Sesiones Plenarias

Los barrios rurales son entidades singulares que no se pueden equiparar a las Juntas de Distrito Municipales. En ellos habitan en torno a 32.000 personas que poseen mismos derechos que los vecinos y vecinas de la "Zaragoza consolidada". Su realidad, idiosincrasia, necesidades específicas y el hecho de ser núcleos de población separada de nuestra ciudad, los situaría, de hecho, más próximos a lo que en nuestra legislación de régimen local tanto estatal como autonómica han denominado tradicionalmente como "entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio" o "entidad local menor".

Esta consideración se adaptaría de manera más clara a sus características y haría que no se conceptualizaran como meros órganos desconcentrados del Municipio en el que radican, en este caso Zaragoza, sino que les otorgaría la condición de entidades locales con elementos análogos a las demás, es decir, además del territorio, la población y la organización, el actuar como personas jurídicas públicas independientes con plena capacidad para el ejercicio de sus atribuciones y, entre ellas, muy particularmente, la administración de sus bienes y de su patrimonio.

Por contra la realidad en nuestra ciudad es bien diferente. A la falta de autonomía suficiente para la gestión de los asuntos que les son propios, se une la insuficiencia y no operatividad de las 49 competencias desconcentradas delegadas existentes en la actualidad, y el hecho de que no se cuenta con los alcaldes y alcaldesas de los barrios rurales y sus órganos de gobierno en multitud de aspectos fundamentales para su calidad de vida y su desarrollo (instalación de empresas, industrias y/o servicios, nuevas instalaciones y/o servicios municipales, realización del obras ... );

Es por todo ello que, independientemente de la posibilidad real de su consideración como tales entidades locales menores, deba avanzarse en la delegación de las competencias desconcentradas hacía los mismos y hacia el reconocimiento y potenciación de sus órganos propios, en concreto la Alcaldía y la Junta Vecinal (Reglamento de Órganos Territoriales y Participación Ciudadana, artículo 29 y siguientes), profundizando en su autonomía en la gestión.

En este sentido hace ya nueve meses, el Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad una moción donde proponía, entre otras cuestiones, darle más relevancia y mayores competencias al cargo de alcaldes y alcaldesas de los barrios rurales.

Pasado este periodo desde la aprobación de esta moción podemos decir que no se ha avanzado nada en todo ello si no que por contra se ha perdido democracia y participación en la elección de los alcaldes y alcaldesas y se está asistiendo a problemas con la ejecución de obras imprescindibles para los barrios.

Por todo lo cual presentamos la siguiente

MOCIÓN

1. El Pleno del Ayuntamiento de la ciudad insta al gobierno para que tome las medidas oportunas para la puesta en marcha de la moción aprobada Pedimos que se haga efectiva la moción aprobada por unanimidad en el Pleno de octubre de 2019, especialmente en lo referente al reconocimiento y potenciación de la figura del alcalde de barrio, y la descentralización efectiva de competencias y recursos.
2. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a comenzar las gestiones necesarias para iniciar el proceso para delegar las Competencias Desconcentradas en las Juntas Vecinales con la finalidad de que puedan adaptarse a la realidad de nuestros barrios rurales.
3. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a tomar las medidas oportunas para que exista representación de los alcaldes y alcaldesas de los barrios rurales en el Consejo de Ciudad como una parte más de la representación de la corporación.
4. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a tomar las medidas oportunas para que los alcaldes y alcaldesas de los barrios rurales puedan formar parte de los ejes sectoriales correspondientes del modelo organizativo de la Comarca Central de Zaragoza.
5. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a tomar las medidas oportunas para participar en las decisiones correspondientes sobre usos y reglamentos de espacios municipales que afecten a los barrios rurales.