Sesiones Plenarias

Fue un 28 de junio de 1969 cuando, por primera vez en la Historia, lesbianas, gais, personas trans y bisexuales se enfrentaron al mundo y dijeron basta a los abusos que sufrían por parte de las autoridades en el ya mítico local Stonewall lnn de Nueva York.

Mucho se ha avanzado desde entonces en el reconocimiento de los derechos de las personas con una orientación sexual, una identidad o expresión de género, o unas características sexuales no mayoritarias. El movimiento LGTBI de nuestro país se encuentra a la vanguardia y sirve de modelo para muchos países de nuestro entorno. Sin embargo, esta crisis del COVID-19 ha puesto en evidencia las numerosas lagunas que todavía persisten para lograr una plena igualdad.

Debido a la discriminación social y laboral que afecta a las personas LGTBI, algunos sectores de este colectivo se encontraban ya antes de la crisis sanitaria en situaciones de precariedad económica y social o en grave riesgo de caer en ella. Es el caso, por ejemplo, de personas mayores sin entornos familiares, de las mujeres trans, de jóvenes expulsados de sus hogares, o de personas migrantes y solicitantes de asilo. Estas situaciones se han visto agravadas por el cierre forzoso de la actividad económica y la imposibilidad de romper el confinamiento para la búsqueda de recursos.

Según el Ministerio de Igualdad, los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género han aumentado un 8,6% respecto a 2018. Algunas organizaciones alertan que hay indicios de un aumento de delitos de odio y violencias por orientación sexual e identidad de género también por las redes sociales. Este aumento de ciberacoso LGTBI fóbico parece tener una explicación al incrementarse, por un lado, el uso de las redes sociales y por otro, el aislamiento de las víctimas potenciales. El acoso por orientación sexual o identidad de género es uno de los más extendidos en el ámbito escolar y también en el cibernético.

Por otra parte, las organizaciones LGTBI también han registrado un repunte de los problemas en el ámbito del hogar familiar por parte de adolescentes y jóvenes LGTBI cuya orientación sexual, identidad o expresión de género no es aceptada por parte de su familia. La "vuelta al armario", elegida u obligada, se ha convertido en una alternativa de seguridad para muchas personas jóvenes.

Otro problema grave es que muchas de las organizaciones que atienden las necesidades de la población LGTBI ven peligrar su supervivencia y, por tanto, el desarrollo de los proyectos. El reconocimiento del trabajo de las organizaciones del tercer sector es fundamental para afrontar la salida de esta crisis y la nueva situación socio~económica que se planteará en un futuro inmediato.

Todo esto y mucho más ha aflorado durante el estado de alarma. Discriminaciones preexistentes se han sumado a las complicaciones de la crisis sanitaria y económica para multiplicar ese contexto de desigualdad.

Actualmente los derechos de las personas trans a su identidad libremente autodeterminada y a las políticas públicas que los hagan efectivos sin discriminación alguna han sido recogidos en las legislaciones de trece Comunidades Autónomas por amplias mayorías parlamentarias, incluso por unanimidad en el caso de Aragón y su Ley 4/2018, de 19 de abril, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación.

Dichas leyes, pese a su desigual implementación, avanzan en todos los casos hacia el aseguramiento efectivo de tales derechos dentro de los límites competenciales de cada Comunidad.

Sin embargo, además de las carencias en aquellas Comunidades que no han legislado sobre tales derechos, las competencias exclusivas del Estado en materia registra! y en el resto de materias de su competencia hacen imposible el cumplimiento del derecho de las personas trans a su libre autodeterminación de género mientras no se promulgue una ley estatal que la contemple, con las consecuencias legales y vitales que ello acarrea para miles de personas.

Este Orgullo es más necesario que nunca y conviene recordar que la igualdad de trato y la igualdad ante la ley de las personas independientemente de su orientación sexual o identidad de género son derechos fundamentales reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que todas las instituciones están llamadas a garantizarlos.

Por todo ello el Grupo Municipal de Podemos presenta para su debate y aprobación en pleno el siguiente:

ACUERDO

1. El Ayuntamiento de Zaragoza muestra su apoyo y agradecimiento a las organizaciones LGTBI, así como a todas las iniciativas que se vienen desarrollando en la ciudad para conseguir una sociedad más libre, más justa y más democrática.
2. El Ayuntamiento de Zaragoza condena cualquier tipo de agresión, tanto física como verbal, hacia las personas LGTBI.
3. El Ayuntamiento de Zaragoza reafirma su compromiso con los derechos de las personas lesbianas, gais, trans y bisexuales, continuando con el desarrollo de actuaciones para la sensibilización y prevención contra las violencias y los delitos de odio, además de promover la información, sensibilización y concienciación que hagan de nuestra ciudad un espacio seguro para la diversidad.
4. El Ayuntamiento de Zaragoza reconoce el sufrimiento causado a las personas trans por la violencia sistemática y la vulneración de derechos, y expresa sus disculpas oficiales a la comunidad trans.
5. El Ayuntamiento de Zaragoza, con los principios unánimemente reconocidos en Aragón por la Ley 4/2018, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación, instan al Gobierno de España a la inmediata tramitación de un Proyecto de Ley Trans estatal en la que se reconozca la libre autodeterminación de género con la inclusión de personas no binarias, menores y personas migrantes.