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El Gobierno de Zaragoza, comprometido en la lucha contra los paraísos fiscales y, dentro del marco normativo existente, impulsa un decreto que imposibilita a aquellas empresas que hayan sido condenadas por realizar actividades ilícitas en paraísos fiscales a contratar con el consistorio. Si esta condena fuera sobrevenida, sería motivo de rescisión de un contrato, al incluirse esta cláusula como esencial y causante de falta muy grave que podría motivar la resolución contractual.

De acuerdo con este decreto, se establece una cláusula - tipo para incluir en los pliegos administrativos que establece que:

• Las empresas que concurran a la licitación no podrán realizar operaciones financieras delictivas en paraísos fiscales (según la lista elaborada por instituciones europeas y/o el Estado español).
• Las empresas licitadoras suscribirán una Declaración de Compromiso de Responsabilidad Social Corporativa que tendrá por objeto el compromiso de no realización de prácticas vinculadas al fraude y evasión fiscal.
• En el supuesto de una vez formalizado un contrato público municipal se verifique la falsedad de la declaración de la empresa contratista, se considerará infracción muy grave con imposición de penalidades y/o en su caso resolución del contrato.

De acuerdo con este decreto también se faculta al Alcalde de Zaragoza para que comparezca en el procedimiento iniciado por el Pleno de las Cortes de Aragón recabado informe a la Junta Consultiva de Contratación de la Comunidad Autónoma de Aragón sobre los extremos que versan en la proposición no de Ley número 182/16 sobre paraísos fiscales en la contratación pública, a fin de que el informe solicitado sea trasladado a este Ayuntamiento, y a la vista del mismo, proceder a la redacción de nuevas cláusulas contractuales que excluyan de la contratación a empresas vinculadas a paraísos fiscales.

En la próxima reunión del Observatorio de la Contratación se dará cuenta de este decreto. En todo caso, se va a solicitar informe a la asesoría jurídica antes de su aprobación.

En la presentación del Decreto, el Consejero de Servicios Públicos y Personal y Presidente del Observatorio de la Contratación, Alberto Cubero, ha manifestado que ¿el Gobierno de Zaragoza se compromete con hechos y no sólo con palabras a luchar contra los paraísos fiscales, el fraude fiscal y el blanqueo de capitales obtenidos de la corrupción u otras actividades criminales¿. ¿Este decreto es un paso más en nuestra política de compra pública responsable que abandona los criterios economicistas de conceder los contratos a la oferta más barata y tiene muy en cuenta la responsabilidad social de las empresas¿, ha concluido.
Los paraísos fiscales forman parte fundamental de la economía global y permite que miles de multinacionales de todo el mundo las utilicen para no pagar impuestos. También permite que criminales que obtienen dinero de la corrupción, el tráfico de drogas o de armas depositen allí sus ingresos e incluso se sirvan de estos países para blanquear su dinero negro.

Actualmente, en torno a 7,6 billones de dólares se encuentran en paraísos fiscales, una cifra astronómica y que supera el PIB del Reino Unido y Alemania juntos. Una cifra que además no deja de crecer pues en los últimos 15 años la inversión hacia paraísos fiscales a nivel mundial se ha multiplicado por cuatro, evidenciando la hipocresía de gobiernos e instituciones internacionales que dicen luchar contra los paraísos fiscales pero en realidad los están protegiendo.

Las consecuencias para la población, especialmente la más pobre, son dramáticas. Se estima que los países dejan de recaudar 190.000 millones de dólares fruto de la evasión fiscal, de los cuales más de la mitad del fraude se genera en países empobrecidos. Esto hace que haya menos dinero para la sanidad o la educación pública o que los gobiernos suban los impuestos a las clases populares.

Los papeles de Panamá han puesto en evidencia una realidad que no tiene ninguna función económica más allá de permitir la evasión fiscal y el blanqueo de capitales procedentes de actividades criminales. Para hacernos una magnitud de esta realidad, solamente las 35 empresas del IBEX, poseen en el paraíso fiscal Delaware, en EEUU, 420 filiales. Sólo un edificio de una planta en Delaware tienen más empresas que todo el País Vasco (285.000 frente a 160.000).

El estado español pierde 8.250 millones al año por la evasión fiscal de las multinacionales, es decir, por el hecho de que estas grandes empresas paguen impuestos en un país donde no realizan la actividad que les genera los beneficios. Estos 8.250 millones serían ingresados por el estado español simplemente si estas grandes empresas tributasen lo mismo que pagan las pymes por sus beneficios (las pymes pagan un 16% de medio y las multinacionales un 5,3%).