14 marzo 2013

Zaragoza, primera ciudad de España en aprobar su Ordenanza de Transparencia y Libre Acceso a la Información

El Gobierno deroga la "ordenanza del botellón" y se establece un procedimiento sancionador único y reglado para las infracciones que se producen en el espacio público y que afectan a la convivencia La liquidación del Presupuesto Municipal de 2012 arroja un resultado ajustado positivo de 86,6 millones de euros, y un remanente de tesorería con saldo positivo de 13,4 millones de euros

Zaragoza, jueves, 14 de marzo de 2013.- El Gobierno de Zaragoza ha aprobado esta mañana el proyecto de la Ordenanza de Transparencia y Libre Acceso a la Información, con lo que Zaragoza se convierte en la primera de las grandes ciudades españolas que pone en marcha una ordenanza de estas características.

La Ordenanza persigue dar un tratamiento unitario a toda la información pública del Ayuntamiento, bajo los principios de publicidad de la información, publicidad activa, libre reutilización, acceso inmediato por medios electrónicos, y calidad de la información.

El principal objetivo de la Ordenanza se recoge en su artículo 1: "garantizar la transparencia en la actuación del Ayuntamiento de Zaragoza, así como el libre acceso a su información pública y la reutilización de la misma, estableciendo los medios necesarios para ello, que serán preferentemente electrónicos". Con este planteamiento, los principales aspectos que se recogen en la ordenanza de transparencia son:

El libre acceso a la información del sector público se contempla como un derecho básico, con todas sus consecuencias, y se pone en acción de manera efectiva. En este sentido, el carácter público de la información del Ayuntamiento de Zaragoza será la norma y no la excepción.

Se define un concepto único de información pública, que se aplicará en los distintos supuestos de acceso a la información que se contemplan en el ordenamiento jurídico: transparencia, acceso a los expedientes ya finalizados, reutilización de datos y normativa sobre archivos históricos.

Se dará un tratamiento unificado al conjunto de la información municipal, y se considera la reutilización de datos como un elemento fundamental sobre cualquier información pública, ya que la ordenanza defiende el uso intensivo de formatos estándar procesables por máquinas. Es decir: datos abiertos (open data).

La gestión de la información pública se hará de forma que cada dato o documento sea único, compartido, accesible, abierto, ubicado geográficamente y asociado a descriptores semánticos para posibilitar su reutilización por terceros. La ordenanza apuesta por una información de calidad para impulsar que, en estos tiempos de crisis, empresas y emprendedores puedan utilizar libremente estos datos para realizar aplicaciones y generar empleo.

La ordenanza obliga a abrir los datos públicos también como una forma de ahorro económico mediante la reutilización de datos dentro del Ayuntamiento, con otras administraciones y con reutilizadores privados. Con ello se mejorará la eficiencia en la gestión, la rendición de cuentas y la transparencia.

La principal herramienta para la gestión de la transparencia municipal es el Portal Web del Ayuntamiento, uno de los más prestigiosos de España. Hace aproximadamente dos meses que se puso en marcha el portal de "Gobierno Abierto", al que ya se han incorporado aportaciones tan importantes como el Observatorio de Estadística Municipal, o las encuestas ciudadanas.

La tramitación prevista para la Ordenanza de la Transparencia es la de aprobación inicial en el Pleno, la apertura del plazo de información pública para presentar alegaciones y la aprobación definitiva, de modo que pueda entrar en vigor antes del próximo verano.

DEROGACIÓN DE LA "ORDENANZA DEL BOTELLÓN"

El Gobierno ha aprobado el proyecto de la nueva Ordenanza que regula el procedimiento sancionador y la modificación de las ordenanzas de limpieza pública, uso de zonas verdes y de actividades publicitarias en el ámbito urbano. Esto conlleva la derogación de la ordenanza para la Protección del Espacio Urbano, más conocida como "Ordenanza del Botellón".

Con ello, se lleva a cabo la unificación y homogeneización, en una sola ordenanza, del procedimiento sancionador de las infracciones que se producen en la calle, y que afectan a la convivencia y al comportamiento de los ciudadanos en el espacio público, así como la modificación de las distintas ordenanzas municipales que regulan esa actividad y convivencia, para que el régimen de sanciones y su aplicación sea el mismo.

Las ordenanzas que se modifican son la de Limpieza Pública, la de Uso de Zonas Verdes y la de Actividades Publicitarias en el Ámbito Urbano. El nuevo contenido de sus artículos integra los que hasta ahora estaban recogidos en la "Ordenanza del Botellón", por lo que su incidencia sobre la convivencia ciudadana se va a mantener como hasta ahora.

Respecto a la nueva Ordenanza que regula el procedimiento para ejercer la potestad sancionadora, además de unificar los distintos procedimientos y tipología de las sanciones que hasta ahora estaban dispersos y sin armonizar entre sí, presenta una serie de novedades importantes, entre las que destacan las siguientes:

  • Establece cuáles son las conductas punibles, quiénes son los responsables y cuál es el procedimiento sancionador.
  • Se califican las infracciones (leves, graves y muy graves) y su graduación (grado mínimo, medio y máximo) en función de criterios concretos y específicos.
  • Se unifican las sanciones, se establecen rebajas del 40% de su importe por pago inmediato y del 20% del importe si se paga antes de la resolución. Además, se rebajan sensiblemente las cuantías de las multas (el máximo pasa de 1.500 a 750 euros para las faltas muy graves).
  • Se regula la sustitución de la multa por otras medidas reeducadoras y ejemplarizantes (asistencia a charlas y cursos, actuaciones sociales y comunitarias, realización de trabajos en beneficio de la comunidad) para menores de 21 años y mayores sin recursos (en paro, sin independencia económica, etc.).
  • Para las infracciones leves, se establece la posibilidad del "requerimiento del cese de la conducta" del infractor por parte de la Policía Local, que evita la formulación de la denuncia.
  • Con todo ello, se avanza en la armonización de la normativa municipal, se unifican criterios y procedimientos administrativos y se fomenta la adecuada convivencia y utilización de los espacios públicos par parte de la ciudadanía.

    LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2012

    Finalmente, se ha dado cuenta al Gobierno de la Liquidación del Presupuesto municipal de 2012, que, tal como se recoge en el informe del Interventor, ha arrojado un resultado ajustado positivo de 86,6 millones de euros y un remanente de Tesorería con saldo positivo de 13,4 millones de euros.

    Así, pues, el resultado presupuestario ofrece un superávit inicial de aproximadamente 74,5 millones de euros, en los cuales están incluidos 56 millones de euros correspondientes a los créditos ICO destinados a pagar facturas que se encontraban reconocidas como pendientes de pago en el presupuesto del año 2011.

    Por ello, el resultado presupuestario quedaría reducido a un superávit de 18 millones de euros, de los cuales más de 12 millones de euros corresponden al ahorro que se ha producido por la supresión de la paga extra de diciembre a todos los empleados municipales, incluidos el equipo de gobierno y los altos cargos (a los que en principio no les afectaba la medida). En consecuencia, sin esta cantidad correspondiente a la paga extra, se estaría contemplando un superávit inicial de aproximadamente 6 millones de euros. Aunque después de los ajustes, al aplicar las desviaciones por la financiación afectada (ingresos que se han recibido, pero que no se han gastado en su totalidad) hay que añadir 12 millones más, de acuerdo con el informe del Interventor general. En definitiva, el resultado final son los 18 millones de euros de superávit.

    De la liquidación del Presupuesto Municipal de 2012 se desprende que el remanente de tesorería para gastos generales es de aproximadamente 13,4 millones de euros, después de destinar 4,5 millones de euros para gastos de financiación afectada. Si se hubiera abonado la paga extraordinaria, esta cantidad sería de 1,4 millones de euros.

    También se realiza una previsión de morosidad de alrededor de 23,6 millones de euros, a la que se añaden otros 30 millones aproximadamente correspondientes a cobros pendientes de recibir por venta de suelo, que a corto plazo y en las circunstancias económicas actuales se prevén de difícil ejecución.

    Hay que señalar que estos datos corresponden al resultado presupuestario estrictamente del Ayuntamiento de Zaragoza, no del presupuesto consolidado, es decir, con las sociedades y organismos autónomos municipales, con los que se calcula el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria.

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