Sesiones Plenarias

En el preámbulo de la constitución de 1978 se declara la voluntad de la Nación Española de "garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes". El artículo 1.1 considera como valores superiores del ordenamiento jurídico "la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político", de modo que en nuestro país se ha de asegurar que puedan convivir en libertad e igualdad personas de opiniones políticas y convicciones ideológicas muy diferentes, siempre que respeten los derechos y libertades de los demás y se muevan dentro del marco constitucional y legal. Los símbolos e instituciones nacionales reflejan quiénes somos; son expresión de la convivencia común de todos los ciudadanos a lo largo de la historia de España y nos identifican ante el resto del mundo. Representan la Nación como patria común e indivisible de todos los españoles, fomentan la adhesión emocional hacia nuestra patria y muestran su diversidad y riqueza cultural.

Tras la aprobación de la constitución, la bandera, el escudo y el himno nacionales tienen regulado su uso. La Ley 33/1981, que regula el uso de la bandera de España y otras enseñas, plasma la importancia de nuestro distintivo más conocido que simboliza la Nación: es signo de soberanía, independencia, unidad e integridad de la patria y representa los valores superiores recogidos en la constitución. Por la trascendencia que los símbolos nacionales y oficiales tienen en la sociedad, es necesario garantizar que las administraciones públicas mantengan la neutralidad institucional en su uso, puesto que están obligadas a ser objetivas y vincularse necesariamente a los principios de legalidad e interdicción de la arbitrariedad, tanto por mandato de la constitución como, en el caso de las entidades locales, por el artículo 6 de la Ley 7/1985 Reguladora de Bases del Régimen Local.

Las instituciones deben ser un lugar de encuentro y de debate de ideas, de todas las ideas, sean las que sean, y para ello es fundamental preservar la neutralidad, la objetividad y la imparcialidad. Los espacios públicos deben ser lugares de libertad y neutralidad, respetuosos con los valores y principios constitucionales, sitios para la convivencia de todos los españoles, para la concordia y no para la desunión.

Por estas razones, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente

MOCIÓN

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza resalta el valor fundamental de nuestros símbolos e instituciones constitucionales como máxima expresión de la convivencia plural y armónica en la unidad nacional de España y proclama el orgullo y el patrimonio común que constituyen su exhibición y su correcto funcionamiento.

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Nación a suplir el vacío normativo existente entre el reproche penal de las conductas de ultraje y el mandato legal que insta a las autoridades públicas a corregir las infracciones contra los símbolos representativos nacionales -también autonómicos, forales y locales­con la urgente aprobación de una norma de carácter general que proteja y garantice la neutralidad institucional del espacio público, como servicio público apropiado para el uso común que a todos corresponde, libre de imposiciones partidistas.

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza reafirma su defensa de las libertades de expresión y de manifestación al mismo tiempo que expresa la necesidad de preservar la labor de los representantes políticos elegidos democráticamente de presiones, amenazas e interferencias que persigan la alteración, vulneración o conculcación de su actividad ejerciendo acciones intimidatorias en los espacios institucionales o en el ámbito privado. Igualmente, en aras de la pacífica convivencia, reclama respeto por los resultados electorales de comicios celebrados con normalidad democrática y para todos los partidos políticos que acaten el ordenamiento jurídico, el orden constitucional y los Derechos Humanos.

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza acuerda dar traslado de esta moción a la Presidencia y Vicepresidencia del Gobierno, a la ministra de Política Territorial y Función Pública y a la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias