Sesiones Plenarias

En el mes de diciembre de 2019, el grupo municipal VOX presentó una moción en la · que en esencia se solicitaba que los servicios del Área de Presidencia, Hacienda e Interior realizaran una valoración pormenorizada del coste de las competencias delegadas e impropias que ejerce el Ayuntamiento de Zaragoza, así como de aquellas otras que tienen la consideración de propias y en particular las que tienen carácter asistencial o de servicio público (educativas, servicios sociales, juventud, fomento del empleo...}, pero que también son prestadas en todo o en parte por otras administraciones públicas y en particular por el Gobierno de Aragón. Aquella moción fue aprobada, aunque no hay constancia de que se haya llevado a cabo el estudio que se solicitaba.

A lo largo del año transcurrido de la actual Corporación se ha debatido mucho, a instancia la mayoría de las veces del grupo municipal VOX, sobre la conveniencia de mantener muchas de las competencias impropias, distintas de las propias y de las atribuidas por delegación, y más en la delicada situación económica en la que se encuentra el Ayuntamiento de Zaragoza y en general el conjunto de las administraciones públicas españolas, fuertemente deficitarias.

Es más, nuestro grupo tiene serias dudas de que las competencias que la Ley de Capitalidad de Zaragoza atribuye a nuestro Ayuntamiento con el impreciso mandato "podrá ejercer'', lo hayan sido mediante la técnica legislativa adecuada y cumpliendo las condiciones previstas en el artículo 25 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.

En concreto, tenemos serias dudas de que la conocida como Ley de Capitalidad de Zaragoza haya evaluado durante su tramitación de manera suficiente, tal y como exige el artículo 25.3 de .la LRBRL, la conveniencia de la implantación de los servicios loc.ales que propone conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, y más teniendo en cuenta que los que propone, atribuye o permite ejercer al Ayuntamiento de Zaragoza son otros distintos de los enumerados en el artículo 25.1 de la LRBRL. Y nada permite suponer que la atribución de otras competencias distintas de esas haya de quedar al margen de las exigencias normativas del art. 25.3.

Tenemos serias dudas de que la citada Ley haya ido acompañada durante su tramitación de una memoria económica que refleje el impacto sobre los recursos financieros del Ayuntamiento y el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia de los servicios o las actividades que atribuye como competencias propias, tal como dispone el artículo 25.4 de la LRBRL.

Igualmente, tenemos serias dudas de que la Ley de Capitalidad previera para esas atribuciones de competencias la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera del Ayuntamiento de Zaragoza sin que ello pudiera conllevar, en ningún caso, un mayor gasto de las Administraciones Públicas.

Y finalmente, tenemos serias dudas de que se haya garantizado, tal y como exige el art. 25.5 de la LRBRL, que no se produce una atribución simultánea de las mismas competencias a otra Administración Pública, ya que concretamente muchas de ellas ya se están ejerciendo de manera simultánea por el propio Gobierno de Aragón (entre otras administraciones más).

Ya en su momento, 13 de febrero de 2014, se realizó por parte del Ayuntamiento un estudio de "Evaluación de la afectación de la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, a los servicios prestados por el Ayuntamiento de Zaragoza", del que pueden extraerse algunos ejemplos. El de la cooperación al desarrollo sería uno de ellos, sobre el que ya hemos debatido reiteradamente en el Pleno. El estudio se realizó entonces con los datos de 2012, es decir, de hace ocho años. Los resultados son tremendamente reveladores:

Las transferencias y subvenciones de cooperación internacional al desarrollo (caps. 4 y 7) ascendieron entonces a 2.801.450 euros. Los gastos de personal (4 empleados públicos) fueron 170.652 euros y la suma de los gastos en bienes corrientes y servicios ascendió a 33.065 euros directamente imputados a esa competencia. Es decir, los gastos directos sumaron la cantidad de 3.005.167 euros. O lo que es lo mismo, por cada 100 euros de ayudas concedidas por el Ayuntamiento, pagados por todos los ciudadanos, hubo que gastar 7 euros adicionales en concepto de gestión directa.

Pero si imputamos, como se hizo en ese estudio, los costes indirectos (material de oficina, electricidad, calefacción, limpieza, y todos aquellos necesarios para mantener una estructura administrativa en funcionamiento), éstos ascendieron a 922.587 euros. Los gastos totales de la cooperación internacional al desarrollo sumaban entonces (año 2012) la cantidad de 3.927.754 euros. Es decir, por cada 100 euros efectivos de ayuda, de los que una parte sustancial iría destinada a los gastos de las ONGs implicadas (basta con ver los sueldos autoasignados de los propios directivos y trabajadores de esas ONGs), el Ayuntamiento hubo de pagar 40 euros adicionales.

Todos esos gastos salieron, y salen, del bolsillo de los ciudadanos, que a su vez pagan unas estructuras similares, dedicadas a ejercer las mismas competencias, en la Diputación Provincial de Zaragoza (1.131.169 euros en 2019, que salen mayoritariamente de los impuestos que se recaudan en la ciudad de Zaragoza), Gobierno de Aragón y Gobierno de la Nación.

El mantenimiento de esas competencias, que ya están siendo ejercidas por otras administraciones con las que el Ayuntamiento solapa estructuras y duplica gastos debiera reconsiderarse a la luz de esos datos, que deberían ser actualizados. Eso es lo que pedimos hace casi un año, lo que se aprobó en este Pleno y todavía no se ha cumplido.

A todo ello, una vez realizado el estudio que proponemos, habría que unir la renegociación de la financiación de aquellas otras competencias delegadas y que no han sido adecuadamente dotadas por parte de la Administración delegante.

Por todo ello se presenta la siguiente

MOCIÓN

Instar al Gobierno municipal para que por los serv1c1os dependientes del Área de Presidencia, Hacienda e Interior se realice una valoración pormenorizada del coste de aquellas competencias que tienen la consideración · de propias pese a que se están ejerciendo por otras Administraciones en abierta contradicción con el artículo 25.5 de la LRBRL-, así como de las delegadas, especialmente de las que ya se dispone de indicios de la insuficiencia de su financiación, y finalmente de las impropias, es decir, distintas de las propias o atribuidas por gación, e incumplimiento de la moción aprobada por el Pleno del Ayuntamiento e Zaragoza el día 2 de diciembre de 2019.