Sesiones Plenarias

El pasado mes de febrero este pleno debatía, entre otras muchas cuestiones, acerca de la necesidad de mantener políticas de izquierdas en las Instituciones y en los Parlamentos, entendiendo que la reflexión y el respeto a los derechos personales debe situarse en la parte troncal de las actuaciones públicas.

No obstante, a veces la realidad actual supera límites que, algunos representantes de la ciudadanía que estamos en esta Corporación jamás hubiéramos imaginado.

Los avances conseguidos tras la llegada de la democracia se ven amenazados con una serie de políticos que ven como, aprovechándose de la desafección ciudadana con respecto a la política, a la que, hay que reconocer, todos los partidos hemos contribuido en mayor o menor medida, presentan propuestas trasnochadas que nos hacen volver, y especialmente a las mujeres, a épocas pre-democráticas.

En este sentido, declaraciones como las del líder del Partido Popular Pablo Casado deben hacernos reflexionar sobre el rumbo que estamos tomando como sociedad.

La ley de interrupción voluntaria del embarazo, de 1985, inició el camino despenalizando el aborto en los famosos tres supuestos: en caso de violación hasta las doce semanas de embarazo, en caso de grave riesgo para la salud física o psicológica de la madre y en casos de malformaciones de feto, en estos últimos supuestos hasta la semana 22 de la gestación. Todo un hito en las políticas sociales y de igualdad que acompañaba a la primera ley del divorcio de 1981, tras su fallido reconocimiento en la Segunda República.

Posteriormente, en julio de 201 O y recogiendo las peticiones del movimiento feminista, entra en vigor la norma actual, que permite el aborto de forma libre en las primeras 14 semanas de gestación, pudiéndose ampliar hasta las 22 si existe riego grave para la madre o el feto.

Todavía no estamos ante el aborto libre, como en otros Estados del entorno europeo y, sin embargo, el camino sigue estando lleno de obstáculos para las mujeres. La contestación social paralizó el intento del ministro Alberto Ruiz Gallardón de volver a penalizar el aborto en 2014, Se promovió para contentar al electorado conservador y su azarosa tramitación y posterior retirada después de tres años de debate acabó molestando a la izquierda, al centro y hasta a la derecha, concluyendo con la carrera política del Ministro, a quien el presidente Mariano Rajoy había encomendado esta tarea.

Ahora el joven líder de los populares, no solo plantea retomar el trabajo donde lo dejó el ministro dimitido, sino que su propuesta es retroceder 30 años en la historia de España atentando contra los derechos de las mujeres y mezclando argumentos al más puro estilo de las cartillas de puntos por hijos, de la época franquista.

Decir "si queremos financiar las pensiones y la salud debemos pensar en como tener más. niños y no en como los abortamos" es retrogrado, supone, como decimos coloquialmente "mezclar churras con merinas" y requiere del más amplio rechazo político. Querer penalizar el aborto supone desconocer totalmente la realidad, e iniciar un retroceso que ni las mujeres ni los partidos de izquierdas estamos dispuestos a consentir.

Los datos del Ministerio de Sanidad son claros, desde 2012 las interrupciones voluntarias del embarazo han descendido en España, de 113.419 en el primer año de aplicación de la ley hasta 94.123 en 2017.