, en ocasiones vinculadas a un mismo propietario y que en ocasiones carecían de actividad ni empleados. Una realidad opuesta a las casi 200 compañías que, por ausencia de convocatoria y publicad del proceso de concesión de las ayudas, se vieron privadas del derecho a acceder a las ayudas que les hubiera permitido mantener su activad empresaria, evitando cierres.

Esta trama amparada por el Partido Socialista Obrero Español consistió en que entre 1999 y la primera parte del año 2000 las subvenciones laborales para casos como los ERE funcionaban de forma legal a través de las partidas del programa presupuestario 22E, aunque la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía utilizaba ordinariamente lo que debiera ser extraordinario, es decir, la figura de la subvención excepcional. Un hecho que en ocasiones sufría retrasos debido a los informes desfavorables del Gabinete Jurídico y por los reparos del Interventor Delgado.

El fraude se gestó en el año 2000, cuando el Consejo de Gobierno de la Junta, presidido por el socialista Manuel Chaves aprobó dos modificaciones presupuestarias tramitadas por la Consejería de Hacienda, que presidía Magdalena Álvarez y se mantuvieron con José Antonio Griñán al sucederle en el cargo.

El sistema permitió que los fondos se otorgaran directamente a las empresas -en lugar de los trabajadores-con la ausencia de control alguno sobre la pertenencia a dichas empresas de las personas beneficiarias de las ayudas pública, De hecho, el sistema orquestado permitió la inclusión de beneficiarios que nunca habían pertenecido a las empresas ayudadas por la Consejería de empleo.

El ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez Martínez, advirtió hasta en quince informes de las irregularidades, pero la Junta de Andalucía gobernada por el Partido Socialista Obrero Español no tomó medidas para el control sobre los procedimientos de concesión de subvenciones, ya que esta actividad era competencia de la Consejería de Empleo.

Otra consecuencia es que se produjeron desfases presupuestarios, es decir, que de manera reiterada se pagaron subvenciones del programa 31 L en cuantía superior al crédito que la Consejería de Empleo utilizaba para concesión . Por ello, la Consejería de Empleo comenzó a utilizar el sistema de pagos cruzados por el que en la misma partida incluía pagos de objetos diferentes.

Por el ello, el Grupo Municipal de VOX presenta la siguiente:

MOCIÓN

1. Que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza acuerda reprobar al Partido Socialista Obrero Español (PSOE} por su responsabilidad política en los hechos que han sido objeto de condena penal por la Audiencia Provincial de Sevilla en el denominado "caso de los ERE".
2. Que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza acuerda instar al Grupo Municipal Socialista a que, en nombre del partido Socialista Obrero Español (PSOE}, pida perdón a todos los Zaragozanos por la conducta del citado Partido amparando a los ex altos cargos socialistas condenados penalmente.
3. Que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza acuerda instar al Grupo Municipal Socialista a que, en nombre del Partido Socialista Obrero Español (PSOE}, se comprometa a la devolución a los andaluces del importe de 680 millones euros malversados por los ex altos cargos socialistas condenados.