Orós exige al Gobierno de España que asuma urgentemente la atención de personas expulsadas a la calle pese a tener derecho a protección internacional

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La consejera de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marián Orós, denuncia la "difícil situación" que atraviesa la ciudad como consecuencia directa de la dejación de funciones del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de inmigración.

Orós ha anunciado la presentación de una moción en el Pleno Municipal para "reprobar la gestión migratoria del Gobierno de España y reclamar que asuma su responsabilidad y competencias, garantizando un modelo nacional que termine con el caos actual, responda con eficacia a las necesidades del país, las ciudades y las personas inmigrantes, y que deje de arrojar a las personas a la irregularidad, la exclusión social, la pobreza y el sinhogarismo". Del mismo modo, la moción exige al Ejecutivo central "que abandone la improvisación y deje de usar a los ayuntamientos para intentar esconder los problemas que ha creado su política migratoria".

En segundo lugar, la moción exige al Gobierno central "que habilite un fondo de recursos económicos, técnicos y humanos suficiente para asumir su responsabilidad de acogida, formación e inclusión sociolaboral de las personas solicitantes de asilo, así como incrementar las partidas de retorno voluntario; y, además, para que los municipios puedan atender adecuadamente a las personas en cuanto son expulsadas de los programas de ayuda humanitaria, asilo y protección". Asimismo, solicita la creación de mecanismos formales de coordinación, información y cooperación interadministrativa transparente que permitan una gestión conjunta, planificada y responsable de la realidad migratoria.

Desde 2017, la inmigración ilegal en España ha crecido un 130%, según datos del Ministerio del Interior. En 2024 han sido 63.970, de las cuales 46.843 han sido por la ruta canaria, esto es, han sido repartidas por España.

La tasa de reconocimiento de protección internacional en España es solo del 18,5%, mientras que la media europea es del 40%, según datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Esto significa que la inmensa mayoría de los solicitantes de asilo, tras unos meses, se quedan de forma irregular en España. Quienes no solicitan asilo, y son directamente irregulares, también son repartidos por la península bajo el programa de Ayuda Humanitaria, que deja en la calle a estas personas después de tres meses.

ENTORNO DEL CENTRO DE HISTORIAS Y PARQUE BRUIL

Orós, junto a técnicos de los servicios sociales municipales, realizó un recorrido por los alrededores del Centro de Historias y el entorno del Parque Bruil, la noche del jueves 5 de junio. Allí pudo comprobar la dura realidad que sufren muchas personas inmigrantes con derecho reconocido a protección internacional que, sin embargo, han sido expulsadas a la calle sin alternativa habitacional, salvo la ayuda ofrecida por el Ayuntamiento de Zaragoza y las entidades sociales.

"Invito a la ministra Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, a que cuando venga por la ciudad en esas visitas de promoción de fin de semana, me acompañe, que baje del coche oficial y mire a esas personas a los ojos, hable con ellas y compruebe que su gobierno está arrojando a estas personas al sinhogarismo y la pobreza", ha declarado Marian Orós.

"Hablan de dignidad y lo único que están haciendo es colocar a estas personas como si fueran paquetes por las ciudades sin recursos, sin idioma, sin futuro, con unos meses de parada y fonda y luego a la calle", ha añadido.

En el análisis in situ realizado por la consejera y el equipo de servicios sociales, se contabilizaron 61 personas durmiendo en la calle en ese entorno, muchas de las cuales proceden de los programas estatales de Protección Internacional y Ayuda Humanitaria. Entre ellas, 22 personas de Malí y Argelia pernoctaban en el Centro de Historias, 9 más en el Parque Bruil y 30 en los bajos y en bancos del andador Reina Ester, en este caso de diversas nacionalidades como España, Rumanía, Marruecos y varios países del África subsahariana.

En el propio Albergue Municipal se alojan actualmente 12 personas que tienen derecho a Protección Internacional. Además, los recursos de acogida de urgencia del Ayuntamiento, destinados a familias vulnerables, están atendiendo a 66 personas en situación de extrema fragilidad, solicitantes de asilo pendientes de asignación de plaza en entidades dependientes del Gobierno de España, muchas de ellas atrapadas en un limbo legal y social por la falta de alternativas del sistema estatal.

IMPACTO EN LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES

La situación, según detalla la consejera, se ha agravado a lo largo del año. Todas las alarmas saltaron a finales de marzo, cuando más de medio centenar de varones procedentes de Malí se concentraron en la Casa de las Culturas de Zaragoza tras ser informados por la entidad encargada de su acogida de que debían abandonar el recurso en el que estaban alojados.

Desde entonces, los servicios municipales han tenido que intensificar su intervención para atender una emergencia que no les corresponde. Entre el 1 de abril y el 15 de mayo, el Albergue Municipal ha atendido a 40 personas de origen subsahariano, 30 de ellas de Malí, todas pendientes de resolución de su solicitud de asilo. A pesar de tener derecho a estar acogidas en recursos estatales, estas personas han tenido que pernoctar en el Albergue o en sus inmediaciones, ante la total ausencia de respuesta del Gobierno de España.

La consejera ha explicado que la propia entidad encargada de la gestión de la fase 0 del programa de Protección Internacional le ha reconocido que el "sistema está colapsado y que no dispone de plazas ni capacidad para atender a estas personas". Sin embargo, según los datos del propio Ministerio, el grado de ocupación es del 89%, "lo que nos hace pensar que el ministerio les está obligando a bloquear plazas para traer a más personas", ha indicado Orós.

Para Orós, esta situación es la prueba más evidente de la "falta absoluta de planificación del Gobierno central y del abandono institucional al que se ven sometidas tanto las personas migrantes como las ciudades que, como Zaragoza, están siendo obligadas a asumir en solitario una presión asistencial que no les corresponde ni por competencias ni por recursos".

La consejera denuncia que esta dejación de funciones está generando un impacto "directo y devastador" sobre los servicios sociales municipales, que ya se encuentran saturados.

Orós recuerda que la competencia en materia de protección internacional y ayuda humanitaria es exclusiva del Gobierno de España, tal y como reconoce el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Por ello, considera inaceptable que el Ejecutivo de Pedro Sánchez esté descargando sobre los ayuntamientos una responsabilidad que no les corresponde, sin ofrecer ni medios ni financiación para hacerle frente.

"Zaragoza ha demostrado su compromiso con la atención a las personas migrantes y refugiadas, pero ese compromiso no puede suplantar indefinidamente las responsabilidades del Estado", concluye Orós. "No vamos a mirar hacia otro lado, pero tampoco vamos a asumir sin medios ni apoyo lo que el Gobierno de España no quiere o no sabe gestionar".

PLAN DE CHOQUE

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Zaragoza trabaja en un plan de choque para seguir reforzando el apoyo a las personas en situación de calle con medidas a corto y a medio plazo, para paliar esta situación.

La consejera Marian Orós ha avanzado algunas de las medidas urgentes de este plan. Una de ellas será la apertura de los nuevos espacios de emergencias que se van a construir con la reforma del Albergue Municipal, dotados con 40 plazas. También se mantendrán los pabellones prefabricados, que se han utilizado durante años en la emergencia de frío, para cuando resulten necesarios.

Por otro lado, el Albergue Municipal ampliará las plazas para mujeres, con 10 ó 15 plazas más, y se incorporarán dos pisos para jóvenes, con 8 plazas.